Jacuzzis y autos de lujo: empresas en Miami sostienen al régimen cubano bajo licencias “humanitarias”

El régimen cubano abastece sus tiendas en divisas con bienes importados desde Miami y sigue atribuyendo la escasez estructural del sistema al “bloqueo yanqui”.

Entre 2022 y 2024, el Departamento de Comercio de Estados Unidos otorgó a empresas radicadas en el Condado de Miami-Dade decenas de licencias de exportación hacia Cuba por un valor autorizado que, sumadas, supera los 7000 millones de dólares. Las licencias fueron concedidas bajo la figura de excepciones humanitarias al embargo, que exigen que los bienes se destinen a satisfacer las necesidades del pueblo cubano y prohíben expresamente que beneficien al régimen de La Habana.

Pero los documentos que sustentan esas licencias —ahora de acceso público— revelan que entre los destinatarios finales aprobados figuran el Grupo de Administración Empresarial (GAESA) de las Fuerzas Armadas cubanas, el Grupo Palco del Consejo de Estado, una docena de importadoras ministeriales del régimen y, en un caso, una empresa vinculada al comandante Guillermo García Frías.

Los documentos son públicos desde finales de enero de 2026 y pueden consultarse en el portal de transparencia de la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade. Su publicación responde a una presión política y judicial acumulada en los últimos meses, que confluye con la Orden Ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026.

Dariel Fernández y la orden ejecutiva de Trump

La historia comienza en 2025, cuando Dariel Fernández asumió como Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade. Emigrante cubano, Fernández decidió auditar las licencias de negocio local de las 75 empresas del condado que operaban con Cuba. La Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida es el instrumento legal que le permite revocar sus licencias a aquellos negocios que violen la legislación federal. De las 75 empresas notificadas, 20 han visto sus licencias comerciales revocadas al no poder demostrar que cumplen con la normativa federal.

La tormenta se intensificó el 13 de enero de 2026, cuando el Departamento de Comercio confirmó por escrito la revocación de las licencias federales de exportación a dos empresas radicadas en la Florida: Katapulk Marketplace, propiedad del empresario cubanoamericano Hugo Cancio, y Maravana Cargo, de Alejandro Martínez Pardo. El motivo, en ambos casos, fue haber exportado vehículos en un número superior al autorizado.

Días después, el 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva que declara al régimen cubano “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos” e instruye a las agencias federales a endurecer la aplicación de las restricciones sobre Cuba.

Fue esa orden la que llevó a la Oficina del Recaudador de Miami-Dade a crear el repositorio de transparencia y a publicar en él once expedientes que contienen las licencias de exportación y la correspondencia con las empresas. El resultado es un archivo documental sin precedentes sobre el comercio entre Miami y La Habana.

Las excepciones humanitarias al comercio con Cuba

El embargo estadounidense a Cuba, codificado en la Ley Helms-Burton de 1996, prohíbe en términos generales el comercio con la isla. Sin embargo, el sistema ha acumulado con los años un conjunto de excepciones que permiten la exportación de alimentos, medicamentos y bienes de consumo esenciales con fines humanitarios. Las principales son la Licencia AGR para productos agrícolas, la excepción Support for the Cuban People (SCP) y la excepción Gift Parcels and Humanitarian Donations (GFT).

La gestión de estas excepciones recae sobre dos organismos: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que administra las sanciones financieras, y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), que emite las licencias de exportación. Todas las licencias analizadas fueron otorgadas por el BIS.

El talón de Aquiles del sistema reside en que Cuba carece de un sector privado de distribución a gran escala. El Estado es, inevitablemente, el intermediario entre la importación y la distribución al consumidor final. Las licencias intentan resolver esta contradicción imponiendo condiciones contractuales: las empresas estatales cubanas que actúen como consignatarias intermedias “deben proporcionar los artículos para el uso final y beneficio del pueblo cubano”. Pero nadie verifica que eso ocurra una vez la mercancía entra en el sistema de distribución estatal cubano.

