Sentencia histórica en el Caso Beatriz: El Salvador es condenado por violencia obstétrica

Este fallo del Caso Beatriz marca la primera vez que el máximo tribunal continental de América se pronuncia sobre un caso relacionado con el aborto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este viernes 20 de diciembre una sentencia histórica, la primera de su tipo. La CIDH condenó al Estado de El Salvador por negar en 2013 un aborto terapéutico a Beatriz, joven de 22 años cuya vida estaba en peligro, ya que su embarazo era médicamente inviable. Este fallo (resultado de los reclamos nacidos a partir del Caso Beatriz) marca la primera vez que el máximo tribunal continental de América se pronuncia sobre un asunto relacionado con el aborto.

Beatriz (pseudónimo utilizado para proteger la identidad de la joven) sufría lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que complicó su salud en sus dos embarazos. En el segundo, a las 12 semanas, los médicos diagnosticaron que el feto presentaba anencefalia, una grave malformación congénita que impide el desarrollo del cerebro y asegura la no viabilidad fuera del útero. Pese a las recomendaciones de un comité médico de 15 especialistas que avalaron la necesidad de interrumpir el embarazo para salvar la vida de Beatriz, la Sala Constitucional de El Salvador rechazó la petición. La forzaron a continuar con una gestación que deterioró su salud y resultó en el fallecimiento del bebé tras solo cinco horas de vida.

Un fallo que marca un precedente en derechos reproductivos

La CIDH declaró al Estado salvadoreño responsable de violar los derechos a "la integridad personal", "la vida privada" y "la salud" de Beatriz. Asimismo, calificó su caso como un ejemplo de cómo la penalización absoluta del aborto puede generar sufrimiento desproporcionado. Según Rodrigo Mudrovitsch, vicepresidente de la Corte, "el Estado adoptará las medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial en situaciones que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer".

La Corte le dio a El Salvador el plazo de un año para presentar un informe que revele cuánto se ha avanzado con respecto al cumplimiento de la sentencia. Por su parte, el Gobierno de El Salvador aseguró el viernes 20 de diciembre que analizará “profundamente” y cumplirá la sentencia emitida por la CIDH, de acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión. Como resultado, el país centroamericano debe renovar los protocolos actuales, crear nuevos protocolos e implementar medidas normativas que garanticen seguridad jurídica en casos similares al de Beatriz.

Este fallo también reconoce el impacto emocional y físico que sufrió Beatriz, quien años después falleció en un accidente. Su madre, Delmy, ha liderado la lucha para exigir justicia y visibilizar las graves consecuencias de la prohibición total del aborto en El Salvador. "Esto no fue solo una violación de derechos humanos; fue una revictimización constante de una mujer que solo pedía vivir", afirmó Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Implicaciones del Caso Beatriz para El Salvador y América Latina

La legislación salvadoreña prohíbe el aborto en todas sus formas, imponiendo penas de dos a ocho años. En casos extremos, el aborto puede ser interpretado como homicidio agravado y es castigado con hasta 50 años de cárcel. Este marco legal, uno de los más restrictivos del mundo, ha llevado a mujeres a situaciones de alto riesgo médico, estigmatización y prisión.

La sentencia de la CIDH exige a El Salvador medidas inmediatas para garantizar que situaciones como la de Beatriz no vuelvan a repetirse. Esto incluye la implementación de protocolos médicos claros y reformas legales que prioricen la vida y la salud de las mujeres, así como su derecho a decidir.

Este caso no solo expone las fallas del sistema judicial y médico salvadoreño, sino que también resalta la urgencia de avanzar en la protección de los derechos reproductivos en América Latina. El legado de Beatriz, ahora respaldado por un fallo internacional, es un llamado para garantizar que ninguna mujer sea forzada a elegir entre su vida y un sistema legal que ignora su humanidad.