Cárceles en Cuba: hambre, enfermedad y crisis humanitaria entre reclusos

Prisoners Defenders advierte que 90.000 reclusos en Cuba sufren daños por hambre, insalubridad y abandono médico, mientras nuevas denuncias apuntan a violencia sexual e impunidad contra presos políticos.

Prisoners Defenders denunció en un informe técnico del mes de abril que las condiciones de reclusión en Cuba describen una crisis penitenciaria de alcance humanitario, marcada por alimentación insuficiente, infestaciones de chinches, enfermedades agravadas y falta de atención médica.

El estudio, elaborado a partir de fotografías, testimonios de personas presas y sus familiares, y estándares internacionales de nutrición y derechos humanos, sostiene que el sistema carcelario cubano expone a los reclusos a un deterioro físico progresivo incompatible con el trato humano durante la custodia.

Raciones por debajo de los estándares humanitarios mínimos

Prisoners Defenders afirma haber recibido fotografías y testimonios directos sobre la alimentación servida a presos políticos en distintas prisiones de Cuba, material que utiliza como base empírica para su estimación nutricional.

A partir de ese material, la organización estima que la ración diaria observada aporta entre 250 y 353 kilocalorías, frente a las 2.553 kilocalorías requeridas aproximadamente por un varón adulto sedentario, tomado como referencia en el estudio. La cifra también queda muy por debajo del umbral de 2.100 kilocaloríaspor persona al día utilizado en contextos de emergencia humanitaria.

Según el informe, el desayuno consiste en una pieza de pan blando y un cuenco de “té aguado”, sin aporte energético relevante. El almuerzo y la ración de la tarde incluyen menos de 30 gramos de arroz cocido, unos 50 gramos de sopa descrita como “ácida” y aproximadamente 20 gramos de una preparación llamada por los presos “croqueta hervida”. Esa misma bandeja se repetiría dos veces al día, alrededor de las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

“En términos técnicos, este patrón alimentario no describe una ‘dieta deficiente’ en el sentido usual, sino un cuadro de infra-alimentación severa”, advierte el documento.

Desnutrición, anemia y daño acumulativo

La dieta documentada cubre solo una fracción mínima de los requerimientos nutricionales básicos. Según el informe, la proteína diaria estimada oscila entre 6,6 y 10,1 gramos, cuando la referencia utilizada es de 56 gramos; la vitamina C se sitúa entre 0 y 1 miligramo diario, frente a 90 miligramos; y la vitamina B12 apenas alcanza entre 0 y 0,3 microgramos diarios, frente a 2,4 microgramos.

La organización advierte que una ración de esa magnitud, sostenida durante meses o años, puede conducir a desnutrición energético-proteica severa, pérdida extrema de peso, sarcopenia, debilidad, hipotensión, anemia carencial, inmunodepresión y peor cicatrización. Ese deterioro también aumenta la vulnerabilidad ante infecciones y agrava enfermedades preexistentes. El informe lo formula de manera directa:

“Cinco años sometido exclusivamente a una ración de esta magnitud serían incompatibles con la preservación de la salud”. El documento añade que un régimen así conduce previsiblemente a “marasmo, sarcopenia grave, anemia carencial, inmunodepresión, mala cicatrización, deterioro neurocognitivo y vulnerabilidad extrema frente a infecciones.”

Chinches, insomnio e insalubridad en prisión

El informe también documenta condiciones de insalubridad, con imágenes compatibles con infestaciones de chinches de cama. Aunque estos insectos no se consideran vectores eficaces de transmisión de enfermedades, el documento señala que pueden provocar picor persistente, pérdida de sueño, lesiones cutáneas, sobreinfección bacteriana secundaria y carga psicológica.

En personas sometidas a una alimentación insuficiente, el efecto de estas infestaciones se agrava. El documento advierte que el insomnio dificulta la recuperación física y psíquica; las lesiones cutáneas tienen peor cicatrización; y la pérdida sanguínea repetida, aunque sea pequeña, puede adquirir importancia clínica en personas con anemia o reservas de hierro comprometidas.

“En combinación con una dieta crónicamente insuficiente y severamente deficitaria, el efecto de la infestación se agrava”, sostiene Prisoners Defenders. El informe añade que el problema deja de ser “meramente entomológico” y pasa a ser una cuestión de salud integral en una situación de trato indigno para el ser humano.

Mujeres, madres y menores entre la población penal vulnerable

Según los datos aportados por Prisoners Defenders en su informe de abril de 2026, entre los presos políticos documentados hay 142 mujeres y 35 menores de edad represaliados políticamente, dos grupos especialmente expuestos a vulneraciones diferenciadas dentro del sistema penal.

La organización también identifica a madres encarceladas cuyos hijos quedan en situación de “orfandad forzosa” o desprotección familiar. El informe técnico sobre alimentación carcelaria menciona los casos de Lizandra Góngora Espinosa, María Cristina Garrido Rodríguez, Dariannis Guerra Suárez y Yennys Artola del Sol, todas mujeres presas con hijos menores. En uno de esos casos, Prisoners Defenders afirma que el traslado a una prisión alejada de sus hijos operó como una forma adicional de castigo.

