El Estado cubano sigue sin tomar medidas ante el incremento de los feminicidios en Cuba

Activistas feministas cubanas aseguran que, pese a la ausencia de información oficial, es un hecho que los feminicidios se han incrementado en lo que va de año.

Durante lo que va de 2023 los casos de feminicidios se han incrementado notablemente en Cuba, al punto de que organizaciones como Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTC) y el propio Observatorio de Alas Tensas (OGAT), informaron que este año han ocurrido un promedio de casi dos feminicidios por semana, lo que representa la tercera parte del total de mujeres que fueron víctimas de asesinatos machistas en 2022.

Ante semejante panorama, donde también se han registrado el aumento de las desapariciones de mujeres y niñas, las organizaciones feministas reclaman mayor transparencia a las instituciones estatales. Esta transparencia es necesaria para poder tener una idea más cercana de lo que está sucediendo en el país en un momento crítico en lo relacionado con la violencia machista.

En ese sentido, la cubana Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba, dijo a Alas Tensas que “debido a que el Gobierno no ha ofrecido cifras oficiales sobre estos hechos no podemos hacer una comparativa sobre el número de víctimas” registradas en el país.

No obstante, “gracias al trabajo de las asociaciones independientes hemos podido empezar a cuantificar y el esfuerzo conjunto ha resultado ser muy positivo. Por primera vez las víctimas tienen visibilidad y apoyo, lo que pone en evidencia la apatía institucional frente a este problema estructural”.

Yanelys Núñez, una de las coordinadoras del Observatorio de Género de Alas Tensas, explicó que uno de los principales problemas a la hora de realizar el recuento de los datos de feminicidios, es que “no hay información pública con la que contrastar y verificar lo que nosotros vamos investigando”.

También señaló que trabajan “con una red interna de colaboradoras dentro de Cuba que sufre la criminalización del activismo pacífico o de la denuncia ciudadana. Muchas de ellas cuando ocurre un feminicidio en su zona e intentan acercarse a las familias son amenazadas con el Decreto 370 o el Decreto 35 o incluso con la prisión”.

Otra de las dificultades que encaran las activistas, según Núñez, está relacionada con que no tienen acceso a los registros de salud de las víctimas ni a los registros policiales, lo cual les permitiría conocer los pormenores de los hechos, así como la imposibilidad de hablar con los familiares porque son amenazados también, en muchas ocasiones, si se comunican con la prensa independiente o con cualquier otra persona ajena a su entorno.

“Son dificultades con las que hay que lidiar, el tema del miedo, porque ni las familias ni la sociedad en general está acostumbrada a nombrar estos casos. En muchas zonas aún no hay conciencia de denuncia ni están las herramientas para la denuncia. Acceso a internet, acceso a teléfonos. No saben que son feminicidios, la expresión más cruel de la violencia machista, sino que lo asocian a casos cotidianos e irremediables de violencia doméstica”, agregó la activista.

Pese a la imposibilidad de conocer el verdadero alcance del fenómeno en la Isla, los informes realizados por organizaciones feministas en lo que va de año son alarmantes, pues se han confirmado al menos 13 casos feminicidios, lo que las motivó la petición de un Estado de Emergencia en búsqueda de una mayor seguridad de las mujeres en Cuba, el cual fue desoído por el Gobierno.

Sobre las causas que pueden haber motivado el incremento de este tipo de crímenes, la activista feminista, colaboradora de OGAT, Kiana Anandra dijo que “pueden ser miles”, y mencionó como algunas de ellas a “la carencia de un sistema de atención integral, la ausencia de refugios, las leyes vigentes que no reconocen las especificidades de la violencia de género, la migración interna, la poca capacitación de los operadores de derechos sobre estos temas, la crisis política, económica, sanitaria del país, las brechas en el acceso tecnológico, hasta los rezagos de la COVID”.

“Las estadísticas, aunque sean subregistros, no mienten, y desde la oficialidad también se le está dando más visibilidad mediática a estos casos, algo preocupante porque en Cuba ya está naturalizada la violencia previa al feminicidio, en lo institucional, en lo familiar, en lo comunitario”, agregó la periodista cubana.

Larrinaga, por su parte, señaló que “el Gobierno cubano, cuando se pronuncia, habla de femicidio, en lugar de feminicidio”, con esto busca evitar la responsabilidad que le atañe, pues feminicidio implica “muertes masivas de las mujeres en un contexto de impunidad por la inacción del Estado”.

En opinión de Kiana Anandra, “el rol de las instituciones estatales cubanas es deficiente, porque existe esta dispersión en las herramientas y en las competencias civiles y penales que tienen todas las instancias por las que pasa la mujer antes de ser ultimada, y este es uno de los principales conflictos, que tiene como consecuencia esa mayor desprotección hacia las víctimas”.

“En Cuba no existe un concepto unitario sobre la violencia de género, ni siquiera está contemplado el término feminicidio. Sin embargo, la violencia de género tiene sus propias lógicas en relación con otros tipos de violencia y esto es algo que debe considerarse a nivel legislativo. Las acciones que se han hecho a nivel estatal y las políticas públicas en Cuba están enfocadas en penalizar la violencia de género como un ejemplo más de criminalidad, y es mucho más complejo”, agregó la periodista cubana.

Sobre la importancia de una Ley Integral Contra la Violencia de Género, dijo que “daría cuenta primeramente de que la violencia de género tiene distintas expresiones y escenarios más allá del ámbito familiar, lo que se ha intentado reducir a La Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar y el Plan de Adelanto de la mujer.

“Que tenga estatus de Ley permitiría transversalizar y tener más capacidad frente a otras normativas de menor jerarquía jurídica. Además, reconocería la implicación y el compromiso del estado en estos temas, que les obligaría a esclarecer un presupuesto público que la sustente, las estadísticas al respecto, el tipo de medidas que van a implementar, como se van a evaluar sus resultados, aseguraría protocolos específicos de prevención y reparación para las víctimas, servicios de asesoramiento legal y psicológico, lugares de refugio, la protección de las victimas tanto en el sistema laboral y educativo, la formación desde las infancias en estos temas y también a nivel dentro de las instituciones que deben acoger y procesar los tipos de violencia”, añadió.

La presidenta de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga, consideró que es imprescindible “un nuevo ordenamiento jurídico que ampare a la mujer”, por lo que afirmó que “una Ley Orgánica al respecto avalará el derecho que tiene la mujer a vivir sin violencia y obligaría al Gobierno a cumplirla”.

“No existe justificación alguna para matar a sangre fría a las mujeres, pero la frustración, la desesperación y la falta de horizontes agravan la violencia de género”, añadió la feminista cubana.

La prensa estatal, en cambio, lo sigue dudando: ¿Estamos ante una ola de feminicidios en Cuba? Es difícil saberlo, no conocemos si efectivamente están muriendo más mujeres, o si ahora nos enteramos más. No tenemos todos los datos que necesitamos», escribieron las periodistas Ania Terrero y Dixie Edith el pasado 10 de febrero en Cubadebate.