Violencia de género contra la mujer en Cuba: feminicidios, trata y explotación (Contribución a la CEDAW)

Informe de OGAT presentado en el 89 período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)), llevado a cabo en Ginebra, del 7 al 25 de octubre de 2024.

Autoras: Este informe fue desarrollado por el Observatorio de Género Alas Tensas y contó con la colaboración del Observatorio Cubano de Conflictos, 4Métrica, ConEnfoque y Civil Rights Defenders.

Ley integral contra la violencia de género y tipificación del feminicidio en el Código Penal

1. El debate sobre los Estudios de Género en Cuba es relativamente nuevo, en parte porque la violencia de género no ha sido plenamente reconocida y porque la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) mantiene un monopolio como la única organización legalmente autorizada para abordar temas relacionados con las mujeres. En los últimos años, gracias al apoyo de la cooperación internacional y al activismo independiente, algunos aspectos de la violencia de género han comenzado a ser reconocidos por las autoridades. Sin embargo, el reconocimiento de los feminicidios y de la violencia con sesgo de género siguen encontrando una fuerte resistencia oficial.
2. Lo anterior se evidencia en cuestiones claves como la negativa de incluir el feminicidio como delito en el Código Penal y la ausencia de una Ley Integral contra la Violencia de Género. A pesar de que la Constitución de 2019 establece la igualdad de género como un principio fundamental, y el Código Penal prevé sanciones para delitos relacionados con la violencia, estas medidas han demostrado ser insuficientes para ofrecer una protección adecuada a las mujeres, siendo así una deficiencia crítica en el sistema jurídico cubano.
3. Respecto al feminicidio puntualmente, el gobierno sostiene que las mujeres víctimas de "delitos contra su integridad corporal" -un término que engloba según este la violencia de género-, tienen acceso a mecanismos de protección previstos en el Código Penal. Sin embargo, este código carece de una tipificación específica, lo que representa una grave omisión en la lucha contra este tipo de violencia, en tanto se excluyen conceptos y fenómenos claves como el machismo, la misoginia y la propia violencia de género. Esta omisión refleja una falta de reconocimiento por parte del Estado de las dinámicas específicas de este tipo de violencia. 
4. Ahondando en la reticencia del gobierno para efectuar cambios urgentes en la ley, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) rechazó en 2022 de forma pública la petición de incluir el feminicidio en el Código Penal. Petición hecha por la ciudadanía y respaldada incluso por la diputada y directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín. La respuesta del presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, fue la de rechazar la enmienda, argumentando que la ley busca mantener la tradición y la coherencia con respecto a las figuras delictivas. Asimismo, dicho inmovilismo ha traído consigo la negativa de poner en vigor una Ley Integral contra la Violencia de Género, a pesar de que ha sido propuesta por diversas voces y directamente solicitada por 40 ciudadanas el 21 de noviembre de 2019. También fue solicitada en 2023 por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluyó el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), la Plataforma Yo Sí te Creo en Cuba, la Red Femenina de Cuba, el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, y DemoAmlat. La negativa institucional ante ambas solicitudes formales, carece de argumentos ante las cifras de asesinatos machistas y los testimonios de violencia de género que invaden las redes, los medios de comunicación independientes y los informes de denuncia de la sociedad civil. La falta de reconocimiento explícito del feminicidio en la legislación y la ausencia de una normativa integral que aborde la violencia contra la mujer, no solo minimiza la gravedad de estos crímenes, sino que también perpetúa una cultura de impunidad.
5. En febrero de 2023, diferentes organizaciones insistieron en el llamado al gobierno para crear un marco legal consecuente e independiente, esta demanda buscaba establecer un marco jurídico y ejecutivo capaz de romper con la cultura de impunidad en relación con la violencia de género. No obstante, el rechazo del gobierno a esta propuesta se convirtió en uno de los puntos de conflicto durante las movilizaciones organizadas por colectivos independientes en torno al Día Internacional de la Mujer. Las autoridades cubanas retrasaron la respuesta a los permisos solicitados para las manifestaciones, resultando en la detención arbitraria de algunas lideresas y en la criminalización de su activismo. Esta represión limitó el espacio de protesta a las redes sociales. Asimismo, la demanda de una Ley Integral contra la Violencia de Género fue excluida de la Agenda 2030 del gobierno cubano, perpetuando el inmovilismo y la ausencia de transformaciones consecuentes a la grave situación que enfrentan las mujeres en la isla. Cuba sigue siendo el único país en la región sin una legislación adecuada para proteger a las víctimas de violencia de género, lo que las deja en un vacío legal que no solo las desprotege, sino que también dificulta la obtención de justicia en casos de violencia machista.
6. La gravedad de esta situación subraya la necesidad urgente de una reforma legal que implemente políticas de protección efectivas para garantizar los derechos y la seguridad de las mujeres en Cuba. Sin una legislación integral y un compromiso genuino del Estado, la violencia de género continuará siendo un problema sistemático y estructural. La tipificación del feminicidio en el Código Penal cubano y la formulación de una Ley que aborde de manera extensiva e integral la violencia de género son medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad y la justicia para las mujeres en Cuba. Sin esta reforma, las mujeres cubanas continuarán enfrentando una lucha desigual contra un sistema que no reconoce plenamente sus derechos ni la gravedad de la violencia que enfrentan.

