Entrevista | Elaine Acosta: “El reto no es solo ampliar la oferta, sino evitar que el cuidado sea un privilegio”

La socióloga Elaine Acosta, analiza el Acuerdo 10249 que abre la gestión privada de residencias para personas mayores en Cuba y advierte sobre los riesgos de desigualdad en el acceso al cuidado.

En medio de una crisis demográfica y económica sin precedentes, el gobierno cubano publicó el Acuerdo 10249, que autoriza la ampliación de servicios privados de cuidado para personas mayores, incluyendo residencias diurnas y de larga duración. La medida llega más de un año después de aprobada la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados Integrados y abre interrogantes clave: ¿garantizará mayor acceso o profundizará desigualdades? ¿Cómo impactará en las mujeres cuidadoras? ¿Se trata de una ampliación de derechos o de una transferencia de responsabilidades del Estado?

Conversamos con Elaine Acosta, investigadora y experta en políticas de cuidado, directora ejecutiva de Cuido60, proyecto sobre envejecimiento, cuidados y derechos en Cuba, para analizar los alcances, límites y desafíos de esta decisión en un país donde más del 20 % de la población supera los 60 años y donde el cuidado sigue recayendo, mayoritariamente, en las mujeres.

El Acuerdo 10249 y la ampliación del sector privado

A propósito del Acuerdo 10249, ¿cuánto realmente puede incidir en la política de cuidados a la ancianidad en Cuba?

El reciente acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, que autoriza la ampliación de la oferta de servicios de cuidado ya sea a través de residencias diurnas o residencias de cuidado de larga duración para actores no estatales, primero que todo, hay que entenderlo en el marco de la ley para la creación del Sistema Nacional de Cuidados Integrados en Cuba que ya se había aprobado hace más de un año. En dicha ley se ampliaba la posibilidad para la consideración de otros actores en la provisión de servicios, que fundamentalmente hasta el momento había sido el Estado el actor fundamental predominante, aunque algunas organizaciones especialmente religiosas, ya tenían en funcionamiento y gestionaban residencias de cuidado de larga duración y también algunos servicios de cuidado diurno y otros servicios. Esto viene a ampliar esa oferta a privados, a personas que vienen del mundo del emprendimiento, de los negocios. Claramente en un momento como este emergen varias preocupaciones.

Ya sabemos que la demanda por cuidados para personas mayores en Cuba es extremadamente alta, además la oferta ha sido insuficiente por muchos años, de muy baja calidad y crecientemente costosa, incluso aquella provista por el Estado. Claramente esta era una decisión que había que tomar hace mucho tiempo. Permitir y facilitar que diferentes actores privados, organizaciones de la sociedad civil, la propia comunidad, pudiera tener legalmente la posibilidad de brindar estos servicios. Lo que pasa es que al llegar en un momento como este, tan crítico para la situación del país, claramente plantea muchísimas interrogantes porque aquí el reto no es sólo ampliar la oferta, sino también es cómo garantizar igualdad por un lado o equidad en el derecho también de los proveedores, de los ofertantes a realizar estos servicios.

Licencias, inmuebles y discrecionalidad

Ya sabemos igual la discrecionalidad política con que opera el régimen cubano para autorizar buena parte de estas licencias. Eso plantea una gran pregunta por el lado de los proveedores privados, pero no sólo eso, sino las condiciones en las que se van a licitar los inmuebles para la operación o para la creación de estos centros privados. Muchos de los locales que se han estado utilizando para algunas MIPYMES no han sido gestionados y licitados de manera transparente.

Ahí hay un primer gran punto que obviamente va a generar un conjunto de desigualdades a la hora de decidir qué actores privados son los que van a poder ejercer estas licencias. Luego, cómo se va a garantizar transparencia en los procesos de licitación y asignación de estos inmuebles y qué condiciones también van a poder tener estos privados para importar y contar con todos los bienes e insumos que requieren este tipo de servicios, que son un poquito más complejos. Desde el lado de la demanda, o sea, desde el lado de las personas mayores que sobreviven en condiciones de pensiones paupérrimas, la primera gran pregunta va a ser el costo de estos nuevos servicios privados y, por lo tanto, la accesibilidad para buena parte de las personas mayores. En el caso cubano más del 80 % de la población mayor vive única y exclusivamente de sus pensiones, con lo cual suponemos que una buena parte de la población que requiere esos cuidados y esos servicios no va a poder acceder.

