Alina Bárbara López y Jenny Pantoja se enfrentan al poder judicial cubano: "No aceptaremos ninguna condena"
"Las académicas cubanas rechazan sanciones penales solicitadas por la Fiscalía cubana y denuncian que el proceso busca castigar su activismo cívico y acallar voces críticas".

Las académicas cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres han hecho pública una declaración conjunta titulada “Por la dignidad y la justicia”, en la que rechazan las sanciones solicitadas por la Fiscalía del Tribunal Municipal Popular de Matanzas. Las intelectuales, reconocidas por su activismo cívico y sus contribuciones al pensamiento crítico, califican el proceso como "injusto" y denuncian que los cargos imputados —desobediencia, desacato y atentado— buscan encubrir un castigo político a su ejercicio pacífico de derechos constitucionales.
En sus conclusiones provisionales, la fiscal Ana Lilian Caballero Arango solicitó para López Hernández una pena de cuatro años de privación de libertad, y para Pantoja Torres, tres años. Aunque la Fiscalía contempla la posibilidad de sustituir estas penas por trabajo correccional sin internamiento, ambas han manifestado su negativa rotunda a aceptar dicha alternativa, por considerarla también inadmisible y lesiva a su dignidad.
Un juicio sin reconocimiento del contexto político
La declaración, firmada el 1 de junio de 2025, expone que el proceso judicial ha sido presentado por las autoridades como un juicio por delitos comunes, eliminando cualquier contexto político. Las autoras denuncian que esta estrategia judicial despolitiza intencionalmente los hechos y busca invalidar su activismo, reduciendo la causa a un asunto penal ordinario.
Ambas sostienen que aceptar cualquier sanción significaría reconocer como válidas unas acusaciones que consideran infundadas. A su juicio, se trata de un intento de inhibir los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución de 2019, y de enviar un mensaje ejemplarizante a la población cubana.
“Este proceso judicial espurio busca enviar un mensaje a cubanas y cubanos para que se comporten como súbditos y no como ciudadanos”, afirmaron en su declaración pública.
Solidaridad con otras personas en prisión por razones políticas
López y Pantoja explicaron que su rechazo a cualquier forma de sanción no se basa únicamente en su caso individual. También responde a una postura ética frente a la situación de las cientos de personas encarceladas en Cuba por motivos políticos. Aceptar una pena menor, afirman, implicaría aceptar un tratamiento de favor que otras personas —en similares o peores circunstancias— no han recibido.
“Nos negamos a ser objeto de privilegios frente a un sistema judicial elitista, racista y antipopular”, declaran, subrayando su solidaridad con los y las presas políticas que no cuentan con visibilidad ni respaldo mediático o diplomático.
Una posición frente al cálculo político del Estado
Según las académicas, la propuesta de sustituir la prisión por trabajo correccional responde a un cálculo político del Estado cubano. Las autoridades evitarían así el impacto internacional que podría tener la encarcelación de figuras intelectuales reconocidas y con apoyo nacional e internacional.
Sin embargo, ellas aseguran que también hacen su propia lectura política del proceso: están dispuestas a enfrentar las consecuencias, incluso la prisión, con tal de defender el ejercicio pleno de la ciudadanía en Cuba. “Estamos dispuestas a exponer ante la opinión pública global y los organismos internacionales la carencia absoluta de ciudadanía con plenitud de derechos en nuestro país”, afirman.
Alina B.López y Jenny Pantoja concluyen su declaración reiterando su disposición a agotar todos los recursos legales disponibles en el país. No obstante, subrayan que no aceptarán ninguna sentencia que no sea la exoneración completa de las acusaciones. Aunque no desean ir a prisión, están dispuestas a asumir ese riesgo como parte de su compromiso con los derechos humanos.
“No merecemos ir a prisión; como no lo merecían los cientos de presas y presos políticos que han hecho ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación pacífica”, declaran.
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