Los “nuevos actores” de Cuba: ¿apertura económica o reconversión de la élite?

La arquitectura del poder económico en Cuba sugiere que las reformas anunciadas por el régimen son una vía para legitimar a las élites que ya controlan el país.

La plataforma “Soberanía” y los medios oficiales del régimen cubano han publicado una actualización de las 176 “Transformaciones Económicas y Sociales” aprobadas entre el 17 y el 18 de junio por el Comité Central del Partido Comunista (PCC), y la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). En sus redes sociales, el primer ministro Manuel Marrero Cruz las presentó señalando que “es importante que nuestro pueblo las conozca para que participe activamente en su implementación y control”.

Cuando Miguel Díaz-Canel anunció el 12 de junio ese nuevo paquete de medidas, argumentando que Cuba buscaría “nuevas modalidades” y “nuevos actores” para su economía, no explicó quiénes serían esos actores. La pregunta, aparentemente técnica, es en realidad política y tiene un peso esencial para que, como pide Marrero Cruz, el pueblo cubano conozca lo que con esas transformaciones se intenta hacer. Responder a esa pregunta es un paso imprescindible para saber si estas reformas redistribuyen el poder económico en la isla o simplemente lo reciclan. Para responderla hay que entender primero la estructura que el régimen no nombra.

GAESA, el poder que no figura en los documentos

El Grupo de Administración Empresarial, conocido como GAESA, es el conglomerado económico-militar que domina la economía cubana. No tiene página web, no publica estados financieros y ni la Asamblea Nacional ni la Contraloría General pueden auditarlo. Pese a ello, concentra aproximadamente el 40% del PIB de la isla a través de sus filiales.

El economista Pavel Vidal, en un análisis publicado por Columbia Law School, precisa la magnitud de ese grupo: con ganancias brutas sobre ventas representan cerca del 37% del PIB cubano, sus exportaciones de bienes y servicios equivalen al 34% del total nacional, y sus ingresos son 3.2 veces mayores que los del presupuesto del Estado. El conglomerado posee, además, reservas líquidas en dólares estimadas en más de 14.4 mil millones de dólares, mientras el Estado en cuyo nombre actúa no tiene divisas para importar medicamentos ni combustible. El propio Vidal concluye que esto confirma la existencia de “dos gobiernos paralelos” en Cuba: uno público, limitado y expuesto a la crisis, y el otro oculto, opaco y con acceso privilegiado al grueso de las divisas nacionales.

GAESA no paga impuestos al Estado ni transfiere dividendos al presupuesto. Y el nuevo paquete de reformas aprobado en junio tampoco lo menciona, igual que ocurrió con el programa económico presentado en octubre de 2025. La omisión no es accidental.

La red que nadie ve

Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group, ha descrito a GAESA como “un pulpo que se ha adueñado de la economía cubana en casi todos sus sectores rentables durante los últimos 15 años”. Su expansión no fue orgánica ni transparente, sino un movimiento deliberado para poner en unas pocas manos invisibles el control de la economía cubana: en 2006, cuando Fidel Castro cayó enfermo, GAESA era una empresa relativamente pequeña. Pero en 2008, con la llegada de Raúl Castro al poder, inició una absorción sistemática de los activos más rentables del Estado, incluyendo CIMEX en 2010 y luego ETECSA, el monopolio de telecomunicaciones en la isla.

Al hacerse con CIMEX, GAESA incorporó también su red internacional de empresas en paraísos fiscales: corporaciones en Panamá, negocios inmobiliarios, exportación e importación, comercio mayorista. La estructura era opaca desde su propio diseño: “Puede que los accionistas de una empresa sean otra empresa, y esa sea otra empresa: una cadena de empresas para no llegar realmente al dueño real. Y al final te encuentras con un nombre que ponen ahí como testaferro”, explica Morales. Entre sus tentáculos documentados están CIMEX Panamá, fundada en 1978, y Fincimex, que han administrado durante años los flujos internacionales de capital, las remesas y el procesamiento de tarjetas de crédito.