La apertura al mercado en un contexto de crisis

El Estado ha determinado que el 10 % de las plazas en estas residencias, ya sea diurnas o de larga duración, se asignen para un porcentaje de la población mayor en situación de discapacidad más vulnerable. Aquí, nuevamente, emergen varias preguntas. ¿Cómo se van a definir estos criterios? ¿Cómo vamos a poder garantizar transparencia en la asignación? Bien sabemos todos los procesos de alta burocratización que existen en los servicios sociales en Cuba.

Muchas de las personas mayores están solas y esto requiere un conjunto de gestiones, papeleo, documentación, trámite. Buena parte de estas personas mayores no tienen un familiar que pueda asistirlos en esta gestión van a ver difícil el poder acceder. Entonces, si bien puede ser una buena noticia, que llegue de manera tan tardía y en un momento tan crítico, genera un conjunto de problemáticas, en cuanto a reglas claras, control institucional, garantía efectiva de derechos, la desigualdad en el acceso al cuidado claramente puede profundizarse. Porque aquí, en el fondo, el desafío no es solo ampliar la oferta a los actores privados, que está muy bien y es algo que hemos exigido durante mucho tiempo, sino también es garantizar que el derecho al cuidado no dependa única y exclusivamente del poder adquisitivo de las personas mayores, sobre todo cuando el propio Estado ha depauperado sus ingresos y sus condiciones de vida.

Feminización del cuidado y mercado laboral

Las cifras que demuestran la feminización del cuidado en Cuba, no siempre son visibles, pero es sin dudas demostrable, ¿cree que en este nuevo acuerdo también incidirán, la presencia de mujeres cuidadoras que pueden ser remuneradas por la tarea?

Puedo decir que los cuidados en Cuba están feminizados tanto en lo que se refiere al cuidado doméstico familiar, donde prácticamente más de un 80 % de los cuidados proporcionados en este ámbito son provistos por la familia y en especial por las mujeres dentro de la familia, pero no solo en el ámbito familiar, sino también en el sector público. Los cuidados también están feminizados. Sabemos que tanto en el sector público de la salud predominan las mujeres realizando varias tareas de asistencia sanitaria y en el sector de los cuidados privados de los cuidados a domicilio, que eran los que estaban siendo aceptados hasta este momento, es un sector laboral altamente feminizado.

Aún cuando no contamos con datos recientes, actualizados sobre este sector, sí sabemos por nuestra labor de monitoreo desde Cuido 60 que es un sector predominantemente femenino, con lo cual se espera que obviamente la apertura o la ampliación de la oferta del sector privado hacia los cuidados de larga duración o hasta la residencia de día sean una oportunidad laboral, un nicho de empleo preferencialmente femenino, que permita que buena parte de las mujeres que realicen esta labor puedan recibir una remuneración tal vez un poco más alta que la que reciben en otros espacios. 

Brechas intragénero en el sector del cuidado

Esto va a suponer también probablemente una especie de migración laboral interna en la medida en que los salarios que en el ámbito privado se ofrezcan sean más atractivos que en el sector público, que es lo más esperable, lo cual también plantea una serie de desafíos para la calidad de los servicios públicos. Esto además creo que levanta una serie de interrogantes también sobre los derechos laborales de las mujeres cuidadoras, tanto en el ámbito de los cuidados profesionales que se desarrollan en el ámbito doméstico, como ahora en residencias privadas de larga duración o de día.

Este es un sector que conocemos cuyas regulaciones no están del todo claras ni son equitativas con el sector estatal en Cuba, por lo tanto, ahí también se va a plantear un importante desafío en términos de horario, de condiciones laborales por todo el desgaste tanto físico como psicológico que implica la labor de cuidar, sea hecha en forma remunerada o no.

¿Habría brecha salarial de género en esta remuneración?

Claramente existirán brechas laborales de género y más bien intragénero porque probablemente se establecerán distinciones salariales significativas entre las mujeres cuidadoras que se desempeñan profesionalmente en el sector público y en el sector privado. Eso es como un primer punto de las brechas salariales. Al ser un sector altamente feminizado no creo que el problema esté en la brecha salarial entre hombres y mujeres, sino más bien al interior del mismo grupo femenino dependiendo de cuál sea el sector donde éstas se desempeñen, público o privado, en el ámbito doméstico familiar o en el ámbito más de residencia o institucional.

