La Federación de Mujeres Cubanas recibe reconocimiento de las Naciones Unidas mientras Cuba registra 35 feminicidios en 2026

El Fondo de Población de las Naciones Unidas celebró la reapertura de una consejería para sobrevivientes de violencia de género, en un contexto marcado por feminicidios, falta de cifras oficiales y ausencia de rendición pública.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) acompañó a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y celebró la reinauguración de la Consejería Nacional en La Habana, presentada como un espacio de atención a sobrevivientes de violencia de género y sus familias.

En redes sociales, la oficina cubana del Fondo de Población de las Naciones Unidas afirmó: “Fortalecer los espacios de protección y respuesta a la violencia de género en Cuba es una prioridad”.

La reapertura fue presentada como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), una política estatal que el régimen cubano promueve como eje de protección y promoción de derechos. Sin embargo, el acto ocurre mientras el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) registra decenas de feminicidios en el país durante 2026.

La FMC y el contraste con los feminicidios

La FMC recibió respaldo público durante el acto por parte de autoridades nacionales y representantes del sistema de Naciones Unidas. Según el reporte del Noticiero de la Televisión Cubana, Paula Narváez, directora regional de UNFPA, valoró el Programa para el Adelanto de las Mujeres y señaló que este “ocurre en un escenario de contingencia que impacta en la vida cotidiana de las mujeres cubanas”.

Ese escenario, sin embargo, no solo implica sobrecarga de cuidados o pérdida de autonomía económica. También incluye feminicidios, ausencia de refugios públicos, falta de protocolos de búsqueda y protección, y una institucionalidad que no publica cifras oficiales completas sobre estos crímenes. En Cuba, los datos verificables dependen casi exclusivamente de observatorios independientes.

OGAT: 35 feminicidios hasta mediados de junio de 2026

OGAT ha contabilizado, hasta el 15 de junio de 2026, un total de 35 feminicidios, 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contexto de violencia feminicida. El observatorio también mantiene bajo investigación otros posibles casos reportados entre 2025 y 2026.

Las cifras independientes contrastan con el discurso oficialista sobre protección. La FMC no publica un registro transparente de feminicidios ni ofrece información sistemática sobre casos, territorios, agresores, antecedentes de violencia o posibles fallos institucionales previos. Esa ausencia impide medir el alcance real del problema y limita la posibilidad de evaluar las políticas públicas.

Fondos de Canadá y falta de rendición pública

El proyecto encabezado por la FMC cuenta con financiamiento del Gobierno de Canadá y apoyo de la Embajada de Canadá en La Habana. La iniciativa, prevista por cinco años, tiene una contribución máxima de 3 millones de dólares canadienses.

Aunque el financiamiento fue anunciado como apoyo estratégico para reducir el impacto de la violencia sexual y de género, no existe información pública suficiente para evaluar de forma independiente cuánto se ha ejecutado. Tampoco se conocen con claridad los resultados concretos alcanzados ni los mecanismos usados para medir la eficacia de los servicios coordinados por instituciones estatales.

Sin datos públicos no hay protección verificable

La violencia contra las mujeres y las niñas no puede abordarse solo mediante actos institucionales o reconocimientos públicos. La protección efectiva exige estadísticas accesibles, protocolos claros, evaluación de impacto, refugios, servicios sujetos a supervisión independiente y garantías para denunciar sin miedo. También requiere que los fondos internacionales destinados a programas de atención sean auditables y estén sujetos a control público.

Este acto de respaldo contrasta con el aumento de la violencia documentada por organizaciones independientes. Mientras la FMC recibe reconocimiento y financiamiento, las familias de las víctimas siguen sin una respuesta estatal transparente y las mujeres en riesgo continúan dependiendo de redes informales, denuncias comunitarias y observatorios independientes. Muchos de esos esfuerzos trabajan, además, bajo restricciones impuestas por el propio régimen.