La lucha de Brenda Díaz: transfobia, encarcelamiento y resistencia

“La ley no reconoció a Brenda Díaz como la mujer que es, ni le otorgó la protección o el trato que una mujer debería recibir.”

Brenda Díaz nació en 1994, en Güira de Melena, como la primera hija de Ana María y Luis Manuel. Desde pequeña, su familia se dio cuenta de que Brenda no se identificaba con el género que le asignaron al nacer. Se divirtió disfrazándose de Shakira con los tacones de su madre y explorando el maquillaje, mientras sus padres, que desconocían por completo el concepto de infancia trans, intentaban entenderla. A los doce años tomó el nombre de Laura, que pronto cambió a Brenda, aunque en su comunidad se la conoce como “la Pichu”, un apodo que le puso su padre desde la niñez y que ella lo adaptó a su identidad de género más adelante.

Brenda ha enfrentado la transfobia a lo largo de toda su vida. Cuando decidió dar el paso y vivir plenamente como mujer, su familia no reaccionó de forma favorable. En numerosas ocasiones, se vio obligada a renunciar a los vestidos y al maquillaje, mientras le exigían que se cortara el cabello. Aunque hasta entonces habían tolerado lo que percibían como su “homosexualidad”, aceptar su transición fue un proceso que resultó demasiado difícil para ellos. Con el tiempo, comenzó a tomar hormonas femeninas, suministradas por otras mujeres trans que, como ella, no tuvieron acceso a atención médica especializada.

“Para una mujer trans en un país que no reconoce su identidad de género, el camino hacia la estabilidad está infinitamente más lejos que para cualquier persona cisgénero.”

El 11 de julio de 2021, durante las mayores protestas antigubernamentales en Cuba, en su natal Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, “La Pichu” salió a las calles no solo para protestar contra la crisis económica que afectaba su vida, sino también para alzar la voz contra la transfobia que había sufrido. Para una mujer trans en un país que no reconoce su identidad de género, el camino hacia la estabilidad está infinitamente más lejos que para cualquier persona cisgénero. Ese día, la arrestaron junto a su hermano menor, Luis Manuel, conocido como “Pini”, quien salió en libertad semanas después bajo medida cautelar y recibió una multa de mil pesos cubanos.

Al encontrarse tras las rejas y sin acceso a un sistema de salud que reconociera su identidad de género ni le proporcionara las hormonas necesarias, Brenda se vio forzada a interrumpir su transición. En prisión, volvió a enfrentarse a la transfobia, pero esta vez en su forma más cruda y extrema.

Transfobia, el castigo por existir

Desde su detención, Brenda pasó por varios centros penitenciarios, incluyendo el Técnico de Cuatro Caminos, en Guanajay, donde, según denuncias, no recibió atención médica adecuada pese a padecer VIH, gastritis crónica y cálculos renales. Posteriormente la trasladaron al campamento de Reloj Club, en Boyeros, y luego a la prisión conocida como Panamá, destinada a personas con VIH, donde permaneció hasta su excarcelación el pasado 18 de enero. En todos estos lugares, fue tratada conforme a su identidad legal masculina, ya que no había realizado el cambio legal de nombre, además, la obligaron a cortarse el cabello.

Brenda fue juzgada ocho meses después, entre los días 7 y 11 de marzo de 2022, junto a más de treinta manifestantes, bajo la causa 23, sentencia 20 de 2022. El juicio, relacionado con los sucesos del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena tuvo lugar en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. Durante el proceso se violentó su identidad de género, pues se la trató como hombre y se la revictimizó mediante el uso de su dead name. La Fiscalía incluso utilizó el vestido de flores que llevaba puesto ese día como un elemento en su contra, sugiriendo que era un disfraz.

“Brenda Díaz fue una de las pocas personas que no obtuvieron una modificación en su medida. El tribunal confirmó su sentencia de 14 años de privación de libertad.”

El expediente destacaba su alias, “La Pichu”, y la describía como desvinculada laboralmente, aunque su madre explicó que Brenda intentó estudiar y trabajar, pero enfrentó discriminación por su identidad de género. Al momento de su detención, mantenía un pequeño negocio de arreglos de uñas en su casa y ocasionalmente cosía para vender.