Disponibilidad de datos y estadísticas relativas a la violencia de género y feminicidios

1. En Cuba, la recopilación y publicación de datos sobre violencia de género y feminicidios ha sido un tema controvertido y delicado debido a la falta de transparencia del Estado al revelar estas cifras, la inacción de las autoridades, y la existencia de casos que ni siquiera llegan a ser atendidos. A lo largo de 2023, el gobierno cubano, junto con sus organizaciones y medios de comunicación afines, presentó cifras inconsistentes y poco claras sobre los feminicidios en la isla, sin detallar la metodología utilizada para registrar estos casos ni, en muchos de ellos, las fuentes empleadas. Uno de los datos más preocupantes y arbitrarios proporcionados por el Estado cubano en 2023 fue mencionado en diciembre, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Según las autoridades cubanas, hasta octubre de 2023 se registraron "117 hechos de muerte violenta de mujeres". 
2. Ante la poca información desplegada desde el gobierno y las falencias en las evaluaciones de los casos de feminicidios, iniciativas y organizaciones independientes como la Red Femenina de Cuba o los Observatorios de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, han asumido la responsabilidad de documentar estos casos y producir información, análisis y estadísticas al respecto, teniendo en cuenta que para 2023 Cuba fue el país de América Latina donde más han aumentado (en un 150%) los crímenes marcados por la violencia machista respecto al 2022, ello con base a los casos que se han podido verificar.
3. Aludiendo a la metodología seguida por OGAT, este registra los feminicidios utilizando la metodología establecida por el Ministerio de Igualdad de España en diciembre de 2021, la cual ha sido aplicada en ese país desde 2022, considerándola la más completa y equitativa para documentar los feminicidios. Esta metodología incluye, además del feminicidio por pareja o expareja, otras categorías como el feminicidio sexual, social, familiar y vicario. Para 2023, OGAT decidió incorporar una nueva categoría: el feminicidio ginecobstétrico, lo cual ayuda a reflejar de manera más precisa la violencia machista y sus efectos en las familias y la sociedad, promoviendo la implementación de políticas de prevención y reparación para las víctimas, sobrevivientes de la violencia y sus familiares.
4. Aludiendo a los datos recopilados por OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba, se han registrado un total de 243 feminicidios entre el año 2019 y agosto de 2024. Ahondando en las cifras del último año se registraron 89 feminicidios, de los cuales el 85,39% (76 casos) fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Este tipo de feminicidio continúa siendo el más común, lo que pone de manifiesto las profundas desigualdades de poder entre géneros en las relaciones de pareja. Estos crímenes reflejan el impacto del machismo en la sociedad, donde persiste la idea de posesión de los hombres sobre las mujeres en el contexto de relaciones afectivas e íntimas. Es relevante señalar que, además de los feminicidios perpetrados por parejas o exparejas, también se han identificado otras modalidades, como los feminicidios de tipo sexual (5), social (4), y familiar (3), además de un caso de feminicidio ginecobstétrico, una categoría que ha sido añadida recientemente. Esta variedad en los tipos y contextos en los que ocurren los feminicidios subraya la complejidad del problema y la necesidad urgente de abordarlo de manera integral.
