A cinco años del 11J, Cuba ha perfeccionado su maquinaria represiva

Prisoners Defenders y Consorcio Justicia alertan que la estrategia represiva del régimen cubano se orienta a la neutralización preventiva de ciudadanos críticos.

A pocos días de cumplirse el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, un informe de las organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio Justicia concluye que, lejos de reducir la represión política, el régimen cubano la ha perfeccionado.

El estudio analiza 114 casos de personas cuya detención o encarcelamiento se produjo entre enero y junio de 2026, la mayoría por ejercer derechos como la manifestación pacífica, la libertad de asociación o la libertad de expresión. Aunque los datos de junio no están cerrados todavía, ya se contabilizan más de 35 nuevos presos políticos ese mes, lo que permite anticipar que la lista completa superará los 1300 presos políticos.

De la represión reactiva a la represión preventiva

El hallazgo central del informe es un cambio de estrategia: el régimen ha desplazado parte de su capacidad represiva desde la reacción a la protesta hacia la identificación preventiva de ciudadanos críticos, mediante vigilancia digital, seguimiento territorial y criminalización penal anticipada. En otras palabras, ya no espera a que la protesta ocurra, sino que actúa antes.

Cuba ha sumado más de 2100 presos políticos en sus cárceles desde julio de 2021, de los cuales más de 1960 han ingresado en prisión desde entonces, y solo en los últimos seis meses se han incorporado 175 nuevos nombres al registro de Prisoners Defenders. De ese universo, 114 casos corresponden a personas detenidas por manifestarse, asociarse o expresarse: 79 por protestas pacíficas (casi el 70%), 22 por vigilancia digital (casi el 20%) y 13 por otras formas de represión política.

Mujeres golpeadas, aisladas y en huelga de hambre

El informe documenta cómo la represión alcanza también a mujeres, muchas veces como blanco directo o como forma de castigar a sus familiares. El caso más citado es el de Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, ex presa política del 11J, detenida de nuevo el 2 de junio durante una protesta en Santa Amalia (La Habana) por la falta de agua y los apagones. Según la denuncia recogida por los investigadores, la policía la introdujo por la fuerza en el patrullero mientras la golpeaban y le impedían respirar; ya recluida, inició una huelga de hambre en la prisión de mujeres de Occidente. Su detención implicó la revocación del beneficio penitenciario que había obtenido en 2025 tras una negociación con la Iglesia Católica, lo que para los autores del informe demuestra que aquellas excarcelaciones, al no eliminar las condenas, no representaron una reducción real de la represión.

Otro episodio recogido es el de la madre de Antonio Lázaro Fernández Borges, detenido tras las protestas del 23 de marzo en Minas (Guanabacoa). Cuando intentó explicar a los agentes que su hijo se entregaría voluntariamente, fue golpeada, inmovilizada, lanzada al suelo y pateada mientras ya estaba reducida; la familia conservó mechones de cabello arrancados durante la agresión. El informe también identifica a tres mujeres detenidas tras esas protestas —Liadne Calzada, Melissa Martínez Díaz y Nuvisleidys Lloré García—, una de las cuales fue arrestada en su trabajo sin poder organizar el cuidado de su hijo menor, que quedó solo en casa.

Nueve adolescentes tras las rejas

Entre los 114 casos estudiados, nueve son menores de edad, de entre 15 y 17 años, todos arrestados en el contexto de protestas u operativos represivos masivos. La mayor concentración se produjo en dos episodios: las protestas del 13 de marzo en Morón (Ciego de Ávila) por los apagones y la escasez, con cuatro adolescentes detenidos; y la redada del 22 de junio en Contramaestre (Santiago de Cuba), donde ocho personas —cuatro de ellas menores— fueron arrestadas tras el incendio de un museo local, acusadas de sabotaje sin que hasta la fecha haya pruebas que sustenten la acusación.

El informe advierte que, en Cuba, ese tipo de acusaciones puede derivar en juicios ante tribunales militares incluso tratándose de civiles menores de edad.

Vigilancia digital: la nueva frontera represiva

El segundo gran mecanismo identificado por el informe es el control del espacio digital. Veintidós personas fueron procesadas por actividades relacionadas únicamente con la libertad de expresión en internet: opinar, grabar actuaciones policiales, fotografiar carteles críticos o compartir denuncias sobre abusos y protestas.

El caso más grave es el del humorista y creador de contenido Eduardo Ceballos Pérez, conocido como “Eddy Jones”, detenido el 1 de junio tras difundir grabaciones de instalaciones estatales abandonadas; su familia teme una condena de hasta 30 años y denuncia agresiones físicas durante su reclusión.

Delitos ambiguos como herramienta de castigo

El informe subraya que las autoridades recurren de forma sistemática a figuras penales vagamente definidas —desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, propaganda contra el orden constitucional— y, en los casos más críticos, a delitos como terrorismo o sabotaje, lo que permite imponer medidas cautelares severas y condenas ejemplarizantes con un marcado efecto intimidatorio sobre el conjunto de la sociedad.

Prisoners Defenders y Consorcio Justicia concluyen que, a un lustro del 11J, el régimen cubano ha ganado en capacidad de anticipación, identificación y castigo; y advierten que una nueva movilización ciudadana de gran alcance podría enfrentar una respuesta aún más inmediata y severa que la de 2021.