El informe señalaba que los vecinos de Brenda la rechazaban, atribuyendo este rechazo a supuestas alteraciones del orden público. La sentencia afirmaba que Brenda participó en las manifestaciones del 11 de julio, lideró la protesta y saqueó tiendas, llevándose objetos como un ventilador, una olla de presión y confituras.

El fallo judicial se emitió un mes más tarde, el 8 de abril. De los cinco cargos que se le imputaron inicialmente, tres fueron retirados, y la condena original de 18 años se redujo a 14. Sin embargo, el 18 de junio de 2022, en la sala militar del Tribunal Supremo, se rechazó el Recurso de Casación presentado en el caso de Brenda Díaz. Fue una de las pocas personas que no obtuvieron una modificación en su medida. El tribunal confirmó su sentencia de 14 años de privación de libertad.

La vida de Brenda en prisión

Cuando Brenda recién llegó a la cárcel Cuba-Panamá, un recluso intentó agredirla sexualmente y cortarle la cara, pero ella logró defenderse. Como resultado, la llevaron a una celda de castigo, aunque más tarde fue liberada una vez que se aclararon los hechos. En noviembre de 2022, Ana María, su madre, denunció en redes sociales que un guardia de la prisión había empujado a Brenda por unas escaleras.

El 12 de febrero de 2023, otro guardia, al entrar al cubículo donde Brenda se encontraba con su compañero, expresó de forma despectiva: “Ya estoy harto de estos maricones”. Ante esto, Brenda le pidió que se expresara con más respeto, lo que desencadenó un forcejeo. El guardia la empujó contra la reja del cubículo y, más tarde, en el comedor, la agredió: la tomó por el cuello, la golpeó con una tonfa en los muslos y la confinó a una celda de castigo.

“La transfobia que Brenda Díaz sufrió durante todo el proceso penal es contraria a lo establecido en las leyes cubanas.”

De los 15 días que estuvo en la celda de castigo, Brenda pasó 12 sin acceso a agua para asearse, con lo mínimo para beber. Fue acusada de desacato y enjuiciada nuevamente. El juicio se celebró los días 14 y 18 de abril de 2023. Tras el juicio, Alas Tensas entrevistó a Ana María García, madre de Brenda Díaz, quien explicó que el proceso se dividió en dos sesiones. En la primera, el día 14, el guardia denunciado no se presentó, por lo que solo se escucharon las declaraciones de Brenda y su abogado. En la segunda sesión, el 18, el guardia cambió su versión, lo que dejó entrever que mentía, pues afirmó haberle dado solo un bastonazo a Brenda, mientras que el certificado de lesiones indicaba múltiples golpes.

No obstante, Brenda fue sancionada a siete meses adicionales de prisión, que implicaban perder los beneficios de buena conducta que había logrado. La transfobia que Brenda sufrió durante todo el proceso penal es contraria a lo establecido en las leyes cubanas.

Invisibilidad de la identidad de género

A nivel internacional, aunque existen algunos instrumentos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen la igualdad y la no discriminación, no hay leyes vinculantes específicas para las personas trans en prisión. Los Principios de Yogyakarta, aunque detallados, no son vinculantes, pero incluyen disposiciones importantes, como asegurar que se trate humanamente a las personas privadas de libertad, evitando la marginación o exposición al riesgo de violencia. También se establece que los Estados deben proporcionar atención médica adecuada, incluyendo tratamientos hormonales y de reafirmación de género si así lo desean las personas trans.

En Cuba, los derechos personales de las personas trans están limitados cuando el “sexo biológico” y la identidad de género no coinciden, por lo que están expuestas a vulnerabilidad y violencia. Aunque el artículo 42 de la Constitución cubana prohíbe la discriminación por identidad de género, casos como el de Brenda Díaz evidencian la falta de garantías legales específicas.

La Ley del Proceso Penal menciona explícitamente el concepto de identidad de género en dos ocasiones, en el contexto de las solicitudes de extradición y asistencia penal internacional. En el Artículo 723, se establece que la extradición no se concede si hay razones fundadas para creer que la solicitud tiene como objetivo perseguir o sancionar a una persona por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, entre otras circunstancias personales que violen la dignidad humana. Asimismo, en el Artículo 744, se establece un principio similar en las solicitudes de asistencia penal.

