Nueve mujeres del 15N Cuba frente a la violencia del Estado

Un recuento de algunos casos de hostigamiento contra mujeres activistas en Cuba en relación con la marcha cívica del 15N

Como parte de la campaña “Mujeres cubanas que participan en la política”, nuestro medio propone un recuento de algunos casos de hostigamiento contra mujeres activistas en Cuba; en esta ocasión mostramos las relacionadas con la marcha cívica por la liberación de los presos políticos y el cambio hacia la democracia convocada por la plataforma Archipiélago para el pasado 15 de noviembre (15N).

Las nueve mujeres que visibilizamos hoy no son ni de lejos las únicas que han sufrido violencia política en Cuba, ya sea a raíz de este evento o de su proyección crítica frente al régimen en general, los ejemplos en las últimas décadas son incontables, por lo que la presente lista debe ser considerada apenas como un botón de muestra de dicha problemática, a la vez que expresión de nuestro apoyo y nuestra solidaridad.

El 9 de noviembre salió a la luz una Súplica Abierta escrita por la hermana Nadiezka Almeida Miguel, Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, que pedía el cese de la represión y hacía un llamado a la comprensión fraterna y el respeto a las diferencias y a la dignidad. Esto ocurría en un contexto en el que estaban saliendo a la luz varios pronunciamientos de sacerdotes, obispos y otras figuras de la Iglesia sobre la crisis política y humanitaria en el país.

El día 15 Sor Nadiezka salía a caminar con otras hermanas de la congregación cuando fue interceptada por agentes vestidos de civil quienes le comunicaron que le estaba prohibido salir. Ante la negativa de la monja a obedecer, aceptaron que fuera a hacer su recorrido bajo la condición de caminar vigilada por ellos.

Daniela Rojo es madre e hija cuidadora. Por su participación en las protestas del 11JCuba fue arrestada y estuvo más de 20 días en prisión, experiencia que, afirma, fue muy significativa para ella por los lazos afectivos y el compromiso que allí generó.

Tras su liberación, decide comprometerse formalmente con el activismo y la lucha por los derechos y las libertades en Cuba, se une a la plataforma Archipiélago y se convierte en uno de sus miembros más activos.

El 12 de noviembre, con vistas a la marcha convocada por el grupo para el día 15 en todo el país, Daniela fue interceptada en la calle por agentes de la policía política y no se supo más de ella hasta el día 17, cuando fue liberada. Fueron cinco días de desaparición forzada en los que se le negó la comunicación con sus amigos y familiares. Luego Daniela contaría que durante el secuestro, como prefiere llamarle por las circunstancias del hecho, en lugar de a la cárcel, la condujeron a una «casa de protocolo» de la Seguridad del Estado, donde fue interrogada, intimidada, amenazada e incluso instada a abandonar el país.

Yanilys Sariego es una abogada residente en Cárdenas, Matanzas, y madre de un niño de 10 años de edad, que declaró públicamente su intención de asistir a la marcha del 15 de noviembre. Por ello, el día 10 de ese mes recibió una citación policial a la que decidió no acudir debido a su irregularidad en términos legales, y el día 12 fue arrestada en su casa, amenazada de muerte y conducida a prisión donde estuvo 7 días retenida.

Mediante un post de Facebook, el martes 23 de noviembre Yanilys contó que:

“Finalmente mi abogado ha concretado una llamada telefónica con el Teniente Coronel Rogelio de la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado de la provincia de Matanzas, resultando de esa plática la noticia de que soy una delincuente de alto rango por «designación gubernamental», con expediente penal y fanfarria incluida.

Después de 7 días en «El Técnico», huelgas y reclamar mis derechos fundamentales, nunca supe la causa que motivó mi detención.

El estado cubano, representado en sus funcionarios públicos; considera que Yanilys Sariego Acosta es una amenaza para la sociedad, que siendo este el único argumento de hecho y de derecho, la detención efectuada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado el día 12 de noviembre era no sólo indispensable sino además legítima.

Acusada de Resistencia Agravada, expediente en fase preparatoria del proceso ordinario, el «buen samaritano estado cubano» le cobra a esta amenaza social la modesta suma de 4 mil doscientos pesos moneda nacional para que no quede yo en una situación de vulnerabilidad legal (como si ese no fuera el estado natural de los ciudadanos cubanos frente a la Trituradora Maquinaria Legal).

No tengo claro en qué momento me hicieron el nombramiento como «delincuente» pero sí tengo claro que la Fiscalía General miente, los agentes de la PNR mienten y que alguien debe ponerle un freno a la insensatez que reina en las instituciones legales de este país».

En declaraciones a la prensa independiente la líder opositora Berta Soler denunció haber tenido vigilancia de la policía política en los alrededores de su casa desde el 13 de noviembre.
El día 15 al mediodía, cuando se disponía a salir con su esposo Ángel Moya para dirigirse a la marcha contestataria, ambos fueron detenidos.
Berta Soler fue conducida a la estación policial de El Cotorro, donde luego de registrar sus pertenencias, la retuvieron hasta las 12 de la noche de ese mismo día.

Cuando llegó el 15 de noviembre, Carolina Barrero llevaba 200 días de reclusión y cerco policial en su vivienda pero, una vez más, esto no contuvo su voluntad de ejercer su derecho a la protesta y a la libre expresión. Al salir de la casa fue detenida y conducida por la policía política por enésima vez en lo que va de año. Durante todo este tiempo, ella ha sido un ejemplo enorme de libertad, resistencia y amor a la justicia.