5. Respecto a la relación del victimario con la víctima, se reafirma la fuerte relación entre el tipo de feminicidio y el vínculo con el agresor. Durante el último año, se ha observado que más de dos tercios de los feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, representando específicamente 76 de los 89 casos registrados. De estos, 42 feminicidios fueron perpetrados por exparejas y 34 por parejas actuales. La categoría de "conocidos" (6 casos) generalmente involucra a hombres del entorno comunitario, mientras que la categoría "familiar" (3 casos) incluye a hombres del círculo familiar de la víctima. En 2 casos, no se ha podido determinar con certeza la relación entre la víctima y el agresor. Es relevante destacar que el feminicidio ginecobstétrico se ha clasificado bajo la categoría de "Otros", donde se identifica a la institución de salud como responsable directo de la muerte de la mujer.
6. Aludiendo a la distribución geográfica de los hechos y dividiendo la isla en sus tres regiones tradicionales, se observa que en la zona occidental se reportaron 37 feminicidios, 19 en la región central y 33 en la oriental. La Habana, capital del país y provincia más densamente poblada, encabeza la lista con 11 feminicidios. Le siguen Matanzas y Santiago de Cuba, con 9 casos cada una, mientras que Holguín y Granma registraron 8 feminicidios cada una. En contraste, Cienfuegos fue la provincia con el menor número de feminicidios verificados, con solo 2 casos registrados. En el municipio especial Isla de la Juventud no se pudo verificar ningún feminicidio, aunque esto no descarta la posibilidad de que hayan ocurrido. 
7. En cuanto a la distribución mensual de los feminicidios, se observa que en todos los meses se verificó al menos un caso. Sin embargo, los meses con el mayor número de feminicidios fueron junio, con 14 casos, y octubre, con 11. En junio, el promedio fue de más de tres feminicidios por semana. Es importante destacar que, en comparación con el año 2022, se repite un patrón similar, ya que junio (6) y octubre (6) fueron los meses con mayor incidencia de crímenes de género. En cuanto a la ubicación de los feminicidios, OGAT determinó que 70 de los 89 feminicidios confirmados en 2023 ocurrieron en el hogar de las víctimas, reiterando que, una vez más, el lugar más peligroso para las mujeres es su propia vivienda. En relación con las edades, destaca que el grupo de mujeres más afectado es el de entre 31 y 45 años, con un total de 39 víctimas en esta franja etaria.
8. Finalmente, teniendo en cuenta que los feminicidios no solo afectan directamente a las mujeres asesinadas, sino que también tienen un impacto en sus familias, especialmente en aquellas personas dependientes de la víctima, como hijos menores o padres ancianos bajo su cuidado, de los 89 feminicidios registrados en 2023, se estima que la mayoría de las mujeres asesinadas (68 en total) tenían personas dependientes, principalmente hijos. Según los datos de OGAT y YSTCC, el número total de personas que perdieron el cuidado debido a estos feminicidios asciende a 126. 
9. En lo que corresponde a los victimarios y sus antecedentes y a pesar de las dificultades derivadas de la falta de transparencia de los organismos jurídicos, policiales y legales en Cuba, se intentó confirmar la existencia de denuncias previas, así, en 2023, OGAT verificó que en 12 casos había este tipo de denuncias por violencia machista, y que, si se hubieran seguido los protocolos adecuados, estos feminicidios podrían haberse evitado. Sin embargo, en 48 casos no se pudo confirmar esta información debido a la falta de transparencia. Estas cifras destacan la importancia de realizar análisis estadísticos exhaustivos para identificar y comprender la violencia de género en todas sus manifestaciones, así como la necesidad de una respuesta integral y efectiva para abordar este grave problema social.

