Cuba envejece sin red: el Estado abre los cuidados a particulares en medio de una crisis estructural

El Acuerdo 10249 permite residencias privadas para adultos mayores, pero no corrige el deterioro estructural del sistema de cuidados ni las carencias materiales y el abandono que atraviesa la vejez en la isla.

El envejecimiento poblacional en Cuba ha dejado de ser una proyección demográfica para convertirse en una urgencia social. El propio régimen lo reconoce al autorizar, mediante el Acuerdo 10249 de 2025 del Consejo de Ministros, la creación de servicios privados de cuidados para personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

La norma, publicada en la Gaceta Oficial, permite que actores económicos no estatales gestionen residencias de cuidados diurnos, permanentes o mixtos, en respuesta explícita al “acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana”.

El dato demográfico respalda esa afirmación. El vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Juan Carlos Alfonso Faga, informó que la población del país se sitúa hoy en poco más de 9,7 millones de personas, frente a los más de 11 millones que se mantuvieron durante años. Solo en 2024, Cuba perdió alrededor de 300 000 habitantes, cifra que podría incluso ser mayor actualmente. 

Qué autoriza exactamente el Acuerdo 10249 

La norma establece el marco legal para que particulares, cooperativas y otros actores no estatales ofrezcan servicios de cuidado. El estado conserva un rol central como regulador: el Ministerio de Salud Pública define los requisitos sanitarios, capacita y acredita a los cuidadores, y controla el funcionamiento de las residencias. Además, ningún emprendimiento puede operar sin el aval previo del Director General de Salud municipal.

La norma establece el marco legal para que particulares, cooperativas y otros actores no estatales ofrezcan servicios de cuidado.

El Ministerio de Finanzas y Precios fija las tarifas, define los costos de los cursos obligatorios y puede otorgar incentivos fiscales. La Asistencia Social asume el pago total o parcial del servicio cuando la persona beneficiaria no puede costearlo, aunque el propio texto aclara que esto se hará “de forma excepcional”.

Los particulares, por su parte, deben financiar íntegramente la operación, pagar su capacitación obligatoria y reservar al menos un 10% de sus plazas para personas en situación de vulnerabilidad, cobrando por ellas la tarifa estatal reducida de casas de abuelos u hogares de ancianos.

Una solución legal en un contexto material adverso

La regulación reconoce una realidad que el sistema público ya no logra cubrir. En 2021, el país contaba con 300 casas de abuelos con 10 258 plazas, 157 hogares de ancianos con 12 561 camas y poco más de 3 500 plazas de atención diurna. Capacidades claramente insuficientes en un país donde alrededor del 15% de las personas mayores vive sola, según datos del Centro de Estudios de Convivencia, think tank independiente en Cuba.

La norma, sin embargo, no responde a preguntas básicas que atraviesan la vida cotidiana en la isla: con qué capital inicial se abrirán estas residencias, cómo se sostendrán en un contexto de escasez crónica de alimentos, medicamentos, insumos y divisas, y quién podrá acceder realmente a estos servicios.

Cuidar sigue siendo una tarea feminizada

El debate sobre los cuidados vuelve a colocar en el centro una realidad persistente: quienes cuidan son mayoritariamente mujeres. La socióloga Helen Ochoa Calvo, en declaraciones a Radio Martí, explicó que el éxodo actual se diferencia de olas migratorias anteriores por su carácter altamente feminizado, por lo cual esto también influye en la desprotección a la tercera edad en Cuba.

El debate sobre los cuidados vuelve a colocar en el centro una realidad persistente: quienes cuidan son mayoritariamente mujeres.

“Cuando quien migra es la mujer, los vínculos y la organización en el hogar de origen se transforman de manera muy distinta a cuando lo hace el hombre”, subraya. Esta transformación deja a muchas personas mayores sin su principal sostén cotidiano, profundizando el aislamiento y la desprotección.

Lo que dicen los informes: abandono y precariedad

El diagnóstico de organizaciones independientes es aún más severo. Según Cuido60, “alrededor del 89% de las personas mayores de 70 años indican que afrontan altos riesgos de aislamiento y olvido”. El informe añade:

 “Lamentablemente, las autoridades no han reconocido la situación de abandono generalizado que afrontan las personas mayores y tampoco aceptan que dicha problemática ha surgido de la acumulación de diversas irregularidades que afectan negativamente la vejez de la isla”.

A ello se suma la inseguridad alimentaria. De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (2025) citados por Cuido60, el 52,89% de los hogares en situación de inseguridad alimentaria tiene al menos una persona mayor de 60 años, lo que evidencia el impacto directo de la crisis sobre este grupo etario.

Entre el reconocimiento y la insuficiencia

El acuerdo 10249 representa un reconocimiento oficial de la crisis de cuidados y evita que esta actividad continúe moviéndose únicamente en la informalidad. Sin embargo, también expone sus límites: el estado regula, pero no garantiza las condiciones materiales; autoriza, pero no resuelve la precariedad estructural que define hoy la vejez en Cuba.

El estado regula, pero no garantiza las condiciones materiales; autoriza, pero no resuelve la precariedad estructural que define hoy la vejez en Cuba.

En un país donde en paralelo se criminaliza a activistas y miembros de la sociedad civil que intentan llevar comida o ropa a personas mayores en situación de abandono, la apertura a residencias privadas aparece más como un parche legal que como una política integral de cuidado. La vejez, en Cuba, sigue llegando sin red suficiente.