Cuenta Carolina que:

«Cuando salí a marchar ayer logré caminar entre gritos e insultos una media cuadra antes de que me metieran a la fuerza en la patrulla. Ahora supe que luego vinieron a mi casa unas 50 personas a hacerle un acto de repudio a mi padre. Le gritaron improperios desde la acera y luego pusieron música bien alto. No puedo estar más orgullosa de mi padre y de cómo los enfrentó de vuelta. Vuelvo a pensar ahora lo mismo que les dije mientras me detenían: ¿son estas las ideas que ustedes defienden? Se retratan.

Pasé la noche en el centro de investigaciones del Vivac, recluida en un pabellón sola con un guardia en la puerta.

Esta tarde la instructora penal que abrió el expediente a Hamlet Lavastida me levantó una denuncia formal por el presunto delito de instigación a delinquir y me impuso una medida cautelar. La patrulla, sin embargo, ya no está frente a mi casa. Me negué a volver si continuaba allí un día más.

Marchar por la liberación de los presos, por el respeto de nuestros derechos civiles y políticos no es delito. Delitos son las desapariciones, los actos de repudio, las patrullas fuera de las casas, la criminalización de una parte de la ciudadanía por ejercer su voluntad y derecho de manifestación.

El poder autoritario de Cuba solo reconoce como ciudadanos a quienes son afines a la ideología de un partido, al resto los ha convertido en enemigos. Pero el régimen olvida que el poder real no reside en el privilegio de unos pocos, el poder real está en la voluntad de cada uno de los ciudadanos. Y eso lo tenemos cada día más claro.

(…)

Libertad para los manifestantes del 15N. Libertad para los manifestantes del 11J. Libertad para todos los presos políticos y de conciencia.”

Por su carisma y fuerte presencia en redes sociales, Saily González se convirtió en una de las figuras más visibles de la plataforma Archipiélago, donde se desempeñó como coordinadora, moderadora, comunicadora…, por lo que muy pronto comenzó a experimentar todo tipo de hostigamientos por parte de la Seguridad del Estado, desde acoso y difamación en las redes, hasta intentos de incriminarla en hechos delictivos.

Como resultado de estas y otras presiones hacia ella y hacia los trabajadores de su negocio, que también sufrieron interrogatorios, se vio obligada a cerrar el restaurante que tenía en su ciudad, Santa Clara.

Fue objeto también de los llamados “actos de repudio” por colaboradores del régimen: uno el 15 de octubre y otro desde el amanecer del 15 de noviembre, cuando alrededor de treinta personas congregadas frente a su vivienda lanzaron contra ella amenazas e improperios mientras le cerraban el paso para impedirle asistir a la protesta.

Luego, en la tarde del 20 de noviembre, Saily fue abordada en la calle por dos hombres no uniformados que la condujeron a un vehículo custodiado por un tercero. Le quitaron por la fuerza su teléfono móvil y la llevaron “por la circunvalación de Santa Clara hasta un lugar que se llama la bloquera”, según testimonió en sus redes sociales. Cuenta, además, que después se les unieron otras dos personas en moto, quienes la acusaron de recibir dinero a cambio de su activismo; y que los agentes, que no se identificaron, mantuvieron hacia ella un trato grosero y agresivo.

Iris Mariño vive en Camagüey con su esposo y su hijo. Desde allí ha colaborado con las iniciativas de Archipiélago y es una de las principales coordinadoras de la plataforma en esa ciudad. Como periodista del medio independiente La Hora de Cuba viene sufriendo hace años la represión de la Seguridad del Estado: detenciones arbitrarias, vandalismos contra su vivienda, vigilancia y prohibiciones de viaje. También estuvo entre los detenidos de las protestas del 11 de julio en toda Cuba. En relación con la convocatoria del 15 de noviembre estuvo varios días vigilada, recibió nuevas intimidaciones y le fue aplicada un acta de advertencia policial por los presuntos delitos de instigación a delinquir y sedición, entre otros.

Lourdes Esquivel fue arrestada junto con su esposo, también opositor, el 14 de noviembre en su casa, la cual llevaba sitiada varios días. Ambos habían expresado su decisión de marchar el 15.

El esposo de Lourdes contó que estuvieron montados en el carro de la policía hasta cerca de las 7 de la noche cuando, al parecer, los oficiales recibieron la orden de llevarlos para la prisión conocida como El Wajay. Allí, como es habitual, recibieron amenazas y los acusaron de desorden público por gritar “Patria y Vida” durante el arresto. Fueron trasladados más tarde a otra estación, hostigados nuevamente en varios interrogatorios, y puestos en libertad en la madrugada del día 16.

En los días previos a la jornada del 15N, varias Damas de Blanco de distintas provincias del país, estuvieron bajo vigilancia de la Seguridad del Estado, denunció la líder del movimiento, Berta Soler.

Tras su participación en la sentada del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura y por su vinculación al movimiento de se desprendió de este suceso (27N), Miryorli García Prieto ha sufrido represalias como detenciones domiciliarias, vigilancia o interrupción de sus vías de comunicación (telefonía e Internet) y de los familiares que conviven con ella. Además, estuvo entre los detenidos violentamente el pasado 27 de enero, también frente al Ministerio de Cultura.

Por su relación con la plataforma Archipiélago, fue citada el 13 de noviembre a la estación de policía de El Cotorro, donde reside, para advertirle que no intentara salir los días 14 y 15 de ese mes. No obstante, el 15 organizaron frente a su casa un “acto de repudio” que se extendió por cuatro horas, según contó en entrevista con la revista digital Hypermedia.

Miryorli confesó haber recibido también presiones indirectas a través de su familia, táctica represiva usada comúnmente en Cuba contra las mujeres que disienten. En especial su esposo fue objeto de chantajes y acoso, llegando a perder su trabajo dos veces en perjuicio de la economía familiar.