Más propaganda que justicia: lo que reveló el debate parlamentario sobre el Programa para el Adelanto de las Mujeres

En Cuba, el Estado instrumentaliza la causa feminista para maquillar su autoritarismo y clausura la participación ciudadana autónoma.

El pasado 15 de julio, el Noticiero Nacional de Televisión (NTV) transmitió un reportaje sobre los debates parlamentarios en torno al Programa para el Adelanto de las Mujeres (PAM) en Cuba. En él, autoridades del Estado y del Partido —incluyendo a la Viceprimera Ministra Inés María Chapman, la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) Teresa Amarelle, varias diputadas y el propio presidente Miguel Díaz-Canel— presentaron con entusiasmo lo que denominaron como “avances” en la situación de las mujeres cubanas.

Para quienes hemos acompañado durante años los avances y retrocesos en materia de derechos de género, las violencias estructurales persistentes y la criminalización del feminismo independiente en Cuba, lo observado no constituyó un ejercicio genuino de rendición de cuentas ni una autocrítica sincera. Más bien, se trató de una puesta en escena que combina discursos moralizantes, un paternalismo institucional marcado y una apropiación superficial del lenguaje feminista, despojándolo de su contenido político y emancipador.

El discurso del empoderamiento vacío

Uno de los principales elementos discursivos repetidos en el debate es el de la “independencia” femenina como resultado del acceso al empleo. La diputada Dámaris Pérez —representante del municipio Cerro en La Habana— expresó sin reparo que una mujer que trabaja puede “vestirse como quiera, comer lo que quiera, tener hijos cuando quiera”, pero lo peor de su intervención fue una frase que no debería pasar inadvertida:

“No es lo mismo que usted genere sus ingresos y que ayude en su casa a que tu esposo, si usted está esperando, tienes que entonces permitir que él haga lo que quiera”.

La frase “permitir que él [el esposo] haga lo que quiera” encarna una lógica profundamente patriarcal. Traslada a las mujeres la responsabilidad de poner límites a los comportamientos machistas o violentos de sus parejas, como si el problema de fondo fuera la falta de carácter individual y no un sistema estructural de desigualdad. Este tipo de afirmaciones refuerzan la idea de que las mujeres deben regular el entorno, contener la violencia, autocuidarse y protegerse sin herramientas legales ni garantías reales.

Las estructuras institucionales tradicionales encargadas de velar por los derechos de las mujeres en Cuba suelen enmarcar la búsqueda de la igualdad dentro de una narrativa de lucha social generalizada, sin reconocerla plenamente como una cuestión de género. Esta perspectiva ha sido objeto de cuestionamientos por su limitada efectividad y autonomía, pues no logra dar respuesta a las diversas formas de opresión que enfrentan las mujeres, lo que pone en duda su capacidad transformadora.

“El feminismo institucionalizado despolitiza la lucha de las mujeres sin cuestionar las relaciones de poder, clase y Estado.”

El discurso institucional que liga empleo con emancipación sin considerar la responsabilidad del Estado o de la estructura social avala implícitamente la idea de que cada mujer debe hacerse cargo de su propia protección, cargando con la violencia y la regulación doméstica sin redes colectivas ni garantías jurídicas. Esa carga, está lejos de ser un triunfo individual y revela más bien las limitaciones de una retórica liberal que invisibiliza las desigualdades de clase, género y raza en el entramado social cubano.

La idea de que una mujer trabajadora puede hacer lo que quiera con su cuerpo, su alimentación y su maternidad es presentada como si fuera sinónimo de libertad. Pero se trata, en realidad, de una caricatura de empoderamiento, donde la autonomía depende exclusivamente del mérito individual y el acceso al mercado, no de derechos garantizados ni de transformación estructural.

Como ha señalado la filósofa feminista Nancy Fraser en su libro Fortunes of Feminism, 2013, el feminismo institucionalizado muchas veces adopta “una forma neoliberal”, que despolitiza la lucha de las mujeres al enfocarse en la autorrealización individual sin cuestionar las relaciones de poder, clase y Estado.

¿Reconocimiento o perpetuación de los roles tradicionales?

La Secretaria General de la FMC, Teresa Amarelle, celebró que el trabajo de cuidadora haya sido finalmente reconocido como empleo. Sin embargo, en su intervención no explicó si este nuevo estatus implica remuneración justa, seguridad social garantizada o redistribución equitativa de estas labores entre hombres y mujeres.

En América Latina, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, las mujeres destinan un tiempo tres veces superior al de los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, lo cual limita de manera significativa su acceso al mercado laboral. Esta desigualdad tiene repercusiones económicas concretas: se estima que la región deja de percibir hasta un 30 % de ingresos potenciales debido a la limitada incorporación de mujeres al ámbito laboral. Esta carga desproporcionada genera una condición conocida como “pobreza de tiempo”, en la que las mujeres dedican entre 20 y 30 horas a la semana a estas tareas, privándose así de oportunidades para su formación académica, inserción laboral, bienestar físico y desarrollo integral.

“En Cuba las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado.”

