El aborto en Cuba y Nicaragua y la salud sexual de las mujeres

El aborto, más allá de la cuestión legal, debe tener como premisa el respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. En los casos de Cuba y Nicaragua muchas veces estos derechos son vulnerados.

La izquierda mundial celebró durante el siglo XX el triunfo de dos revoluciones de inspiración socialista que traerían implícitamente la liberación de la mujer en todos los ámbitos, la cubana (1959) y la nicaragüense (1979). Sin embargo, ambos procesos, con sus matices y diferencias, han demostrado qué lejana fue la premisa. Toca reconocer y cuestionar que el patriarcado no es un fenómeno social que se puede revertir por un decreto revolucionario.

Entre las reivindicaciones más sentidas de todo movimiento de mujeres está el aborto, como derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Cuba lo logró y hoy el Estado diserta sobre si este derecho sea la causa también de las bajas tasas de natalidad. Mientras, en Nicaragua, el izquierdista Partido Sandinista, aliado del Partido Comunista cubano, lleva 15 años sosteniendo legalmente su penalización, luego de ser un derecho durante la revolución (1979-1989) como proceso terapéutico que databa de los años ´30, cuando en el país centroamericano era gobernado por los conservadores.

El aborto es un tema escabroso para el poder, sea socialista o capitalista, pues se trata de controlar la reproducción de la especie. Como tal, en Cuba y Nicaragua, la decisión no puede estar en manos de las mujeres: debe ser el patriarcado a través del Estado quien tenga la última palabra sobre el tema, como lo han decidido las iglesias, en Nicaragua, y los partidos de izquierda en el poder, en ambos países. 

El presente artículo intenta aportar al debate sobre el tema:  la vida del “no nacido” es defendida por la Iglesia y el Estado, a pesar de que en ambos países — con las diferencias entre la libertad del aborto en Cuba y la penalización en Nicaragua— la experiencia demuestra que estamos frente a un fenómeno de control de las mujeres en su decisión sobre la educación sexual, en la que no deciden como sector, sino el sistema patriarcal —sea capitalista o socialista—. Mientras, la práctica de abortos continúa en ambos países, de manera legal y segura, o ilegal e insegura.

El caso del aborto legal en Cuba como resultado y afectación de la educación sexual

La visión oficial del tema en Cuba afirma que:

“La interrupción del embarazo es un proceder médico legítimo por disposición del Ministerio de Salud Pública de Cuba, que se rodea de garantías y cuidados especializados, y que admite sea utilizado como planificación familiar, como control de natalidad, como medio anticonceptivo (…). Esta fórmula es socialmente consecuente con el desarrollo histórico y social, pero ante el envejecimiento de la sociedad cubana por disminución notable de su natalidad, comienza a presentar visos de contradicción que se deben tener en cuenta.

“En nuestro sistema de salud se han realizado estudios aún recientes sobre el aborto, centrados sobre todo en las adolescentes que con frecuencia elevada acuden a la terminación voluntaria de la preñez, argumentando ser muy joven para asumir la educación de los hijos, pero con historia de promiscuidad y precocidad del inicio de su vida sexual activa”.

Una nota de la BBC sobre el tema en Cuba, agrega al asunto:

“El reto está en encontrar el equilibrio. Para la mayoría de las mujeres cubanas, la facilidad a la hora de realizarse un aborto es un derecho al que no renuncian. Pero su uso y abuso parecen estar yéndose de las manos. Este es el caso de la joven de 28 años Yindra García. Ahora es madre de un bebé de un año que decidió tener por la siguiente razón: ´Me daba miedo hacerme otro aborto´. Desde los 20 años se había realizado nueve interrupciones de embarazo, generalmente por un descuido en el uso de los métodos anticonceptivos”. 

No existen estudios que demuestren peligros sobre las consecuencias de la práctica continua de abortos seguros, pero la educación sexual está cargada de prejuicios. Según la nota de BBC, Miriam Grant, funcionaria del Ministerio de Salud, considera que “debe mejorar la oferta de anticonceptivos en términos de cantidad, calidad y diversidad con respecto a los que actualmente se ofrecen”, en clara admisión de que el aborto no se debería considerar un método anticonceptivo más. Lo cierto es que la nota afirma que todas las personas entrevistadas por BBC Mundo coinciden en que “la tolerancia al aborto es un fenómeno cultural que se transmite de generación en generación”, por tanto, “es una práctica difícil de cambiar”.

