España aprueba una regularización extraordinaria que podría beneficiar a medio millón de inmigrantes

La medida está dirigida principalmente a personas extranjeras que llevan tiempo viviendo en España pero no han podido regularizar su situación.

El Consejo de Ministros de España aprobó este martes 27 de enero de 2026 un Real Decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. La medida, impulsada por vía reglamentaria urgente, permitirá que más de medio millón de personas puedan obtener permisos de residencia y trabajo.

¿A quiénes beneficiará?

Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la medida está dirigida principalmente a personas extranjeras que ya llevan tiempo en España pero han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización. Esto incluye a quienes tienen solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo previstas en la legislación vigente.

La regularización se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Requisitos para solicitar la regularización

Para acogerse a este proceso extraordinario, los solicitantes deberán cumplir los siguientes criterios:

1. Fecha de entrada en España: Haber llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025.
2. Permanencia mínima: Acreditar una estancia continuada de al menos cinco meses antes de esa fecha. Para los solicitantes de protección internacional, bastará con demostrar que presentaron su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025.
3. Antecedentes penales: Carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.

Los interesados podrán acreditar su permanencia en España mediante documentación pública o privada, incluyendo certificados de empadronamiento, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

Uno de los pilares del proyecto es la protección de la unidad familiar. El proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que se encuentren en España. En este caso, el permiso tendrá una vigencia de cinco años. “Sabemos que la integración no es individual, es familiar”, destacó la ministra Saiz durante la presentación de la medida.

Características de la autorización

Los beneficiarios de la regularización obtendrán una autorización de residencia legal con las siguientes características:

• Vigencia inicial: Un año.
• Derecho al trabajo: La autorización habilitará para trabajar en todo el territorio español y en cualquier sector económico.
• Trabajo durante la tramitación: Con la mera admisión a trámite de la solicitud, que se resolverá en un máximo de 15 días, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.
• Plazo de tramitación: Máximo de tres meses.

Transcurrido el año de vigencia inicial, las personas regularizadas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, “lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema”, según explicó la ministra.

Además, se suspenderán los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos que pesen sobre los solicitantes.

Plazos para presentar solicitudes

Según lo anunciado por el Gobierno, las solicitudes podrán presentarse a partir de principios de abril de 2026, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del Real Decreto. El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

El texto de la regularización ya se encuentra en audiencia pública para recabar aportaciones antes de su aplicación definitiva.

Justificación de la medida

La ministra Elma Saiz justificó la regularización argumentando que “cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado”.

El Gobierno sostiene que esta medida beneficiará tanto a los trabajadores como a las empresas: “El trabajador gana derechos y el empresario gana seguridad jurídica. Con esta medida estoy convencida de que reduciremos la economía sumergida y ayudaremos a romper el círculo de explotación laboral”, afirmó Saiz.

Antecedentes históricos

España no es ajena a este tipo de procesos. Desde 1986, gobiernos de distintos colores políticos han recurrido a regularizaciones extraordinarias cuando la realidad social así lo ha exigido.

Los principales antecedentes son:

• 1991-1992: Primera regularización bajo un gobierno socialista, que benefició a 108.321 personas.
• 1996: Proceso durante el Gobierno del Partido Popular, con 21.294 personas regularizadas de 25.128 solicitudes.
• 2000: Se aprobaron 163.352 solicitudes de un total de 244.327 presentadas.
• 2001: Denominada “regularización por arraigo”, benefició a 239.174 inmigrantes de más de 350.000 solicitudes.
• 2005: Última regularización extraordinaria, realizada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que regularizó a aproximadamente 690.000 inmigrantes.

Han transcurrido casi 20 años desde la última regularización extraordinaria en España.

Contexto político

El Real Decreto surge tras un acuerdo entre el Gobierno y la formación política Podemos, que había impulsado esta medida durante meses. La iniciativa también cuenta con el respaldo de entidades sociales y religiosas como Cáritas, CEAL y el Servicio Jesuita a Migrantes, que habían presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 700.000 firmas.

La ILP original proponía la regularización de inmigrantes hasta el 31 de diciembre de 2024, pero el acuerdo final amplió el plazo en un año.

Al tratarse de un Real Decreto y no de un Real Decreto-ley, la medida no necesita convalidación en el Congreso de los Diputados, lo que agiliza su implementación.

Según estimaciones citadas por diversos estudios, en España hay más de 840.000 personas en situación irregular. El Gobierno estima que este proceso de regularización podría beneficiar a más de medio millón de ellas.

La medida busca garantizar derechos, reducir la inseguridad jurídica y facilitar una integración social y laboral real de personas que ya forman parte del tejido social y económico español.