La salida a la crisis eléctrica cubana pasa por una transición democrática

La Asociación Sindical Independiente de Cuba exige auditorías ciudadanas y participación de los trabajadores para reconstruir un sistema eléctrico en ruinas.

La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) publicó un informe en el que sostiene que la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no es un problema técnico o coyuntural sino el reflejo de una crisis estructural con consecuencias directas sobre la vida, la salud, el trabajo y la dignidad de millones de cubanos.

El documento, elaborado junto al Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales, plantea que la única salida sostenible pasa por vincular la reconstrucción energética a una transición democrática real, con participación de los trabajadores del sector.

Una caída sostenida de la generación

Según los datos citados por la ASIC, consistentes con cifras oficiales del régimen, la generación eléctrica bruta del país cayó de más de 19 mil GWh en 2020 a poco más de 14.3 mil GWh en 2024, mientras la capacidad instalada se redujo de 6660 a 5345 megavatios en el mismo período.

El diagnóstico identifica cuatro causas principales de esta caída: insuficiencia de generación disponible; dependencia crítica de combustibles fósiles, que representan más del 80% de la matriz eléctrica del país; envejecimiento de las plantas térmicas; y deterioro de las redes de transmisión y distribución. Las energías renovables, pese al potencial reconocido del país, apenas aportaron un 5% de la electricidad generada en 2023. Esa fragilidad se ha traducido en colapsos nacionales de la red que ya no son excepcionales.

El impacto de los apagones no se limita a lo económico. Estudios recientes evidencian niveles extremadamente severos de depresión (55.4%), ansiedad (66%), estrés (65.8%) y desesperanza (83%) en la población cubana debido a los apagones, y más del 90% de ellos advierte que los cortes eléctricos afectan su salud mental y física. Los largos y frecuentes apagones impiden la realización de tareas cotidianas esenciales como cocinar, dormir, trabajar o mantener contacto social.

Las causas de la crisis energética cubana

La crisis energética también se ha visto agravada por la presión de Washington. En junio, el Departamento del Tesoro sancionó a la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), el monopolio estatal que controla la extracción, refinación y distribución de hidrocarburos en la isla. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al gobierno cubano de usar la energía como herramienta de control social y de priorizar el combustible para sus estructuras militares y de seguridad interna.

Sin embargo, la propia ASIC insiste en que atribuir la crisis a las sanciones estadounidenses simplifica un problema que se gestó durante años de falta de inversión, ausencia de mantenimiento, decisiones económicas erróneas y, sobre todo, opacidad institucional. La organización enmarca la debilidad del sistema eléctrico dentro de un patrón más amplio de concentración del poder: cita el bajo puntaje de Cuba en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (40 sobre 100) y la caracterización que hace Freedom House del país como un Estado de partido único sin pluralismo político.

Los trabajadores como actores imprescindibles para la reconstrucción

El eje central del informe es que ninguna reforma energética será viable ni justa si se diseña sin la participación libre de quienes conocen el sistema desde dentro: técnicos, operarios de termoeléctricas, linieros y trabajadores de sectores conexos como la salud, el agua o la agricultura. La ASIC recuerda que Cuba ha ratificado los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y negociación colectiva, pero denuncia que el modelo sindical oficial cubano excluye en la práctica a las organizaciones independientes.

El documento propone quince líneas de acción para una “transición energética democrática”, entre ellas: una auditoría técnica, financiera y social independiente del sistema eléctrico; protección prioritaria para hospitales, escuelas y hogares con personas electrodependientes; expansión de energías renovables con almacenamiento y modernización de redes; creación de microrredes comunitarias; separación institucional entre regulación, operación y generación eléctrica; licitaciones transparentes para la inversión privada; y una política de transición laboral justa que evite despidos sin protección.

La organización también pide a la OIT y a la cooperación internacional condicionar cualquier apoyo técnico o financiero a estándares de transparencia, derechos laborales y participación ciudadana.

El informe concluye que los apagones no son, como los presenta el régimen, “un accidente inevitable” sino el resultado de décadas de concentración del poder y falta de rendición de cuentas, y que la reconstrucción del sistema eléctrico cubano requerirá, al mismo tiempo, avances hacia la libertad sindical y la apertura democrática.

Los datos documentan la gravedad de una crisis que combina factores estructurales internos con el peso de las sanciones externas y, sobre todo, la ausencia de mecanismos independientes de control sobre la gestión del Estado en un país donde, según el propio diagnóstico citado por la ASIC, la falta de información pública confiable impide hoy medir la magnitud real del problema.