Esfuerzos y protocolos para prevenir la violencia de género

10. En cuanto a los protocolos establecidos para prevenir y afrontar la discriminación y la violencia de género, estos son precarios teniendo en cuenta la ausencia de leyes y estrategias integrales para ello. Como se mencionó, mecanismos existentes, como el Código Penal y el Código de las Familias, no incluyen tipificaciones específicas como el feminicidio, y los protocolos de prevención y respuesta son insuficientes. Además, las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos, como las mujeres afrodescendientes, las mujeres rurales y las activistas de derechos humanos, enfrentan una situación de doble vulnerabilidad, pues no solo sufren la violencia de género, sino que también enfrentan la discriminación institucional y la falta de acceso a recursos y protección. En lo que respecta a los derechos del sector social LGTBIQ+ y las dinámicas relativas a la orientación sexual y la identidad de género, se han evidenciado ciertos  avances positivos en el reconocimiento de la diversidad sexual a nivel normativo y en políticas públicas. Las Jornadas contra la homofobia y la transfobia, que se celebran anualmente desde mayo de 2008, reflejan una apertura institucional hacia los derechos de las personas LGBTIQ+, aunque su cobertura mediática interna es limitada, y la sensibilización sobre la discriminación hacia estas personas se reduce sólo a estas jornadas”.
11. Un avance significativo en el marco de la aprobación del nuevo Código de Familias, es que se permite el matrimonio entre personas del mismo género, contribuyendo a reducir la discriminación y violencia hacia este grupo. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, especialmente en lo que respecta al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género para las personas trans. La ausencia de derecho a la libre asociación, manifestación y reunión, limita el desarrollo pleno de las personas LGBTIQ+ y de las mujeres en general, por ejemplo, en el caso de las mujeres lesbianas, estas a menudo enfrentan insultos y exigencias de servicios sexuales durante detenciones; en el caso de las mujeres lesbianas afrodescendientes, estas enfrentan una triple discriminación, recibiendo peores tratos debido a su raza, género y expresión de género. 
12. Trascendiendo lo anterior, es preciso tener en cuenta que la mayoría de iniciativas en pro de la eliminación de la violencia de género y la situación de las mujeres en general, se han gestado de manera independiente. Así, se han llevado a cabo diversas campañas y proyectos como el  colectivo Casa Palanca, enfocada en apoyar a las mujeres periodistas independientes; la iniciativa de la Alianza Cubana por la Inclusión (ACI), que creó una guía sobre la violencia política contra las mujeres y desarrolló un estudio que reveló que el 96.8% de las mujeres encuestadas sentía que estaba expuesta a violencia política simplemente por ser activista o por actuar en el ámbito público (de las 62 mujeres entrevistadas, el 71% reportó haber sufrido violencia en redes sociales, mientras que el 93.8% sufrió violencia psicológica y el 43.8% violencia física. Además, la Red Femenina de Cuba lanzó la campaña "Tenemos Nombre" para promover una Ley Integral contra la Violencia de Género, y YSTCC coordinó campañas como "Por refugios para mujeres y sus hijes en Cuba ¡YA!" y "Fin al Matrimonio Infantil en Cuba".
13. Respecto a los refugios para las mujeres, es preciso anotar que la cobertura de albergues para mujeres y niñas supervivientes de violencia doméstica y otras formas de violencia de género es inexistente, lo cual refleja una brecha significativa en la protección y apoyo a las víctimas.  Iniciativas como la plataforma de acompañamiento de YSTCC, que proporciona asesoría jurídica y sicológica, así como el Directorio de Ayudas y Recursos para las Víctimas de Violencia de Género compilado  por el OGAT, han sido importantes en la visibilización de los derechos  y   recursos disponibles para las víctimas en la isla, incluidos servicios de apoyo oficiales. Dicho Directorio, es uno de los pocos recursos en la Isla destinados a recopilar y difundir información sobre lugares donde las mujeres pueden recibir apoyo.  La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres destaca  la necesidad de crear una red completa de albergues y servicios especializados para estas personas. Las organizaciones independientes han hecho un llamado para que se desarrollen albergues  y se amplíen los servicios de apoyo, particularmente para grupos vulnerables como mujeres con discapacidades quienes no siempre pueden acceder a estas redes dada su condición.
