Atentado terrorista en Valle del Cauca agrava la violencia en el suroeste de Colombia
La detonación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana dejó decenas de personas heridas, entre ellas menores de edad, según autoridades locales.
Al menos 20 personas murieron y cerca de 36 resultaron heridas tras la detonación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana, a la altura del sector de El Túnel, en Cajibío, Cauca. El ataque ocurrió el sábado 25 de abril y afectó a un autobús y a otros vehículos que transitaban por una carretera clave para la movilidad entre Cali, Popayán y el sur de Colombia.
El balance de víctimas cambió durante la jornada. Inicialmente, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, informó en X que el ataque dejaba “siete civiles muertos y más de 17 heridos”. Horas después, el propio gobernador actualizó el balance de víctimas a 20 personas fallecidas: 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad; 36 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en UCI, y 5 menores de edad que se encuentran fuera de peligro.
Autoridades señalan a disidencias de las FARC
El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, calificó el hecho como “un acto terrorista”. También lo atribuyó a estructuras vinculadas con alias Iván Mordisco y con la estructura Jaime Martínez, una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016.
El presidente Gustavo Petro señaló a alias Marlon como responsable de la ofensiva armada en Cauca y Valle del Cauca. En una publicación en X, realizada cuando aún se manejaba un balance preliminar, escribió:
“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar”.
Petro anunció además que buscará llevar ante la Corte Penal Internacional a los jefes de estas estructuras. El Gobierno ofreció una recompensa de 5.000 millones de pesos por información que permita la captura de alias Marlon, señalado por las autoridades como cabecilla de las disidencias en la región.
Una escalada de ataques en Cauca, Valle del Cauca y Nariño
El atentado en Cajibío ocurrió en medio de una secuencia de ataques en el suroeste colombiano. En las horas previas, las autoridades reportaron acciones con explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en el Valle del Cauca, sin víctimas mortales en esos casos. También se registraron otros hechos de violencia armada en zonas del Cauca y Nariño, departamentos con presencia de grupos armados ilegales.
El atentado en Cajibío ocurrió en medio de una secuencia de ataques en el suroeste colombiano.
“Durante estos dos días en el Valle del Cauca se han presentado 26 acciones criminales, terroristas, que solo han afectado a nuestra población civil”, dijo el general López tras un consejo de seguridad en Cali, encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. La declaración forma parte del balance oficial sobre la escalada de ataques en el suroeste del país.
Tras la explosión, las personas heridas fueron trasladadas a centros hospitalarios, mientras equipos de seguridad y emergencia trabajaban en un corredor vial afectado por daños materiales y restricciones de tránsito. Las Fuerzas Militares informaron que realizan sobrevuelos y acciones de control para verificar la posible presencia de otros artefactos explosivos en la zona.
La población civil, principal afectada por la escalada armada
La Defensoría del Pueblo pidió a los grupos armados que operan en la región “cesar de inmediato” los ataques. El llamado se produjo después de una jornada con víctimas mortales, personas heridas y comunidades expuestas a nuevos riesgos por la circulación de explosivos en espacios de uso civil.
El Cauca y el Valle del Cauca son territorios disputados por grupos armados ilegales debido a su conexión con economías ilícitas y rutas hacia el puerto de Buenaventura, según autoridades colombianas. Esa disputa territorial expone a comunidades rurales, pueblos indígenas, transportistas y habitantes de corredores viales a confinamientos, amenazas, reclutamiento, ataques indiscriminados y restricciones de movilidad.
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