“Aunque el artículo 42 de la Constitución cubana prohíbe la discriminación por identidad de género, casos como el de Brenda Díaz evidencian la falta de garantías legales específicas.”

La Ley de Ejecución Penal 152/22 lo hace en cuatro ocasiones, aunque de manera difusa. Esta ley establece que las personas privadas de libertad tienen derecho a asistencia médica conforme a su identidad de género, pero no aclara si se les garantiza tratamiento hormonal o de otro tipo. Además, estipula que las mujeres deben ser ubicadas en cárceles separadas de los hombres, pero no aborda claramente el procedimiento para la ubicación de las personas trans.

El Decreto-Ley 74, reglamento de la Ley de Ejecución Penal 152/22, aprobado en 2023, en su artículo 19.2, menciona por única vez el término identidad de género, otorgando al jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios la facultad de decidir la ubicación y clasificación de los sancionados, si su orientación sexual o identidad de género afecta su convivencia en prisión, o si sufren afectaciones psicológicas graves debido a violencia o discriminación. De este último inciso pudieran hacer uso las personas trans, incluida Brenda, que sufrió en múltiples ocasiones, disímiles formas de discriminación.

Transfobia institucional

Sin embargo, en el momento que Brenda fue encarcelada regía el Reglamento del Sistema Penitenciario cubano de 2016, que establecía en su artículo 14 que los centros penitenciarios están separados por sexos, y el artículo 36 priorizaba este criterio para la clasificación de los internos. En Cuba, la modificación del sexo en el registro civil requiere cirugías genitales de afirmación de género, lo que limita a la mayoría, dejándoles sin reconocimiento legal de su identidad y, por ende, la posibilidad de que se las confine en prisiones masculinas.

Además, el reglamento incluía disposiciones sobre el rasurado y pelado de los internos, que se interpretan dentro de un sistema rígido y binario de sexo/género, donde se impone una visión biologicista de lo que debe ser la feminidad y la masculinidad.

Brenda fue discriminada por fuerzas del Estado en múltiples niveles. La ley no la reconoció como la mujer que es, ni le otorgó la protección o el trato que una mujer debería recibir, lo que evidencia la transfobia institucional y la necesidad de un marco legal específico que asegure los derechos fundamentales para las personas trans. Este vacío legal perpetúa violaciones de derechos humanos al no garantizar el respeto a la identidad de género como parte del libre desarrollo de la personalidad.

“El caso de Brenda Díaz evidencia la transfobia institucional y la necesidad de un marco legal específico que asegure los derechos fundamentales para las personas trans.”

En enero de 2023, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba anunció cambios en el reglamento penitenciario para reconocer los derechos de las personas trans, incluyendo el acceso a atención de salud y al cuidado de la imagen personal. Se ha señalado como un claro incumplimiento por parte de las autoridades, la falta de una implementación efectiva de las reformas prometidas por el CENESEX, como el reconocimiento de la identidad de género en los reglamentos penitenciarios. A pesar de que estas medidas se anunciaron en 2023, no se han producido cambios sustanciales hasta el momento.

En mayo de ese mismo año, la directora de Cenesex, Mariela Castro, aseguró que la madre de Brenda Díaz estaba tranquila con la situación de su hija en la prisión de Cuba-Panamá, lo cual Brenda y su madre desmintieron. Castro calificó de “sobredimensionada y llena de fantasías” la denuncia de la madre de Brenda. En respuesta a esa afirmación, Brenda Díaz envió un mensaje desde prisión en el que desmentía las palabras de Castro.

Excarcelación, no libertad

En las últimas dos semanas, más de cien prisioneros políticos cubanos han sido excarcelados, la mayoría de ellos habían sido detenidos a raíz de las masivas protestas del 11 de julio de 2021. El gobierno cubano anunció el 14 de enero la “liberación” de 553 personas condenadas, un movimiento que coincidió en el tiempo con la decisión de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y suspender el Título III de la Ley Helms-Burton.