Además, Equal Measures 2030 estima que ese trabajo no remunerado representa entre 15,7 % y 24,2 % del PIB regional, con las mujeres aportando alrededor del 75 % de ese valor.

En Cuba, la Encuesta Nacional de Igualdad de Género más reciente, realizada en 2016, evidenció que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado cada semana. Esta carga no solo incluye las actividades domésticas en sí, sino también la planificación de las mismas. Según los datos, las mujeres invierten alrededor de 21 horas semanales en tareas como organizar las comidas, planificar las compras o definir cómo gestionar las responsabilidades del hogar. En contraste, los hombres dedican aproximadamente 10 horas semanales a estas labores.

Esta diferencia significativa está profundamente vinculada con la forma en que se ha estructurado históricamente la vida cotidiana en las sociedades occidentales, donde los roles de género han asignado de manera desigual las responsabilidades del cuidado y el trabajo doméstico.

La mera legalización del trabajo de cuidadora no transforma esta realidad si no se acompaña de un modelo de justicia social, redistribución de recursos y corresponsabilidad masculina.

Las omisiones del presidente y la invisibilización de voces feministas

El presidente Miguel Díaz-Canel se refirió al Programa para el Adelanto de las Mujeres (PAM) como “un aprendizaje real” y elogió la supuesta “valentía” de la Revolución cubana por haber reconocido la persistencia del machismo, el patriarcado y la discriminación en la isla. Sin embargo, su discurso —obviamente — omitió hacer referencia a las demandas históricas y urgentes de las diversas organizaciones feministas independientes, y tampoco explicó por qué:

• Cuba continúa sin una Ley Integral contra la Violencia de Género, a pesar de las reiteradas propuestas presentadas por colectivos independientes desde 2019, que han subrayado la necesidad imperiosa de una legislación que garantice protección efectiva y reparación a las víctimas.
• Las organizaciones y activistas feministas no estatales sufren una sistemática criminalización, acoso y censura, que obstaculizan su derecho a la movilización y la participación política autónoma.
• No existen políticas públicas específicas y con enfoque interseccional dirigidas a mujeres racializadas, personas LGBTIQA+, migrantes o rurales, cuyas condiciones de vida están atravesadas por múltiples ejes de opresión y exclusión social.

A pesar de estas omisiones, el relato oficial insiste en presentar a la Revolución como una “obra emancipadora” que ya habría cumplido con las demandas feministas y que únicamente requiere “profundizar” lo realizado. Este esquema discursivo, que celebra logros simbólicos sin atender las demandas reales, no solo deslegitima y marginaliza a los movimientos feministas autónomos, sino que también forma parte de una estrategia política deliberada para controlar y limitar la autonomía de las mujeres en su derecho a organizarse y exigir derechos. La destacada académica y activista bell hooks señaló en su libro El feminismo es para todos (2000)que, cuando el feminismo se institucionaliza y se subordina a las estructuras de poder, pierde su dimensión crítica y emancipadora, convirtiéndose en un instrumento que perpetúa desigualdades y silencia voces.

“El relato oficial celebra logros simbólicos sin atender las demandas reales, deslegitima y marginaliza a los movimientos feministas autónomos.”

En ese sentido, la única organización mencionada en el reportaje oficial fue la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), cuya subordinación política al Partido Comunista es explícita y estructural. No hubo mención alguna a otras experiencias, saberes y prácticas organizativas de base. Se invisibilizó el trabajo de colectivos como YoSíTeCreo en Cuba, Alas Tensas o la Red Femenina de Cuba, que desde la sociedad civil han denunciado feminicidios, exigido políticas públicas con enfoque interseccional y acompañado a víctimas en un contexto de alta desprotección

Al insistir en que solo existe un canal legítimo para hablar de género, el Estado instrumentaliza la causa feminista para maquillar su autoritarismo y clausura cualquier posibilidad de participación ciudadana autónoma. Esta lógica ha sido analizada por la feminista Silvia Federici, quien denuncia en su libro Revolution at point zero: housework, reproduction, and feminist struggle, la “gubernamentalización” del feminismo, es decir, la cooptación de las luchas populares por parte del Estado para mantener el statu quo y neutralizar el potencial transformador del movimiento feminista.

El debate parlamentario sobre el PAM expuso, una vez más, la brecha entre el discurso oficial y las necesidades reales de las mujeres cubanas. El problema no es solo formal, sino político y estructural. El país requiere urgentemente una Ley Integral contra la Violencia de Género, políticas públicas de cuidados con enfoque de justicia social y espacios de participación verdaderamente autónomos y pluralistas. Más aún, necesita que el Estado asuma su responsabilidad en reconocer y desmontar las desigualdades que genera y perpetua.

Como sintetizó Audre Lorde, poeta, activista y feminista negra estadounidense en su libro Sister Outsider Essays And Speeches: “No podemos destruir lo que no reconocemos”, y mientras el Estado cubano siga encubriendo y negando estas desigualdades, lo que se presenció el 15 de julio no fue un avance hacia la igualdad, sino una nueva modalidad de control social con rostro de empoderamiento.