Jamaica pone fin a 50 años de cooperación médica cubana

La decisión de Jamaica se suma a la de varios países en la región que han cancelado o revisado sus acuerdos con La Habana en los últimos meses.

El gobierno de Jamaica anunció el 5 de marzo que no renovará el programa de cooperación médica con Cuba, poniendo fin a un acuerdo que data de 1976 y que permitió la presencia continua de profesionales de la salud cubanos en la isla caribeña durante casi cinco décadas. La decisión fue comunicada formalmente a la embajada cubana en Kingston el 4 de marzo por la cancillería jamaicana, encabezada por Kamina Johnson Smith.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jamaica, la medida se debe a que ambos gobiernos no lograron acordar los términos de un nuevo convenio de cooperación tras la expiración del acuerdo anterior en febrero de 2023. Al momento del anuncio, cerca de 300 profesionales cubanos —médicos, enfermeros e ingenieros biomédicos— se encontraban trabajando en Jamaica bajo contratos vigentes, los cuales, según Kingston, podrían continuar hasta su vencimiento.

El gobierno de Jamaica señaló además su disposición para contratar a esos profesionales de manera individual, conforme a las leyes laborales del país y prescindiendo de la intermediación de las instituciones estatales cubanas. En respuesta, La Habana anunció el retiro inmediato de su brigada médica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba atribuyó la decisión de Jamaica a las presiones de Estados Unidos y lamentó que se menospreciara una historia de colaboración que, según cifras oficiales cubanas, incluyó la atención de más de ocho millones de pacientes.

Varios países han cancelado o revisado sus acuerdos con Cuba

La decisión de Jamaica no es una excepción. Ya cerca de una decena de países en América Latina y el Caribe han optado por cerrar los convenios con Cuba por servicios de salud en los últimos meses. El régimen cubano asegura que estas decisiones se deben a la presión de Estados Unidos, y aunque esa presión es real, la propaganda oficial de la isla pasa por alto o desacredita como falsas las numerosas quejas de organismos internacionales por las abusivas condiciones de contratación de esos médicos, que han sido calificadas como formas de esclavitud moderna. Son esas condiciones, y la falta de respuesta Cuba a los reclamos hechos por las autoridades de Jamaica, las condujeron al fin del acuerdo.

El 10 de febrero Guatemala anunció el cierre progresivo, a lo largo de 2026, del convenio de salud que desde 1998 permitía la presencia de brigadas cubanas en zonas rurales e indígenas del país. El Ministerio de Salud guatemalteco justificó la medida en un “análisis técnico” que busca fortalecer el personal sanitario nacional.

En Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y el giro político que ha dado el gobierno interino de Delcy Rodríguez, se ha registrado un repliegue de los más de 30 mil profesionales cubanos —médicos, asesores y personal vinculado a inteligencia— que operaban en el país desde 2003. Aunque ni La Habana ni el nuevo gobierno venezolano han anunciado formalmente el fin de la cooperación, testimonios recogidos por medios independientes como El Toque apuntan a que los contratos no serán renovados.

A esos casos se suman Antigua y Barbuda, Guyana, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Honduras y Paraguay. Varios de estos países han optado, como lo hizo Jamaica, por un modelo de contratos individuales directamente con los médicos, eludiendo a las instituciones estatales cubanas. Pero en todos los casos han encontrado el rechazo de La Habana.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado las misiones médicas cubanas como un “esquemas de trabajo forzado”, en correspondencia con las reiteradas acusaciones de la ONU y el Parlamento Europeo. Organizaciones como Prisoners Defenders y testimonios de médicos cubanos en el exterior señalan desde hace años que el régimen cubano retiene entre el 75 y el 94% de los salarios pagados por los países anfitriones, y que los profesionales enfrentan restricciones de movimiento y vigilancia política.