Aunque las autoridades cubanas presentaron este acto como una decisión “unilateral y soberana”, como parte de un proceso gradual de liberaciones vinculadas a un diálogo con la Iglesia Católica, alegando que formaba parte del “espíritu del Jubileo Ordinario de 2025”, resulta evidente que se trata de una transacción política con Washington.

El viernes 17 de enero de 2024, alrededor de las 11:00 p.m., Brenda hizo una llamada telefónica que marcaría un antes y un después en su vida y en la de su familia. En la conversación, le comunicó a su madre, Ana María, que debía ir a buscarla a las 5:00 a.m., ya que había sido “liberada”. El anuncio de su excarcelación fue un alivio, pero también un golpe de incertidumbre, ya que, durante los días previos, su madre había vivido en una constante espera, viendo cómo otros prisioneros políticos, detenidos bajo cargos similares, obtenían su libertad.

“Brenda Díaz ha mantenido una postura desafiante ante las autoridades, como lo subraya su declaración posterior: «Las ideas no se matan, aunque nos encarcelen».”

Ana María, madre de Brenda, expresó a Alas Tensas cómo la emoción de la noticia estaba impregnada de una sensación de incredulidad. “Fueron varios días esperando, viendo cómo excarcelaban a varios de los presos políticos, hablando con sus madres, alegrándome por ellas, pero a la vez con mucha agonía porque no sabía si le iba a tocar a mi hija”.

A pesar de las difíciles condiciones de su encarcelamiento, Brenda ha mantenido una postura desafiante ante las autoridades, como lo subraya su declaración posterior: “Las ideas no se matan, aunque nos encarcelen”.

Sin embargo, la noticia también trajo consigo un claro recordatorio de las condiciones impuestas por el régimen cubano. “Mi hija salió bajo libertad condicional. Ella ya está en el trámite para hacerse su carnet de identidad. Quiere buscarse un trabajo para proponerlo y que no le impongan uno que ella no quiera. Ahora anda como loca, volviendo a la realidad”, nos cuenta Ana María.

Seguir luchando

Aunque Brenda ya no está tras las rejas, no se trata de una liberación plena, sino de una excarcelación bajo condiciones restrictivas que incluyen vigilancia constante y, además, la obligación de integrarse a un centro laboral.

La excarcelación en Cuba es una medida legal que permite a los reclusos cumplir el resto de su condena fuera de la prisión, pero bajo ciertas condiciones. Esta figura se aplica principalmente a través de dos modalidades: libertad condicional y licencia extrapenal.

La libertad condicional implica que la persona liberada sigue bajo supervisión judicial y debe cumplir con obligaciones como asistir regularmente al tribunal, mantenerse empleada o estudiar, y estar bajo vigilancia policial. Si incumple alguna de estas condiciones, puede ser reincorporada a prisión. Por otro lado, la licencia extrapenal se otorga en la mayoría de los casos por razones de salud, permitiendo que el condenado cumpla su sentencia fuera del centro penitenciario si su condición física lo hace incompatible con la reclusión. En ambos casos, aunque los reclusos no permanezcan en prisión, continúan bajo un régimen de control, lo que significa que no se trata de una liberación total, sino de una medida de flexibilización de la condena.

Desde el martes 21 de enero no se han registrado más liberaciones de prisioneros políticos. Esta pausa coincide con el regreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que tomó el presidente Donald Trump en su primer día de mandato. Hasta ahora, organizaciones como Cubalex han documentado la liberación de apenas 177 prisioneros políticos, un número considerablemente inferior a los 553 que el régimen cubano había prometido. Este proceso, marcado por la falta de transparencia, ha generado incertidumbre tanto entre las familias de los detenidos como entre los propios prisioneros.

Ana María, quien ya tiene a su hija consigo y disfruta un respiro para su familia, piensa que esta situación es también un recordatorio de las condiciones restrictivas a las que se enfrenta quien se oponga al régimen de la isla. “Brenda tiene tres enfermedades y yo padezco del corazón. Quiero que mi hija esté tranquila, pero yo sí voy a seguir luchando. Aún quedan muchos presos políticos, no son solo 553. Aún quedan muchas madres y familias que apoyar. Hemos sufrido demasiado”.