Las empresas de Miami-Dade que respondieron a las notificaciones del Recaudador alegan que sus operaciones están plenamente amparadas por esas licencias generales y excepciones. Y tienen razón en que el marco legal se lo permite. El problema, sin embargo, es lo que los documentos revelan sobre quiénes son en realidad los beneficiarios.

El conglomerado militar GAESA

GAESA, conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas (FAR), controla entre el 60% y el 80% de la economía formal de la isla, incluyendo el turismo, el comercio minorista en divisas, las importaciones estratégicas, la construcción y las telecomunicaciones. Es, en la práctica, un Estado dentro del Estado. Los documentos de Miami-Dade evidencian que múltiples entidades del GAESA son “usuarios finales aprobados” o “consignatarios intermedios” en las licencias de exportación. La relación es extensa y sistemática:

CIMEX es la cadena de tiendas en moneda libremente convertible del GAESA. Opera supermercados, gasolineras y casas de cambio. Todo lo que vende lo cobra en divisas, y el margen íntegro va a GAESA. CIMEX figura como consignataria en la licencia D1366865 de la empresa Capote Express, que autoriza exportaciones por 677 millones de dólares.

COPEXTEL es la empresa de tecnologías de la información y telecomunicaciones de las FAR y aparece en esa misma licencia de Capote Express. Cualquier exportación a COPEXTEL fortalece la capacidad informática del régimen e implica, entre otras cosas, mayor control sobre el acceso a la información en la isla.

Aerovaradero opera los servicios de tierra y carga del aeropuerto de Varadero, la principal puerta de entrada del turismo internacional en Cuba y una pieza clave en la logística de importaciones de GAESA. Figura como consignataria en la licencia D1375720 de Express Travel que autoriza exportaciones por 876 millones de dólares.

La Empresa de Gestión del Patrimonio y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, ambas bajo la Oficina del Historiador de La Habana —que a su vez es una filial del GAESA—, también aparecen en la licencia D1366865 de Capote Express. La Oficina del Historiador controla la explotación comercial de La Habana Vieja como destino turístico y genera millones en divisas anuales.

SERLOVEM SURL es la empresa de servicios logísticos del GAESA. Aparece como consignataria en prácticamente todos los archivos publicados y es el eje de distribución del circuito de importaciones de GAESA.

TRANSIMPORT gestiona el parque vehicular y la maquinaria pesada del sector estatal cubano. También aparece en todos los archivos. Su participación como receptora de las exportaciones de vehículos y camiones de Express Travel confirma que esos bienes pasan directamente al inventario del Estado.

Estas empresas son el núcleo del aparato económico del régimen, y su presencia en las licencias no es accidental sino sistemática.

El Consejo de Estado cubano

Si la presencia de GAESA resulta llamativa, la del Grupo Palco eleva la controversia a otro nivel. El Grupo Palco —formalmente Empresa Importadora PALCO— es una entidad adscrita directamente al Consejo de Estado de Cuba. Su función es gestionar hoteles, residencias, restaurantes y circuitos de abastecimiento para la nomenclatura política, el cuerpo diplomático y los visitantes de alto nivel. No distribuye al pueblo.

El Grupo Palco aparece como usuario final aprobado en dos licencias de Rexport Cargo, que autorizan exportaciones por un total de 230.1 millones de dólares. También tiene licencia para exportar al Grupo Palco la empresa Express Travel, con sede en Miami, por un monto de 876 millones de dólares.

En esa última licencia, junto a Palco, figura como consignataria la empresa cubana Expedimar, que gestiona servicios marítimos en La Habana. Ambas son piezas clave del ecosistema empresarial que sostiene la vida de la élite política cubana, no del ciudadano de a pie.

Los productos exportados a Cuba

La lectura detallada de las licencias revela una lista de bienes que difícilmente puede encuadrarse en el concepto de ayuda humanitaria.

Express Travel, con sede en Miami, tiene autorizado exportar 1500 vehículos de lujo por un valor de 75 millones de dólares en cada una de sus dos últimas licencias. La relación de marcas aprobadas incluye BMW, Mercedes Benz, Cadillac, Audi, Jaguar, Tesla, Lexus, Land Rover, Volvo, Infiniti y similares, tanto nuevos como usados. Esas licencias incluyen además 1500 camiones pesados por un valor de 240 millones de dólares y mil autobuses por 80 millones.

