ONU exige a Cuba información sobre sobrevivientes del incidente del 25 de febrero

Cubalex presentó acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por los sobrevivientes y el régimen informa que uno de ellos murió.

El pasado 25 de febrero de 2026, fuerzas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida con matrícula de Florida en la cayería norte de Villa Clara, en un incidente que dejó cuatro personas muertas y seis heridas. El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) informó que la embarcación abrió fuego contra la patrullera cubana y que la respuesta fue “racional, defensiva y proporcional”.

El MININT identificó inicialmente a los seis sobrevivientes heridos como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra, todos residentes en Estados Unidos, y los acusó de intento de infiltración con fines terroristas. En el caso de Azcorra Consuegra, que no había participado en los hechos y se hallaba en Miami, las autoridades cubanas reconocieron su error e identificaron en su lugar a Roberto Álvarez Ávila.

Desde el primer momento, los sobrevivientes quedaron bajo custodia en un hospital fuertemente vigilado, sin acceso de periodistas ni representación consular. El gobierno de Estados Unidos solicitó acceso a los detenidos y realiza una investigación independiente para esclarecer los hechos, al tiempo que descarta cualquier participación de funcionarios o instituciones oficiales estadounidenses en el operativo.

Cubalex y la ONU exigen información a Cuba

Ante la opacidad del régimen cubano sobre el paradero y el estado de los detenidos, la organización de derechos humanos Cubalex presentó el 6 de marzo seis solicitudes de Acción Urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), uno por cada sobreviviente. La organización argumentó que la negativa de las autoridades a informar sobre su situación jurídica y estado de salud constituye, bajo estándares internacionales, una desaparición forzada, independientemente del tiempo transcurrido.

El mismo día, el Comité de la ONU exigió a Cuba información detallada sobre la salud, la situación legal y las garantías procesales de los detenidos. Como signataria de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Cuba está legalmente obligada a responder. De no hacerlo, quedaría formalmente registrado el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

El propio 6 de marzo, el MININT informó en una escueta nota sobre la muerte de uno de los heridos capturados, Roberto Álvarez Ávila, quien según esa fuente falleció el día 4 a consecuencia de las heridas. El MININT añadió que la investigación continúa y que las autoridades de Estados Unidos han expresado su disposición a cooperar.

Desapariciones forzadas en Cuba

Este no es un hecho aislado. Cubalex ha documentado el uso de la desaparición forzada como herramienta represiva por parte del Estado cubano, sobre todo desde las protestas del 11 de julio de 2021. La organización ha presentado ante el CED decenas de acciones urgentes, entre ellas las relativas a los opositores Félix Navarro y José Daniel Ferrer, cuyos casos siguen activos ante el organismo.

Según cifras recopiladas por Prisoners Defenders, Cuba acumula 193 acciones urgentes de desaparición forzada ante el CED desde 2012, ocupando el cuarto lugar mundial en ese indicador, con la particularidad de que, a diferencia de otros países, las desapariciones son atribuidas directamente al aparato estatal.

El caso de los sobrevivientes del incidente del 25 de febrero añade un nuevo capítulo a este patrón, en un contexto de gran tensión diplomática entre La Habana y Washington, y bajo la mirada de los organismos internacionales de derechos humanos.