14. Lamentablemente, los esfuerzos de estas acciones alternativas resultan insuficientes a largo plazo sin una intervención estatal adecuada y sin la posibilidad legal de adquirir fondos e implementar proyectos de forma independiente. Frente a las  entidades que no cumplen de manera efectiva con su deber, y que son responsables por ley  de apoyar a las víctimas de violencia de género y a supervivientes, la sociedad civil se ha visto obligada a asumir esta responsabilidad. Estas  organizaciones continúan enfrentando los desafíos impuestos por el statu quo para satisfacer la creciente demanda de estos servicios esenciales a la vez que intentan  llenar el vacío dejado por la falta de políticas públicas efectivas, y los efectos de la insuficiencia de medidas gubernamentales para abordar la crisis de la violencia de género en Cuba.
15. La precariedad en los servicios para atender casos de violencia de género, además de evidenciarse en la ausencia de iniciativas claras -que han tenido que ser desarrolladas por la ciudadanía independiente-, se refleja también en la situación que persiste en lugares como hospitales, centros para personas con discapacidad, centros de menores, entre otros. En los centros de detención -por ejemplo-, las denuncias de violencia de género y malos tratos contra mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres trans o activistas políticas son frecuentes. Los abusos físicos, psicológicos y sexuales durante la detención son persistentes, como se evidenció en un informe sobre el uso de la violencia sexual en las cárceles cubanas. La falta de mecanismos efectivos de denuncia y protección, junto con la ausencia de monitoreo independiente, agrava la situación, permitiendo que estas prácticas continúen sin consecuencias para los perpetradores, que en el caso de las defensoras de los derechos humanos, son las mismas fuerzas estatales. 
16. En los hospitales psiquiátricos y centros para personas con discapacidad, la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia de género es considerablemente alta debido a la relación de dependencia con sus cuidadores y la falta de supervisión externa. La ausencia de políticas públicas claras y protocolos diseñados para proteger a estas mujeres, así como la escasa investigación de denuncias de abusos, genera un entorno de inseguridad. La invisibilidad de la violencia se ve exacerbada por el estigma asociado y el miedo a represalias.
17. Las adolescentes y niñas en centros de menores también están expuestas a la violencia de género, con denuncias de violencia sexual como castigo. Un caso alarmante en Holguín reveló la acusación contra un subdirector de escuela por la violación de una alumna, subrayando la gravedad del problema y la falta de medidas preventivas en las instituciones educativas cubanas. La carencia de formación del personal en violencia de género y la ausencia de protocolos específicos limitan los esfuerzos preventivos, dejando a estas jóvenes en una situación de extrema vulnerabilidad. En resumen, aunque el gobierno cubano ha declarado la importancia de proteger a las mujeres, los esfuerzos para prevenir la violencia en estas instituciones han sido insuficientes. La falta de transparencia, supervisión independiente y protocolos adecuados contribuye a un entorno en el que la violencia de género puede ocurrir sin consecuencias para los perpetradores ni reparación para las víctimas. Las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han instado al Estado a mejorar sus políticas, pero los avances son limitados y su ejecución casi nula.