Una licencia de septiembre de 2024 autoriza también a Express Travel a enviar a Cuba 1500 vehículos recreativos, dos mil camiones para el transporte de alimentos, y mil carritos de golf y motos de agua, por un total de más de 41 millones de dólares. Entre los consignatarios aprobados para recibir esos artículos figuran la Importadora Palco y Aerovaradero.

Martel Express, con sede en Hialeah, tiene en su licencia de noviembre de 2023 un ítem que resume la magnitud del asunto: medio millón de cigüeñales de automóvil, por un valor de 400 millones de dólares. A ese volumen, estamos ante el inventario de un fabricante de autos, no ante piezas de recambio para familias cubanas. La misma licencia incluye otros componentes por un valor de 352.5 millones.

Pero el dato más difícil de encuadrar en cualquier discurso humanitario de esa misma licencia son los mil jacuzzis, por un precio de 5 millones de dólares, y las cinco mil cocinas y mixers de uso comercial, por 45 millones. Sus destinatarios son MAQUIMPORT, DIVEP y GRAN COMERCIAL, todas entidades del Estado.

La licencia D1341186 de Express Travel también autoriza exportar mil tractores por 70 millones de dólares y mil cosechadoras, sembradoras y equipos agrícolas. En teoría, la maquinaria agrícola podría ayudar a la producción de alimentos en Cuba. En la práctica, el receptor de esos equipos es TRANSIMPORT, que los distribuye a las empresas agropecuarias estatales de GAESA, no a campesinos privados.

Hay además cien mil bicicletas por 150 millones de dólares en esa misma licencia —un artículo que sí tiene uso popular en Cuba—, pero que van consignadas a MAQUIMPORT, la importadora estatal de maquinaria. Son las FAR quienes deciden cómo y a qué precio se distribuyen.

El panorama se completa con los bienes de Capote Express, cuya licencia D1366865 incluye cien mil cocinas y refrigeradores por valor de 180 millones de dólares, cien mil lavadoras por 100 millones, cien mil televisores LED por 90 millones, y cien mil aires acondicionados Split por 70 millones. Todos tienen como consignatario a GAESA. Son los mismos artículos que el cubano de a pie puede encontrar en las tiendas en MLC a precios que equivalen a años de salario.

Los alimentos: de la licencia humanitaria a la tienda en divisas

El análisis sería incompleto si solo se hablase de bienes de lujo. Una parte importante de esas exportaciones corresponde a alimentos básicos que el pueblo cubano necesita con urgencia: arroz, frijoles, pollo congelado, leche en polvo, huevos, aceite vegetal. Pero estos alimentos pasan a través de un circuito estatal que determina quién accede a ellos y a qué precio.

La licencia D1356089, de Aparicio Cargo & Travel Services, es la más ilustrativa. Autoriza exportaciones por 576 millones de dólares e incluye, entre otras partidas, 500 mil kg de pollo congelado por 140 millones de dólares, 200 mil quintales de arroz por 20 millones, 100 mil quintales de frijoles secos por 20 millones, 90 mil docenas de huevos por 34 millones y 200 mil kg de helado por 20 millones. Los destinatarios son ALIMPORT, CONSUMIMPORT y GRAN COMERCIAL, las importadoras que controlan el sistema de distribución de alimentos del Estado.

El mecanismo es el siguiente: una fracción de esos alimentos entra en el sistema de racionamiento (la libreta), donde el cubano recibe cantidades mínimas a precios subsidiados. El resto, la mayor parte, llega a las tiendas de CIMEX y la Cadena Tiendas Caribe, donde se vende en divisas que solo tienen quienes reciben remesas del exterior. En esta ecuación, el Estado cubano importa alimentos con el respaldo de licencias humanitarias norteamericanas, distribuye una cantidad mínima como cuota racionada y vende el resto al precio de mercado en divisas. El margen íntegro de esa operación queda en las arcas de GAESA y del Ministerio de Comercio Interior.

