Cuidar sin derechos: la precariedad estructural del trabajo doméstico

El trabajo doméstico, esencial para la vida cotidiana, sigue siendo un sector invisibilizado y desprotegido que, en Cuba, se desarrolla sin un marco legal específico y con limitaciones en la protección social.

Cada 30 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad de las Trabajadoras del Hogar, una jornada que reconoce un trabajo esencial para la vida cotidiana: limpiar, cocinar y cuidar de niñas, niños, personas mayores y otras personas en situación de dependencia. Sin embargo, más allá de la conmemoración, persiste una realidad estructural: el trabajo doméstico sigue siendo un sector históricamente invisibilizado y precarizado.

A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que existen 75,6 millones de personas trabajadoras domésticas. De ellas, el 76,2% son mujeres, lo que evidencia la feminización del sector. Esta no es casual, sino resultado de una división sexual del trabajo que sigue asignando a las mujeres las tareas de cuidado. En este contexto, 11 millones trabajan fuera de sus países de origen, y una parte significativa está expuesta a formas de explotación extrema: el 24% del trabajo forzado en la economía privada ocurre en el ámbito doméstico.

La distribución regional confirma la magnitud del fenómeno, pero también sus desigualdades. Asia-Pacífico concentra más de la mitad del sector, seguida por América y África. La informalidad es el rasgo predominante: ocho de cada diez trabajadoras domésticas están fuera de cualquier marco legal. En regiones como los Estados Árabes, esta cifra alcanza el 96%. No se trata solo de empleo precario, sino de desprotección sistemática.

Solo una de cada cinco personas en este sector cuenta con cobertura efectiva, y menos de la mitad de las mujeres accede a licencias de maternidad.

Los salarios reflejan esta desigualdad: el trabajo doméstico se remunera, en promedio, un 56,4% por debajo del resto de los empleos. En el caso de las mujeres, la brecha es aún mayor. A esto se suman jornadas extendidas, sin límites claros, que desdibujan la frontera entre trabajo y disponibilidad permanente.

La seguridad social tampoco es un derecho garantizado. Solo una de cada cinco personas en este sector cuenta con cobertura efectiva, y menos de la mitad de las mujeres accede a licencias de maternidad. En un ámbito donde el cuidado es la actividad central, quienes cuidan siguen siendo desprotegidas.

El Convenio 189 de la OIT representa un intento de revertir estas condiciones al establecer estándares mínimos de trabajo digno. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado. La resistencia a reconocer el hogar como espacio laboral continúa siendo una de las principales barreras para la garantía de derechos.

América Latina: avances parciales, desigualdades persistentes

Algunos países han avanzado en la formalización del sector. Uruguay destaca por sus niveles de afiliación a sistemas de pensiones y la reducción de la subdeclaración. Sin embargo, incluso en contextos regulatorios más sólidos, la precariedad persiste. En Italia, más de la mitad de las trabajadoras domésticas continúa en la informalidad, mientras que en España el sector depende en gran medida de mujeres migrantes, lo que introduce nuevas capas de vulnerabilidad.

Las iniciativas internacionales han generado avances, pero resultan limitadas frente a la magnitud del problema. Millones de trabajadoras han visto mejoras en sus derechos, mientras persisten condiciones estructurales como bajos salarios, jornadas extensas, violencia y acoso.

Cuba: invisibilización histórica y ausencia de reconocimiento

En Cuba, el trabajo doméstico ha estado marcado por la invisibilización y desvalorización. Tras 1959, desapareció del discurso público, en un contexto donde la narrativa oficial asumía que la igualdad de género estaba resuelta. En la práctica, las tareas de cuidado continuaron recayendo sobre las mujeres, sin reconocimiento económico ni jurídico.

Hasta la fecha, el Estado cubano no ha ratificado el Convenio 189 de la OIT, que establece estándares para garantizar condiciones laborales dignas, incluyendo salario mínimo y protección social.

Clasificado como trabajo por cuenta propia, carece de garantías básicas de protección social y de mecanismos efectivos de defensa ante abusos laborales.

Hoy, el sector sigue sin un marco legal específico. Clasificado como trabajo por cuenta propia, carece de garantías básicas de protección social y de mecanismos efectivos de defensa ante abusos laborales. Expresiones como “la señora que limpia” o “la señora que cuida” reflejan la ausencia de reconocimiento como categoría laboral con derechos propios.

Las cifras oficiales muestran un sector altamente feminizado, pero no reflejan la magnitud de la informalidad en la que se desarrolla. Actualmente, se registran 12.785 personas trabajadoras domésticas, de las cuales el 88,5% son mujeres. La contratación suele producirse en condiciones de escasa regulación, y los despidos injustificados carecen, en la práctica, de mecanismos efectivos de reclamación.

La crisis económica ha profundizado estas condiciones. El pago en especie, la inestabilidad y las prácticas discriminatorias forman parte de la realidad cotidiana de muchas trabajadoras domésticas. El acceso al empleo sigue mediado por prejuicios relacionados con la raza, la orientación sexual y el origen territorial.

El contraste con los marcos internacionales no solo evidencia una brecha normativa, sino también política. Reconocer el trabajo doméstico como trabajo —con derechos, protección y dignidad— sigue siendo una deuda pendiente.

Sin ese reconocimiento, el sistema de cuidados descansa sobre una base de desigualdad. Cuando quienes sostienen la vida cotidiana lo hacen sin derechos, lo que se reproduce no es solo precariedad, sino una forma persistente de injusticia.