EE.UU. exige a Santa Lucía cortar vínculos médicos con Cuba

El primer ministro de Santa Lucía advierte que su sistema sanitario colapsaría ante la prohibición de formar médicos en La Habana.

La administración estadounidense intensifica su presión para impedir la presencia de médicos cubanos en el Caribe. Esta semana, Washington exigió a Santa Lucía que suspenda el envío de sus ciudadanos a estudiar medicina en Cuba, una medida que el primer ministro Philip J. Pierre calificó como un golpe crítico para un sistema de salud que ya opera al borde de sus capacidades.

“Tengo un gran problema. Muchos de nuestros médicos se formaron en Cuba y ahora Estados Unidos ha dicho que ya no podemos hacerlo, lo que aumenta la presión sobre un sector sanitario ya de por sí sobrecargado”, declaró Pierre durante el Segundo Congreso Mundial sobre Disparidades Raciales y Étnicas en Salud, celebrado en Castries.

La declaración del mandatario santalucense pone de manifiesto una realidad común para varios países insulares del Caribe: la mayoría de sus médicos estudiaron en instituciones cubanas. Esta dependencia histórica, que en el caso de Santa Lucía se remonta a 1979, está hoy en el centro de una estrategia geopolítica estadounidense dirigida a cortar las fuentes de divisas del régimen de Díaz-Canel.

Las brigadas médicas cubanas bajo escrutinio

Las brigadas médicas cubanas han sido calificadas por organizaciones internacionales como esquemas de esclavitud moderna, argumentando que La Habana retiene entre el 75 y el 95% de los salarios que los países anfitriones abonan a estos profesionales. La propia administración cubana admitió en octubre de 2025 la confiscación parcial de esos salarios.

Recientemente, la embajada de Estados Unidos en Barbados denunció que los médicos cubanos enfrentan condiciones inadmisibles de explotación laboral, que incluyen la retención de salarios, la confiscación de sus pasaportes y la separación familiar forzosa, así como injustas restricciones de movimiento mediante toques de queda y un sistema de vigilancia estricta, intimidación y amenazas, además de presiones para falsificar registros médicos y fabricar procedimientos.

Estas “misiones médicas” son una de las principales fuentes de ingresos para Cuba. Los informes del Departamento de Estado sobre trata de personas estiman que La Habana obtiene entre 6000 y 8000 millones de dólares anuales por tales servicios. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información cubana (ONEI), entre 2018 y 2020 estas exportaciones representaron más del 40% de las ventas externas del país.

Cortar el financiamiento al régimen cubano

La estrategia estadounidense está produciendo resultados tangibles. A mediados de enero, Antigua y Barbuda anunció la contratación de 120 enfermeros de Ghana para reemplazar a los profesionales cubanos. Bahamas, por su parte, suspendió en junio de 2025 sus contratos con la agencia de empleo cubana. En ambos casos, los gobiernos habían defendido estas misiones como imprescindibles para la supervivencia de sus sistemas sanitarios.

Pierre mismo había afirmado en marzo que la estructura sanitaria de Santa Lucía colapsaría sin la presencia cubana. Por su parte, el presidente del congreso santalucense, Sir Cato Laurencin, un cirujano ortopédico y académico residente en Estados Unidos, sugirió que el país podría buscar soluciones alternativas en su diáspora. Señaló que hay médicos de origen santalucense dispuestos a participar en el desarrollo del sistema hospitalario del país, explicó, mencionando iniciativas vinculadas a la Universidad de Connecticut como posibles modelos.

La presión sobre la exportación de los servicios médicos cubanos se enmarca dentro de una estrategia más amplia que incluye la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, donde amenaza con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.