Trata y explotación de la prostitución

18. En Cuba, las iniciativas para prevenir y erradicar la trata de personas, especialmente en casos de explotación sexual de mujeres afrodescendientes y del medio rural, han enfrentado serias limitaciones en cuanto a su implementación y disposición de recursos. A pesar de que el gobierno ha ratificado tratados internacionales para combatir el tráfico humano -Cuba firmó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena en 1952- y pese a la aprobación del Plan de Acción Nacional (PAN) 2023-2026 para combatir la trata, la ausencia de datos oficiales y los problemas de transparencia de estos, impiden una evaluación precisa de los avances en esta materia. 
19. En la última década, Cuba ha procesado al menos 128 casos de trata de personas, según informes gubernamentales. Pese a los posibles subregistros, los documentos oficiales confirman que delitos como la corrupción de menores, la explotación sexual infantil, el proxenetismo y los abusos sexuales son preocupantes en la sociedad cubana. Un patrón alarmante es que muchas mujeres y niñas caen víctimas de la trata por parte de personas cercanas, como familiares o conocidos. Entre 2011 y 2022, se presentaron 124 casos de trata ante los Tribunales Populares Provinciales de Cuba, la mayoría de estos casos involucraron proxenetismo y corrupción de menores, con 61 casos cada uno, enfocados en la explotación sexual de mujeres y niñas cubanas, asimismo, el 96 % de los casos presentados en los informes cubanos ocurrieron en territorio nacional. Para 2021, solo 12 personas fueron juzgadas en Cuba por trata de personas, la cifra más baja en los últimos años, posiblemente debido a la pandemia, de los 10 casos que llegaron a los tribunales en dicho año, ocho estuvieron relacionados con la corrupción de menores y dos con proxenetismo y trata de personas, todos en la modalidad de explotación sexual. En comparación, en 2019 y 2020 se juzgaron 15 casos, mientras que en 2018 fueron 21 y en 2017, 20. Aunque la información disponible ofrece una visión sobre la problemática, siguen faltando datos cruciales para planificar estrategias efectivas que aborden las necesidades específicas de las mujeres, quienes enfrentan situaciones e impactos diferenciados. 
20. Las campañas de sensibilización son escasas en las zonas rurales y comunidades marginadas, donde niñas y mujeres son más vulnerables a caer en redes de trata y explotación sexual, especialmente debido a que la crisis afecta más a estas áreas que a las urbanas. La carencia de redes comunitarias y programas de apoyo enfocados en estas poblaciones aumenta su vulnerabilidad frente a la violencia de género y la explotación sexual. Ante la insuficiente intervención estatal, las organizaciones de la sociedad civil han tratado de llenar este vacío con iniciativas propias, pero sus esfuerzos criminalizados por demás,  no alcanzan a abordar la magnitud del problema, que afecta a mujeres cisgénero, mujeres trans y niñas en diferentes entornos, convirtiéndolas en víctimas del llamado turismo sexual. La violencia de género, exacerbada por la falta de oportunidades educativas y económicas en las zonas rurales, expone a las niñas a un mayor riesgo de explotación sexual y trabajo forzado. La ausencia de programas de prevención dirigidos a estas comunidades y la falta de una protección legal sólida perpetúan un ciclo de vulnerabilidad, dejando a estas poblaciones en una situación crítica.
21. Al respecto, el Informe sobre Trata de Personas 2023 emitido por Estados Unidos critica a Cuba por su insuficiente esfuerzo en la lucha contra la trata de personas. El documento subraya que en 2021 las autoridades cubanas no investigaron casos de trata y que continuaron coaccionando a las personas para participar en programas de exportación de mano de obra, como las misiones médicas "internacionalistas".
22. A partir de lo expuesto en el presente informe, las organizaciones que suscriben este informe consideran fundamental que Cuba se adhiera y ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asimismo, se destaca la necesidad de incluir el feminicidio como un delito específico en el Código Penal, de modo que el asesinato de una mujer por razones de género sea reconocido como tal y no clasificado como homicidio. 
23. Se insta también a la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, que debe ser desarrollada con la participación activa de grupos feministas. Junto con esto, se propone crear una red de refugios para mujeres que son víctimas de violencia machista, garantizando tanto su seguridad como una atención adecuada. Es crucial establecer protocolos con perspectiva de género para las desapariciones de niñas y mujeres, integrando la participación de la comunidad y formando alianzas entre los sectores público y privado. Además, es necesario diseñar y aplicar mecanismos que permitan declarar el Estado de Emergencia en caso de un aumento significativo de la violencia de género en el país.
24. También se considera esencial que el Observatorio de Género publique las cifras de feminicidios de la última década con información actualizada y siguiendo los debidos protocolos para su seguimiento; si estos datos no están disponibles, deben publicarse estadísticas desagregadas por género que permitan a los observatorios independientes determinar si los homicidios registrados corresponden a feminicidios. Además, se sugiere crear una red de centros de atención integral que ofrezca apoyo psicosocial, asesoría jurídica y laboral, seguridad, manutención y alojamiento a mujeres, menores y personas dependientes que han sufrido violencia de género. Es crucial implementar un plan educativo en materia de género que abarque todas las instituciones del Estado, con evaluaciones periódicas, especialmente en aquellas que trabajan directamente con sobrevivientes de violencia machista y sus familias. En esta línea, se recomienda diseñar y ejecutar un programa de educación de género adaptado a las escuelas y otros centros de formación.
25. Es imperativo garantizar de inmediato y sin restricciones el derecho a la reunión, asociación y manifestación, no solo para las mujeres que luchan contra la violencia de género y las asociaciones feministas cubanas que enfrentan criminalización, sino para todos los ciudadanos cubanos. Además, se deben establecer mecanismos efectivos que aseguren el acceso al empleo, salud, educación y justicia para personas trans, mujeres afrodescendientes, de zonas rurales y personas con discapacidad. Finalmente, se propone promover la participación de activistas feministas independientes y otras organizaciones de mujeres de la sociedad civil en la creación de leyes y políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres, combatan la feminización de la pobreza y enfrenten el aumento de la violencia de género. Es esencial garantizar el acceso a los medios de comunicación masiva para difundir campañas de interés público, denuncias, alertas tempranas y programas educativos con enfoque de género.

Nota

¹ Leer en Cubadebate: "Diputados cubanos aprueban nueva Ley del Código Penal (+ PDF)"