Trata de personas y desprotección institucional: el caso de dos menores desaparecidas en Moa
Las alertas por desaparición de dos menores reabren la discusión sobre la trata de personas y la inexistencia de protocolos públicos de búsqueda en Cuba.
La desaparición de dos adolescentes desde el 15 de diciembre de 2025 en el municipio de Moa, provincia de Holguín, generó alarma en redes sociales luego de que el padre de una de ellas denunciara públicamente el caso y alertara sobre posibles dinámicas de captación y explotación de menores.
El llamado fue realizado por Raúl Leyet, padre de una de las menores, a través del grupo de Facebook, “Basar Moa Centro. Garantía y buenos precios” donde pidió ayuda urgente para localizar a su hija.
“Esta muchacha es menor de edad, salió ayer por la mañana para la escuela y nunca llegó a la escuela y menos a la casa. Anda con otra muchacha que le dicen Darlin. Son de Moa, reparto Armando Mestre. (…) Tiene el pelo pintado de rosado fucsia fuerte. Es delgada y es una niña enferma diabética. Fue vista anoche en Holguin y dicen que está parando en Pueblo Nuevo. Por favor hoy somos nosotros, sus familiares los desesperados, mañana puede ser un hijo de ustedes”, escribió en el post.
El padre aseguró que tanto él como la madre de la menor —delegada de circunscripción— realizaron la denuncia correspondiente ante la policía de Moa y a nivel provincial, aunque la búsqueda pública se sostuvo fundamentalmente a través de redes sociales, ya que en Cuba no hay alertas oficiales nacionales por desaparición.
“Estoy haciendo esta publicación y a la vez una reflexión a los padres que tienen hijas menores de edad: que las cuiden, que las apoyen y hablen con ellas”, escribió Leyet, quien vinculó el caso a lo que describió como un fenómeno creciente de manipulación de niñas por parte de adultos. “Hoy está existiendo no solamente en Moa el lavado de cerebro a niñas, ilusionándolas con dólares… eso se llama corrupción de menores”, denunció.
#AlertaMayde cerrada en favor de las dos menores
El 17 de diciembre, Leyet confirmó en Facebook que ambas adolescentes habían aparecido con vida. “Gracias a Dios… aparecieron sanas y salvas”, escribió, aunque insistió en que el caso debía servir de alerta: “Hay muchos depredadores en la calle que quieren hacer con las niñas lo que les venga en gana”.
El episodio vuelve a evidenciar un problema estructural en Cuba: la inexistencia de protocolos públicos de búsqueda y de alertas oficiales ante la desaparición de menores. En este contexto, son las familias y la ciudadanía quienes, mediante redes sociales, asumen la difusión urgente de los casos, aun cuando ello implique exposición, estigmatización o desinformación.
Ante ese vacío institucional, la activista feminista Marta María Ramírez impulsó dos herramientas en 2023: la #AlertaYeniset en homenaje a Yeniset Rojas Pérez (desaparecida en 2022 y hallada sin vida meses después), para visibilizar las desapariciones de mujeres; y la #AlertaMayde, dedicada a niñas, niños y adolescentes desaparecidos, en memoria de Maydeleisis Rosales, desaparecida en La Habana en 2021. Ambas alertas buscan movilizar a la ciudadanía y enfrentar la impunidad.
Trata de personas en Cuba
El Informe Nacional de Cuba sobre Trata de Personas 2024, elaborado por el propio Estado cubano, reconoce que “en 2024 se iniciaron 7 procesos investigativos” relacionados con la captación y traslado al exterior de jóvenes con fines de explotación sexual, en los que se identificó a 8 cubanos y 5 extranjeros como organizadores. En el ámbito interno, el documento admite que “se mantiene la tendencia a la identificación de casos de explotación sexual de mujeres y niñas” y que durante ese año “se identificaron, procesaron y juzgaron 8 casos de este tipo”.
No obstante, el informe insiste en subrayar una supuesta “baja incidencia de casos de trata de personas en Cuba”, que atribuye a “las políticas sociales de la Revolución cubana durante seis décadas”.
Activistas han advertido, sin embargo, que estas cifras no reflejan la magnitud real del problema, en un contexto marcado por la falta de transparencia, la ausencia de campañas de sensibilización, el aumento de la emigración, la ausencia de datos públicos verificables y la criminalización de la sociedad civil, factores que inhiben la denuncia, el acompañamiento independiente y la participación ciudadana en la identificación de estos delitos.
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