Amanda Beatriz, del proyecto “Fuera de la Caja”, denuncia presiones de la Seguridad del Estado contra su familia

La joven influencer cubana asegura que agentes del régimen visitaron el centro de trabajo de su padre para advertirle sobre el contenido crítico que ella publica en redes sociales.

La joven cubana Amanda Beatriz Andrés Navarro, integrante del proyecto digital “Fuera de la Caja”, denunció este 10 de marzo que agentes de la Seguridad del Estado se presentaron en el centro de trabajo de su padre para presionarlo por el activismo político y el contenido crítico contra el régimen que ella difunde en redes sociales.

Según relató el padre de la joven en un audio enviado para alertarla a ella y a los demás integrantes del proyecto, los funcionarios le advirtieron que los jóvenes “estaban cometiendo delitos, incitando al desorden constitucional y a delinquir”, y que podrían enfrentar prisión si continuaban con sus publicaciones.

Durante el encuentro, los agentes también los acusaron de relacionarse con “contrarrevolucionarios”, mencionando a otros jóvenes activistas críticos del Gobierno.

El padre de Amanda tiene además otro hijo vinculado al proyecto, Abel Alejandro Andrés Navarro, quien también forma parte del grupo de creadores de contenido.

Un proyecto juvenil de análisis político y social

“Fuera de la Caja” es un proyecto digital creado en La Habana por cuatro jóvenes —Amanda Beatriz Andrés Navarro, Abel Alejandro Andrés Navarro, Mauro Reigos Pérez y Karel Daniel Hernández Bosques— que utilizan las redes sociales para analizar y debatir la realidad política y social de Cuba.

Sus contenidos abordan temas como la situación económica del país, la falta de libertades políticas y las condiciones de vida de los ciudadanos en la isla.

Presiones contra activistas y creadores de contenido

La denuncia se produce en un contexto de creciente presión contra activistas, periodistas independientes y creadores de contenido en Cuba.

Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado el uso frecuente de citaciones policiales, interrogatorios, vigilancia y presiones contra familiares como mecanismos para intentar frenar el activismo cívico y las críticas al Gobierno.

Según observatorios independientes de derechos humanos, más de 1.000 personas permanecen encarceladas en Cuba por motivos políticos, muchas de ellas detenidas tras participar en protestas o expresar opiniones críticas contra las autoridades.