El desafío de un enfoque integral del envejecimiento

Cuando se habla de cuidados en la ancianidad en Cuba investigadores, especialistas, insisten en un enfoque integral, pero ante la deteriorada situación de las personas de la tercera edad en la isla ¿cómo iniciar ese enfoque integral?

Abordar los cuidados hacia las personas mayores efectivamente requiere de una perspectiva multidisciplinar, de un enfoque de derechos de perspectiva de género, de perspectiva además del curso de la vida. Enfocar también lo que se entiende por un envejecimiento activo y saludable. Hay todo un conjunto de avances tanto teóricos metodológicos o de intervención social con los que estamos en déficit. En el caso cubano uno supondría que este enfoque integral de alguna manera podría estar contenido en la nueva ley de cuidados, sin embargo buena parte de los problemas que persisten es como traducir esa norma en cuestiones más concretas que se expliciten en los programas específicos y ahora mismo también en la diversidad de actores. 

Toda la crisis estructural que atraviesa la sociedad cubana en su conjunto, hace que una serie de intervenciones sociales tengan que hacerse desde esa premura y urgencia de la crisis y no desde el trabajo preventivo y en todas las etapas que requiere una intervención. Hay un conjunto de áreas que están absolutamente deficitarias en Cuba, porque hay problemas sencillamente muy urgentes que atender, que van desde la crisis alimentaria, la crisis en salud. Hay otro factor preocupante para incorporar ese tipo de enfoque, que tiene que ver con el déficit de recursos humanos y con la alta rotación de recursos humanos en el sector de los cuidados y de los servicios sociales en general.

Cuidado como derecho vs. cuidado como servicio

Creo que frente a la realidad de un envejecimiento demográfico acelerado como el que tiene Cuba más todas las dificultades y las crisis que se están superponiendo, hace rato que debería existir en la sociedad cubana una nueva política nacional de envejecimiento, que pueda trazar una estrategia efectiva y sostenible de abordaje de los retos y desafíos que significa el envejecimiento en todas sus facetas. Porque esto tiene implicaciones materiales, psicoafectivas, morales, éticas, de infraestructura, que sencillamente no estamos viendo en la sociedad cubana. No se condice la estructura institucional, el andamiaje institucional que actualmente opera o funciona con las urgencias también sociales, económicas y que en otros ámbitos existen respecto del tema del envejecimiento.

También hay un factor fundamental que tiene que ver también con la democratización de la toma de decisiones, con la incorporación de la diversidad de actores, un actor importantísimo es la sociedad civil independiente. La diversidad de proyectos y perspectivas que no están presentes hoy en ese debate público y mucho menos tampoco en la toma de decisiones, por lo tanto un primer gran paso debería ir por ahí.

¿Redistribución o transferencia de responsabilidades?

¿Podría interpretarse este acuerdo como que el estado cubano se desentiende de los cuidados en la vejez? 

Yo no considero que este acuerdo pueda interpretarse como que el estado cubano se desentiende de los cuidados en la vejez, sino que sencillamente está tomando una perspectiva de transferir buena parte de las responsabilidades que le corresponden al estado, tanto al mercado como a las familias. Este acuerdo debería formar parte de una política más integral de envejecimiento y de cuidados en el país. Debería ir a la par del fortalecimiento de los servicios públicos y no solamente abrir hacia la expansión de nuevos actores, porque buena parte de las consecuencias es que esto impacte en la sostenibilidad de los servicios públicos además de el aumento significativo de los costos.

Transferencia de responsabilidades sin garantías

Por lo tanto no es tanto que se desentienda como que sí transfiere responsabilidades sin fortalecer los recursos, las capacidades y el acceso y la cobertura de la oferta pública. En ese sentido uno podría efectivamente pensar que se está de alguna manera sacando encima buena parte de su responsabilidad. El problema acá para resolver los desafíos que el envejecimiento demográfico tiene en Cuba y que los que los cuidados a las personas mayores tiene, se trata de una redistribución de esas responsabilidades, de un reparto equitativo de las mismas entre los diferentes actores: el estado, el mercado, la familia, la comunidad, la sociedad civil y no una transferencia del estado hacia algunos actores en específico, que es lo que ha venido sucediendo en el último tiempo; debilitando la oferta pública sobre todo por el dilema que esto plantea, porque al debilitar la oferta pública en un contexto de aumento significativo de la pobreza y de las capacidades cada vez más limitadas de la población para sostenerse en la vida, claramente la respuesta es, de alguna manera, disminuir esa participación y desentenderse de las responsabilidades.