El poder dentro de GAESA está concentrado en no más de 15 personas del entorno familiar y militar de Raúl Castro, ninguna de ellas es una figura pública. Cada empresa tiene asignado un informático, un contador y un oficial de contrainteligencia para supervisar la parte contable. Juan Antonio Blanco, presidente de la plataforma académica Cuba Siglo 21, lo formula sin rodeos: “GAESA se reservó para un grupito de élite de la familia Castro y los más allegados".

Los “nuevos actores” y la apariencia de apertura

El medio centenar de hoteles que han quedado sin gestores tras la retirada de Meliá, Iberostar, Blue Diamond y Archipelago International son, en su gran mayoría, propiedad de Gaviota, la filial turística de GAESA. Las cadenas extranjeras se han ido porque las sanciones de la administración Trump hicieron insostenible su presencia en el país. Sin embargo, el propietario de los activos no ha cambiado, lo que se abre es la gestión.

La pregunta que el régimen no responde, y que Díaz-Canel eludió al hablar de “actores que no son los que han estado tradicionalmente en estos espacios” es quiénes serán esos gestores. La arquitectura que GAESA construyó durante tres décadas, con su red de empresas offshore, sus cadenas de testaferros y su opacidad estructural, ofrece el vehículo perfecto para que personas vinculadas al núcleo del poder en Cuba accedan a esa gestión bajo la apariencia de una apertura al sector privado.

Cuando el régimen autoriza la inversión en la isla de cubanos emigrados, lo que hace es amplificar esta posibilidad. Pues una parte importante de la diáspora con capacidad para invertir en la isla, y con intención de hacerlo en las actuales circunstancias, son antiguos cuadros del sistema, familiares de las élites y personas que mantienen vínculos de confianza con el aparato.

La medida se presenta como un gesto de reconciliación con la diáspora, como apertura al sector privado, como liberación de las fuerzas productivas; pero sin transparencia, sin registros mercantiles accesibles ni mecanismos independientes de auditoría, funciona como una vía para recapitalizar estructuras que el régimen controla, no solo aprovechándose de los recursos y la ingenuidad de aquellos a quienes el propio sistema expulsó, sino también blanqueando los recursos que esa élite acaparó durante la expansión de GAESA y reprodujo en el exterior mientras el país se hundía en la peor crisis de su historia.

Una transición postcomunista a la cubana

El proceso tiene analogías con las transiciones postcomunistas del Este europeo, donde sectores de la nomenklatura se convirtieron en élites económicas gracias a su acceso privilegiado a información, redes y activos estatales durante las privatizaciones de los años noventa. Las actuales transformaciones de Cuba tienen, sin embargo, una particularidad que hace a este proceso más extremo: en la isla no ha habido una transición política que cambie mínimamente las reglas del juego. El mismo grupo que acumuló el poder bajo la bandera del socialismo aspira ahora a legitimarse como clase empresarial bajo una apertura que ellos mismos diseñan, controlan y no se sienten obligados a transparentar.

Emilio Morales lo sintetizó al describir la economía cubana con una frase que el régimen nunca ha podido desmentir: “Hay dos estados en Cuba: uno que maneja negocios y transacciones en dólares, controlado por el Ejército, y un estado administrativo que administra el lado improductivo de la economía”. Las reformas de junio de 2026, tal como están planteadas, lejos de cambiar esa dualidad, la fortalecen.

La pregunta esencial que esas reformas obligan a hacerse no es si habrá “nuevos actores” gestionando los hoteles vacíos de Gaviota, ni si entrarán a la isla McDonald's y Burger King, sino si esos actores podrán operar con garantías legales y con independencia real de las élites que siguen siendo los dueños de casi todo lo que hay en Cuba.

Otra pregunta, no menos esencial, va más allá de lo económico y toca el núcleo político de la crisis cubana: quiénes son los responsables de esa crisis y qué mecanismos existen para obligarlos a asumir su responsabilidad por el daño que han hecho. Esas preguntas, aunque Marrero Cruz no las formule, son un elemento central de esa participación activa y de ese control a los que el primer ministro del régimen ha convocado al pueblo.