Estas situaciones muestran que el encarcelamiento político no afecta solo a la persona detenida. En el caso de las mujeres, y especialmente de las madres, la prisión puede extender sus efectos sobre niñas, niños y familias, al romper redes de cuidado y generar nuevas formas de vulnerabilidad.

Presos políticos enfermos y sin atención médica adecuada

La emergencia sanitaria dentro de las prisiones queda reflejada en las cifras más recientes citadas por Prisoners Defenders. La organización afirma que ha identificado 449 presos políticos con enfermedades provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura y la negación sistemática de atención médica. También registra 51 personas con graves trastornos mentales sin tratamiento psiquiátrico adecuado.

En estos casos, la organización sostiene que la permanencia en prisión no solo agrava el estado de salud de las personas detenidas, sino que convierte el encarcelamiento en una amenaza directa para sus vidas y sus familias.

Denuncias de violencia sexual y represalias en prisión

Las recientes denuncias de agresiones sexuales contra presos políticos en cárceles cubanas han vuelto a poner bajo escrutinio las condiciones de violencia e impunidad dentro del sistema penitenciario. Diversos testimonios y denuncias públicas apuntan a un presunto patrón de utilización de presos comunes violentos como mecanismo de castigo, intimidación y represalia contra personas encarceladas por motivos políticos, especialmente manifestantes del 11J.

Uno de los casos denunciados recientemente trascendió el 26 de abril de 2026, cuando se conoció que un joven preso político encarcelado por las protestas del 11 de julio habría sido víctima de una agresión sexual dentro de la prisión de Guanajay, en Artemisa. Según la denuncia, el ataque habría ocurrido con la complicidad y bajo órdenes de funcionarios penitenciarios y agentes de la Seguridad del Estado.

De acuerdo con esa denuncia, el abuso habría sido permitido deliberadamente por altos funcionarios penitenciarios y oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos el Mayor Javier Reboso Pérez y el Teniente Coronel Emilio, identificado como segundo jefe del penal. La víctima, cuya identidad no se revela por razones de seguridad, habría quedado ingresada en el área médica de la prisión en estado de shock y con graves afectaciones físicas y psicológicas.

Estas denuncias amplían el alcance de la crisis descrita por Prisoners Defenders. A la desnutrición forzosa, la insalubridad y la falta de atención médica se suman señalamientos sobre violencia sexual, amenazas, represalias e intimidación dentro de las prisiones, lo que refuerza la necesidad de investigar las condiciones de custodia de los presos políticos y de conciencia en Cuba.

Derecho a la alimentación, a la salud y al trato humano

El informe encuadra las condiciones documentadas dentro de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a personas privadas de libertad. En su valoración jurídica preliminar, Prisoners Defenders afirma:

“En nuestra valoración jurídica preliminar, las condiciones descritas son incompatibles, en primer término, con el derecho a una alimentación adecuada y con el derecho a estar libre de hambre.”

La organización recuerda que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida la alimentación, y establece la obligación básica del Estado de asegurar el nivel mínimo esencial necesario para estar libre de hambre.

El documento también vincula esas condiciones con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos:

“En el sistema interamericano, las condiciones descritas son incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Su artículo XI reconoce el derecho a la preservación de la salud mediante medidas sanitarias y sociales relativas, entre otras, a la alimentación, la vivienda y la atención médica.”

Acusaciones imprecisas y represión política

En su informe de abril de 2026, Prisoners Defenders documenta 23 nuevos presos políticos en Cuba, entre ellos menores de edad, deportistas, artistas, periodistas independientes y activistas pacíficos. La organización también registra denuncias de violencia sexual en prisión, represión contra familiares de opositores y amenazas de muerte contra presos políticos y de conciencia ante una eventual intervención de Estados Unidos en Cuba.

Según la organización, durante ese mismo período se produjeron 13 bajas registradas en la lista de presos políticos. No obstante, quienes permanecen encarcelados siguen expuestos a patrones de vigilancia, violencia durante los arrestos, incomunicación, hostigamiento a familiares y mecanismos de intimidación política.

Prisoners Defenders sostiene que el régimen cubano continúa recurriendo a acusaciones como “desórdenes públicos”, “desacato” o “sabotaje”, en muchos casos sin pruebas conocidas ni garantías procesales, y mantiene a personas detenidas en prisión provisional o bajo medidas cautelares arbitrarias.

Una crisis carcelaria con dimensión humanitaria

Las cárceles cubanas, según el escenario descrito por Prisoners Defenders, concentran varios factores de daño: alimentación insuficiente, insalubridad, falta de atención médica, enfermedades agravadas, castigos contra familiares y ausencia de garantías judiciales para presos políticos y de conciencia.

El informe concluye que las condiciones documentadas serían incompatibles con los estándares mínimos aplicables a personas privadas de libertad y podrían constituir vulneraciones del derecho a la alimentación adecuada, a la salud, a la dignidad y al trato humano durante la custodia. En ese marco, la situación penitenciaria cubana adquiere una dimensión de crisis de derechos humanos. Sus efectos alcanzan el cuerpo de las personas presas, la salud mental de quienes permanecen encerrados, la vida de sus familias y el derecho de mujeres, madres, menores y personas privadas de libertad por motivos políticos a no ser castigadas mediante el hambre, la enfermedad y el abandono.