El régimen cubano irrumpe con orden de registro en una vivienda vinculada a El4tico
El4tico, proyecto audiovisual para redes sociales, está integrado por jóvenes como Ernesto Medina y Kamil Zayas. Sus contenidos cuestionan el discurso oficial.
La irrupción, este 6 de febrero, de fuerzas de la Seguridad del Estado en una vivienda vinculada a El4tico, procede como un mecanismo de intimidación política, y marca un nuevo episodio de hostigamiento contra las voces críticas en la isla.
Bajo este pretexto, los agentes procedieron a la intervención de dispositivos electrónicos y documentos, en un intento por cortar las vías de transmisión de contenido independiente.
Estas operaciones no son hechos aislados, sino tácticas diseñadas para sembrar el miedo en el entorno más cercano de los activistas, demostrando que para el gobierno cubano, la frontera entre la legalidad judicial y la represión política es prácticamente inexistente cuando se trata de silenciar el alcance de las redes sociales.
Irrumpir en espacios privados vinculados a figuras de alta influencia digital como El4tico, no es solo para confiscar equipos, sino desarticular los nodos de comunicación que escapan al control oficial.
Orden de registro: mecanismo de intimidación política
El4tico se describe a sí mismo, como “un espacio disidente dentro de Cuba”, que solo en Instagram cuenta con más de 50 mil seguidores. Sus contenidos se filman desde una habitación pequeña convertida en set, con una estética mínima y simbólica.
Varios jóvenes integran este proyecto del El4tico, entre ellos Ernesto Medina y Kamil Zayas. Sus mensajes apuntan al núcleo del discurso oficial, con análisis sociales y políticos. Una de los leitmotivs más recientes, fue “El partido no es Cuba”, en rechazo al monopolio de poder del Partido Comunista.
Este registro arbitrario —del que hasta el momento no se ha confirmado si hubo detenidos o decomiso de equipos— se inscribe en un patrón más amplio de criminalización del pensamiento disidente en Cuba, donde expresar opiniones contrarias al discurso oficial puede derivar en amenazas, intimidación, procesos penales o prisión.
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