EE.UU. sanciona a más de 100 funcionarios nicaragüenses tras la muerte de Brooklyn Rivera
La ONU alerta sobre el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y EE.UU. califica al régimen de Ortega como “enemigo de la humanidad”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 8 de junio restricciones de visado contra más de 100 funcionarios del gobierno de Nicaragua y sus familiares, en respuesta a la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito Brooklyn Rivera. Rivera, de 73 años, falleció el 30 de mayo tras más de 970 días de encierro. Era una de las figuras más prominentes de la costa caribeña nicaragüense y líder del partido indígena YATAMA, y había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023.
Desde su cuenta en X, el secretario de Estado Marco Rubio calificó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como “enemigo de la humanidad” y advirtió que “la administración Trump no ignorará sus crímenes y su brutalidad”, incluido el papel singular que jugaron en la muerte de Rivera.
El comunicado del Departamento de Estado señala de manera particular a Lumberto Campbell Hooker, miembro del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y operador político cercano a la pareja gobernante, por su presunta participación en la negativa de atención médica al líder indígena. Con las nuevas medidas, el número de funcionarios nicaragüenses y sus familiares que han sido sancionados con restricciones de visado por Estados Unidos supera los 2350 individuos.
La ONU alerta sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua
La respuesta de Washington llega tras un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado el 3 de junio. El comunicado califica como “un acto de crueldad” el hecho de que el gobierno de Nicaragua no permitiera a la familia de Rivera decidir sobre los ritos funerales ni el lugar de entierro de sus restos.
El organismo también denunció la desaparición forzada de siete familiares que se habían acercado a reclamar el cuerpo, mientras, desde el exilio, Tininiska Rivera, hija del líder indígena, confirmó que a pesar de que su padre ya había fallecido, su cuerpo seguía secuestrado por el gobierno.
Según el comunicado del ACNUDH, los mecanismos de derechos humanos de la ONU han seguido el caso desde 2023, expresando en varias ocasiones su preocupación por la vida, la integridad física, la salud y el bienestar de Rivera. En agosto de 2025 escribieron al gobierno nicaragüense sobre su detención arbitraria y desaparición forzada, solicitando pruebas de vida. No recibieron respuesta.
El ACNUDH insistió en que el caso de Rivera no puede desvincularse de un contexto de “grave y sostenido deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, con un patrón reconocible de represión que incluye desapariciones forzadas, incomunicación de los detenidos y condiciones de detención que podrían constituir tortura u otros tratos crueles. Un informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, publicado en marzo de 2026, describió la represión y persecución de las autoridades como sistemáticas y constitutivas de crímenes contra la humanidad.
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