Continúa en Cuba la criminalización de las mujeres que participan en la política

Según la plataforma Justicia 11J, tras el estallido social de julio de 2021, 74 mujeres continúan en detención y de ellas 67 ya han sido juzgadas.

El régimen cubano continúa sus acciones represivas contra las mujeres que han decidido ejercer su derecho a participar en la política de su país, a través de los destierros, los arrestos arbitrarios, el acoso a familiares, y de largas sanciones penales.

En los últimos días, y a través de denuncias de familiares en redes sociales y gracias al trabajo de Justicia 11J, Cubalex y medios de prensa independientes, el observatorio de Alas Tensas ha registrado nuevos hechos coercitivos contra mujeres cubanas.

En el caso de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, Michael Valladares, esposo de María Cristina, ha denunciado el pasado 10 de marzo que se enfrentan a una condena de 7 y 3 años respectivamente.

Ambas fueron detenidas el 12 de julio tras participar en las manifestaciones del 11J en Quivicán. En el caso de María Cristina, y luego del violento arresto, su familia no tuvo noticias de ella hasta pasados 18 días.

En enero, cuando se celebró el juicio de Cristina, su esposo relató al medio Radio Martí que el régimen se había basado en falsos y contradictorios testimonios de agentes de la policía y de otras personas que fungieron supuestamente como testigos.

En entrevista también para Radio Martí, Luis Rodríguez, esposo de Angélica, afirmó que el supuesto atentado del que se les acusa “radica en que, cuando las introducen en el auto, que las llevan para la PNR, como ahí no hay testigos, tres o cuatro ‘mastodontes’ de 220 libras contra ellas dos de 110 libras, a Angélica le tuercen los dedos hacia atrás […] provocándole fractura”.

“A María Cristina le empujan la cabeza con las manos hasta pegarle la cabeza con los pies dentro del auto, parece que para que no gritaran -tenían miedo de que ellas alzaran su voz- y en una de esas acciones de tortura, se le salta un botón de la camisa a uno de los oficiales y bueno, por ese botón son los tres años (para Angélica)”, dijo Rodríguez.

Ambas se encuentran recluidas en la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana.

Por otro lado, el 9 de marzo, el opositor Ángel Moya posteó en su perfil de Facebook, una actualización sobre la situación de la Dama de Blanco, Tania Echavarría, a quien la fiscalía pide una sanción de 7 años de prisión solo por participar en el estallido social del 11J.

Según Moya los delitos que se le imputan son los de Desorden Público y Desacato.

El propio 9 de marzo se realizó la vista oral de apelación en el Tribunal de Colón contra Echavarría y otros dos opositores: Lerislandi Puente y Francisco Rangel, ambos miembros del PDPLB.

Echavarría se encuentra bajo un régimen de prisión domiciliaria.

El 15 de febrero, el equipo de Justicia 11J denunció en su página de Facebook las condenas de cárcel a las que habían sido sometidas una veintena de personas entre 18 y 59 años de edad en la provincia de Holguín, por participar también en las protestas de julio.

Según el registro de Justicia 11J entre los acusados se encuentran dos mujeres: Jessica Lisbeth Torres Calvo y Keyla Roxana Mulet Calderón.

Sobre Torres Calvo, de 27 años y madre de un niño, esta plataforma de monitoreo ha dicho que “con una petición fiscal de 27 años, Torres Calvo fue sentenciada este 14 de febrero a 15 años de privación de libertad. La joven fue conducida a prisión sin previa notificación, a pesar de que la sentencia ratificaba la medida cautelar de libertad bajo fianza para ella hasta que se hiciese firme la sentencia, después de presentar recurso de apelación o casación”.

En el caso de Keyla Roxana Mulet Calderón, una joven de 17 años, ha sido sentenciada a 5 años de limitación de libertad y pesaba sobre ella una petición fiscal de 15 años.

A la hora de condenar a los manifestantes del 11 y 12 de julio, el régimen no ha mirado la situación personal ni penal de los enjuiciados. Por ejemplo, Lisandra Felgueira González, una ciudadana cubana de 34 años de edad, que se integró a las protestas del reparto Juanelo, ubicado en San Miguel del Padrón, ha sido condenada, en un juicio sumario a un año de cárcel, pese a ser madre de 4 niños menores de edad que dependen completamente de ella.

Los hijos de Lisandra, inmersos en una situación de precariedad, y al cuidado de una abuela de 80 años, se convierten de este modo en víctimas directas de la represión del Estado Cubano.

Otro ejemplo es el de Yudinela Castro, madre del menor de edad y preso político, Rowland Castillo, quien es una paciente de cáncer que estuvo detenida por más de 10 días en Villa Marista.

Sin acceso a sus medicamentos, según denunció el activista Tata Poet, Yudinela no solo enfrentó el dolor de un hijo injustamente preso, sino también todo el acoso y la tortura de un régimen abusador.

Aunque el 10 de marzo a Yudinela se le hizo un cambio de medida cautelar, aún se encuentra bajo investigación por un presunto delito de Desacato.

Ante la presión de la sociedad civil y de las activistas el régimen ha optado por reducir las condenas de algunas de las enjuiciadas. Sin embargo, aún nos alarma que tras el estallido social y según Justicia 11J, 74 mujeres continúen en detención y que de ellas, 67 ya han sido juzgadas con altas condenas.