Joven cubana denuncia amenaza de desalojo

Una familia originaria de Guantánamo denunció en video el acoso de autoridades que intentaron obligarla a abandonar una vivienda levantada por esfuerzo propio.

Una denuncia de desalojo difundida en video mostró a una familia cubana originaria de Guantánamo mientras era presionada por autoridades para abandonar la vivienda que construyó por sus propios medios en otra provincia del país. Según el testimonio, los funcionarios les exigieron demoler el inmueble y regresar al lugar que figura en su carné de identidad.

Durante el incidente, la familia también denunció la presencia de la guardia después de que uno de sus integrantes comenzara a grabar lo ocurrido. El video registra un momento de tensión en el que los afectados cuestionan la actuación oficial y rechazan la orden de abandonar el lugar. La escena refleja un patrón de acoso institucional vinculado al control de residencia y a la precariedad habitacional.

La vivienda, entre la necesidad y la burocracia

De acuerdo con el relato difundido, las autoridades argumentaron que la familia debía “solicitar un terreno” al Estado. Sin embargo, el propio testimonio presenta esa salida como una respuesta sin efecto real. La familia asegura que llevaba años pidiendo ayuda sin obtener solución, primero en Guantánamo y luego en la provincia donde reside actualmente.

En ese contexto, la denuncia subraya una crisis de vivienda que obliga a muchas personas a resolver por cuenta propia una necesidad básica. El testimonio incorpora además la voz de una madre con seis hijos, cuya situación muestra el impacto diferenciado que estas políticas tienen sobre las mujeres, especialmente cuando asumen responsabilidades de cuidado en condiciones de precariedad.

Migración interna y control territorial

Uno de los elementos centrales del caso es la referencia de los funcionarios a la dirección del carné de identidad. Esa exigencia coloca en el centro la migración interna en Cuba, un fenómeno atravesado por restricciones administrativas que, en la práctica, pueden traducirse en exclusión y vulnerabilidad para quienes se desplazan en busca de mejores condiciones de vida.

La persona que graba resume esa situación en una cita directa:

“Mira, aquí ellos me echaron el guardia porque yo estaba grabando y según ellos no tenían ningún delito. Aquí estaba mi mamá discutiendo simplemente porque ellos se refirieron a que teníamos que demoler y teníamos que irnos para donde teníamos la dirección del carnet, cuando muchos de ellos son orientales igual que nosotros. Si vinimos para otra provincia es porque igual teníamos necesidad y estábamos aún peor.”

Un caso que trasciende lo individual

La denuncia expone una vulneración de derechos que no se limita a una sola familia. También revela cómo la falta de respuesta estatal ante la necesidad de vivienda puede derivar en nuevas formas de desprotección para personas ya empujadas a la precariedad. En este caso, la amenaza de demolición y la presión para abandonar el inmueble resumen una tensión persistente entre necesidad habitacional, burocracia y control territorial.

El caso vuelve a situar en la agenda pública una pregunta de fondo: qué ocurre con quienes, sin acceso efectivo a soluciones oficiales, construyen un hogar por necesidad y terminan enfrentando sanciones o expulsión dentro de su propio país.