Las bebidas alcohólicas no son un bien de primera necesidad, pero los volúmenes autorizados en las licencias revelan el destino real de estas exportaciones. La sola licencia D1366865 de Capote Express incluye un millón de unidades de bebidas alcohólicas por 20 millones de dólares, consignadas a CIMEX y Cadena Tiendas Caribe. Express Travel tiene otras partidas que suman decenas de millones de dólares en licores, vinos y cervezas. Estos productos no alimentan al pueblo cubano: generan divisas para GAESA en sus tiendas.

Las empresas de Miami: quiénes son y qué dicen

Las empresas protagonistas de estas licencias no son corporaciones multinacionales, sino negocios relativamente pequeños —en algunos casos de una sola persona— radicados en los municipios de Miami, Hialeah y Doral. Su actividad es, en muchos casos, el enlace logístico entre la comunidad cubana en el exilio y sus familias en la isla.

Express Travel es, por volumen autorizado, la empresa más grande del expediente: sus seis licencias documentadas suman más de 2600 millones de dólares. Sus licencias de vehículos son las que incluyen las marcas más exclusivas y los tonelajes industriales más llamativos.

Martel Express, con sede en Hialeah, acumula tres licencias por un total superior a los 1700 millones de dólares. Su licencia D1343239 incluye los quinientos mil cigüeñales y los mil jacuzzis que han generado mayor atención mediática.

Capote Express —con sede en Henderson, Nevada, pero incluida en los archivos de Miami-Dade— tiene una sola licencia, la D1366865, valorada en 677 millones de dólares; es la que tiene a CIMEX, Copextel y el Fondo de Bienes Culturales entre sus consignatarios.

Aparicio Cargo & Travel Services, basada en Doral, suma tres licencias por más de 600 millones de dólares, con los mayores volúmenes individuales de alimentos básicos de todos los expedientes.

Rexport Cargo, también de Doral, acumula dos licencias por 230 millones de dólares, pero es la que tiene el vínculo más directo con el Consejo de Estado: el Grupo Palco figura como usuario final aprobado en ambas.

Varias de estas empresas respondieron a las notificaciones del Recaudador de Miami-Dade argumentando que sus operaciones son plenamente legales. Rexport Cargo, por ejemplo, indicó en una carta de noviembre de 2025 que su actividad se limita a “paquetería personal de naturaleza humanitaria” y que no requiere licencias específicas. Sin embargo, los propios documentos adjuntos a esa carta muestran una licencia de exportación de 47.5 millones de dólares con Grupo Palco como receptor aprobado. La falta de correspondencia entre el argumento y la documentación es difícil de ignorar.

¿De qué bloqueo habla el régimen cubano?

El caso Miami-Dade revela una paradoja que toma por sorpresa a muchos en ambos extremos del debate político sobre Cuba. El embargo estadounidense, que se presenta como el principal instrumento de presión sobre el régimen de La Habana, ha coexistido con un flujo comercial multimillonario desde el propio condado que concentra la mayor diáspora cubana en el mundo. Y ese flujo ha beneficiado, de manera documentada, precisamente a las estructuras militares y políticas que el embargo pretende aislar.

El régimen cubano abastece sus tiendas en divisas con bienes importados de Miami —cobrando el margen íntegro al cubano que tiene dólares— y sigue atribuyendo la escasez estructural del sistema racionado al “bloqueo yanqui”. El discurso y la realidad corren en direcciones opuestas.

Para el exilio cubano en Miami, los documentos muestran una contradicción dolorosa: negocios de su propio vecindario han sido, durante años, un engranaje del sistema económico que sostiene al régimen que motivó su exilio. La presión política que llevó al recaudador Dariel Fernández a iniciar su auditoría, y que ahora impulsa las demandas en los juzgados, refleja esa tensión.

Las investigaciones federales están en curso. La Orden Ejecutiva de Trump endurece el marco para nuevas licencias y fuerza una revisión de las existentes. El Congreso presiona para que el Departamento de Comercio revoque de manera generalizada las licencias que hayan tenido a GAESA o al Consejo de Estado entre sus beneficiarios. Los procesos judiciales pueden tardar años. Pero los documentos ya son públicos y el debate que han abierto no tiene marcha atrás.