Nicaragua: caso de la penalización del aborto con un gobierno de izquierda

En Nicaragua la penalización del aborto desde el 2006, que contó con el voto masivo de la bancada sandinista —en la oposición en aquel entonces— es, al igual que los feminicidios, una bandera de lucha del movimiento de mujeres, sin que hasta la fecha se haya podido revertir la ley.

Antes de 2006 el Código Penal de Nicaragua permitía el “aborto terapéutico”. En la práctica, esta ley se interpretaba de modo que permitía realizar un aborto cuando la continuación del embarazo ponía en peligro la vida o la salud de la mujer o niña embarazada y, en determinadas ocasiones, cuando el embarazo era consecuencia de una violación. Además del consentimiento de la mujer, la legislación anterior a 2006 requería la autorización de al menos tres médicos y el consentimiento de la pareja o el familiar más cercano de la mujer. Por el contrario, el Código Penal revisado suprime todas las excepciones a la prohibición penal del aborto. 

El artículo 143 del Código Penal revisado estipula lo siguiente:

"Quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario. A la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique, se le impondrá pena de uno a dos años de prisión". 

La prohibición del aborto en Nicaragua afecta con especial crudeza a mujeres y niñas víctimas de violación o incesto. Esas mujeres y niñas sufren complicaciones en el embarazo y necesitan tratamiento médico.

Amnistía Internacional considera que la prohibición del aborto en Nicaragua afecta con especial crudeza a mujeres y niñas víctimas de violación o incesto. Esas mujeres y niñas sufren complicaciones en el embarazo y necesitan tratamiento médico esencial posterior al aborto, ya sea espontáneo o inducido. Negar el acceso a servicios de aborto legales y seguros puede causar demoras en la aplicación de tratamientos. Esto supone una amenaza para su salud y su vida, advierte en su informe Amnistía Internacional. 

A pesar de que ninguna mujer ha ido presa por la práctica de un aborto clandestino en Nicaragua, la vicepresidenta sandinista Rosario Murillo, ha calificado peyorativamente de “abortistas” al movimiento de Mujeres que lucha por la despenalización del aborto en un país con índices altos de muertes materna. “13 mujeres por cada mil, murieron por esta causa en 2019”, apuntan cifras oficiales.

En agosto de 2020, Murillo en su alocución diaria arremetió contra el movimiento de mujeres y el cierre de las Comisarías de la Mujer que estaban dentro de las estructuras de la Policía, afirmando que ellas promovían —desde las Comisarías de la Mujer— abortos y que por esa razón el régimen de Daniel Ortega se vio obligado a cerrarlas.

“Andaban por ahí, las disfrazadas promoviendo el aborto, desde las Comisarías de la Mujer, y esto es absoluta verdad, es una denuncia que hasta ahora estamos haciendo, porque se atreven a hablar de las mujeres, quienes quieren acabar con la vida de las niñas o niños antes de nacer, y usaban las Comisarías de la Mujer para promover esas malas prácticas”, afirmó Murillo en ese contexto.

Mientras, el movimiento feminista de Nicaragua, uno de los más organizados y representativos del país, desde la penalización, ha luchado por revertir la ley y promover políticas públicas para lograr que las mujeres tengan abortos seguros, pues consideran que es un tema de salud pública. 

Las feministas de Nicaragua consideran que la decisión del aborto debe inmiscuir únicamente a las mujeres, teniendo en cuenta los muchos casos de embarazos que ocurren por violación e incesto, en niñas y adolescentes.

“La ilegalidad producto de la vigente penalización del aborto terapéutico provoca que mujeres, adolescentes y niñas recurran a laboratorios clandestinos donde no se cuenta con las condiciones necesarias para el procedimiento”, han manifestado públicamente las mujeres organizadas.

“Anualmente 600 000 mujeres arriesgan sus vidas y su salud para poner fin a embarazos no deseados”. Algunos estudios plantean que cada día se efectúan aproximadamente 55 000 abortos en condiciones de riesgo, cerca del 95% se realizan en países en vías de desarrollo, y conducen a la muerte a más de 200 mujeres diariamente.

Esta gran parte de los abortos realizados en condiciones de riesgo representan un porciento importante de todas las muertes maternas, sin tener en cuenta el subregistro que existe en países donde el aborto está prohibido. Solo en Cuba, Puerto Rico, EUA y Canadá se puede contar con estadísticas confiables. En América Latina, según el Alan Gutt Macher Institute, “unos cuatro millones de mujeres ponen en riesgo sus vidas para interrumpir un embarazo no deseado”.