Orden de deportación amenaza a dos cubanas perseguidas por el 11J

El testimonio de Mariana Fernández, publicado en sus redes sociales, narra la represión sufrida en Cuba y expone la situación de incertidumbre que enfrentan ella y su hermana tras recibir una orden de deportación en Estados Unidos.

En Cuba, alzar la voz tiene un costo alto. Las hermanas Mariana de la Caridad Fernández León y Yaneris Redondo León lo saben bien. Participaron en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio de Mantilla, La Habana, exigiendo libertad. La respuesta del régimen fue inmediata: arrestos, golpizas y amenazas. Fueron condenadas en julio de 2022 —Yaneris a siete años de prisión y Mariana, menor de edad entonces, a cuatro años de reclusión domiciliaria. Ante el riesgo real de ser encarceladas, emprendieron una peligrosa travesía por mar y lograron llegar a Estados Unidos el 13 de noviembre del mismo año.

Hoy, lejos de estar a salvo, enfrentan una posible deportación. El gobierno estadounidense no les realizó la entrevista de miedo creíble al ingresar, lo que dejó su proceso de asilo en una situación legal vulnerable. “No pedimos privilegios. Pedimos justicia y protección internacional”, ha declarado Mariana, quien ha compartido públicamente una detallada relatoría de los hechos vividos, desde la represión en Cuba hasta la incertidumbre actual en EE.UU.

Reproducimos a continuación el testimonio completo de ambas, publicado en redes sociales:

Mi nombre es Mariana De la Caridad Fernández León y junto a mi hermana Yaneris Redondo Leon, fuimos parte de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana, Cuba, específicamente en el barrio de Mantilla. Ese día salimos a las calles, como tantos cubanos, a exigir libertad y el fin de la represión. A cambio, fuimos recibidas con gases, golpes, amenazas y detenciones ilegales.

Fui arrestada, agredida físicamente, expuesta al gas pimienta, y encerrada junto a mi hermana por 15 días sin orden judicial. Durante la detención sufrimos abuso psicológico, amenazas de muerte y negligencia médica. Tras esos días y con todo el esfuerzo sobrehumano de mi familia, fuimos liberadas bajo una fianza de 1000 pesos cubanos cada una, y quedamos a la espera de juicio bajo estricta vigilancia. Durante más de un año, nos obligaron a presentarnos periódicamente ante la policía, firmar documentos bajo amenaza de volver a prisión si participábamos en cualquier protesta o reunión pública, y fuimos vigiladas constantemente en nuestros propios hogares.

El 18 de julio de 2022, el régimen nos sometió a un proceso judicial arbitrario. Fuimos acusadas por los delitos de Desacato, Atentado y Desorden Público, cargos comúnmente utilizados en Cuba para criminalizar la protesta pacífica. Con cargos fabricados, fuimos declaradas culpables. Mi hermana Yaneris fue condenada a 7 años de privación de libertad , y yo, siendo menor de edad en ese momento, fui condenada inicialmente a 5 años, que fueron reducidos a 4 años de reclusión domiciliaria gracias al esfuerzo legal de mi abogado.

Tras el juicio, el tribunal emitió una orden oficial de ingreso a prisión, otorgándonos solo 72 horas para entregarnos voluntariamente bajo amenaza de captura forzosa. Ese documento, que aún conservo, confirma la orden de reclusión inmediata, dejándonos sin margen de defensa ni posibilidad de apelación efectiva.

Ante la inminente represión y el temor fundado de lo que nos esperaba, tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas: huir de nuestro país. El 13 de noviembre de 2022, después de un viaje de más de 16 horas por mar, llegamos a un cayo inhabitable, exhaustas y sin rumbo claro, pero con la esperanza intacta. Logramos sobrevivir a esa peligrosa travesía y finalmente alcanzar territorio estadounidense, donde solicitamos asilo político.

Al llegar, mi estado de salud era crítico. Fui hospitalizada por un cuadro severo de rabdomiolisis, producto del desgaste físico extremo durante la huida.

Hoy enfrentamos el miedo de que se nos niegue esa protección. Sabemos que si somos devueltas a Cuba, nos espera represalia, cárcel o algo peor. No solo hablo por mí o por mi hermana. Hablo por cientos de jóvenes y mujeres cubanas que alzaron su voz el 11J y hoy corren el mismo peligro.

Pedimos al gobierno de Estados Unidos, a los jueces de inmigración, a la sociedad, y a todo el exilio cubano que nos escuchen. Nuestra causa no es individual. Es la causa de un pueblo que sigue exigiendo libertad.

No pedimos privilegios. Pedimos justicia y protección internacional, como corresponde a quienes huyen de una dictadura.

Yo, Mariana De la Caridad Fernández León, y mi hermana Yaneris Redondo Leon, reunimos todos y cada uno de los requisitos legales y humanitarios para obtener el estatus de refugiadas políticas. Consideramos que sería profundamente injusto que se nos devuelva a un país donde ya fuimos encarceladas por pensar diferente y dejar claro nuestra postura politica , y donde, con las nuevas medidas represivas implementadas por la dictadura cubana, regresar podría equivaler —sin ánimo de exagerar— a ser enviadas directamente a la muerte.

No solo participamos en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, sino que, desde nuestra llegada al exilio, hemos continuado nuestra lucha por la libertad. Lo hemos hecho con responsabilidad y valentía, participando en marchas, vigilias, actos públicos, y denunciando en medios de prensa, radio y televisión las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por ese régimen totalitario.

Hoy, con esta declaración, no solo defendemos nuestra vida y nuestra libertad. Defendemos el derecho de todo un pueblo a vivir sin miedo. Y pedimos al gobierno de Estados Unidos que actúe con justicia, con humanidad y con memoria histórica.

Somos perseguidas políticas. Pedimos protección, no privilegios.