EE.UU. abre una vía para la venta de petróleo venezolano a Cuba

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anuncia que cualquier empresa podrá vender petróleo venezolano a Cuba, siempre que beneficie al pueblo y no al régimen.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) publicó el miércoles 25 de febrero una nueva directriz que abre una puerta condicionada al suministro de combustible a Cuba: cualquier empresa, no necesariamente estadounidense, podrá solicitar una licencia para revender petróleo de origen venezolano en la isla, siempre que la operación beneficie al pueblo y no al aparato estatal o represivo del régimen.

La medida llega cinco días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara inconstitucionales los aranceles que el presidente Trump impuso amparándose en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). Ese fallo, dictado el 20 de febrero, forzó a Trump a eliminar también los aranceles que amenazaban con castigar a los países que enviaran petróleo a Cuba.

La decisión de la OFAC

La nueva medida de la OFAC no levanta las sanciones sobre Venezuela ni sobre Cuba. Lo que hace es señalar que el organismo evaluará favorablemente las solicitudes de licencias para transacciones de reventa de petróleo venezolano a la isla, siempre que no contravengan la Licencia General de Venezuela número 46A, emitida el 10 de febrero tras la captura de Nicolás Maduro.

La 46A autorizaba a las empresas estadounidenses a reingresar al mercado energético venezolano, pero excluía cualquier transacción que involucrara a entidades cubanas. La decisión de la OFAC trae dos cambios importantes: los solicitantes no están obligados a tener una entidad establecida en Estados Unidos, y las restricciones con respecto a Cuba hacen ahora una distinción clara entre el pueblo cubano y el Estado. Las transacciones deben beneficiar al sector privado y a la población, incluyendo usos comerciales y humanitarios, pero se continúa prohibiendo cualquier beneficio al ejército, los servicios de inteligencia u otras instituciones del régimen, especialmente las entidades que figuran en la Lista Restringida del Departamento de Estado. Tampoco se aprobarán operaciones que involucren a entidades vinculadas con Rusia, Irán o China.

El secretario de Estado Marco Rubio había señalado el 15 de febrero que una apertura económica en Cuba podría ser “una posible vía para avanzar”. La decisión de la OFAC ofrece una oportunidad concreta para esa apertura, pero no solo se refiere al petróleo de origen estadounidense, sino que aclara dudas sobre la posibilidad de vender también petróleo estadounidense en Cuba. Explica la OFAC que las exportaciones de crudo y derivados estadounidenses a Cuba están reguladas por el Departamento de Comercio, bajo las Excepciones de Licencia del Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR), y que esas excepciones autorizan la exportación a la isla si se hacen con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y la actividad económica del sector independiente cubano: “Las exportaciones de petróleo de origen estadounidense, así como otros productos de gas y petróleo cubiertos por la Excepción de Licencia SCP, no requieren autorizaciones independientes de la OFAC”.

En la práctica, esto significa que una empresa podría vender combustible estadounidense a Cuba bajo la excepción SCP sin tramitar un permiso adicional, siempre que cumpla con las condiciones del Departamento de Comercio y no beneficie al régimen.

El fallo de la Corte Suprema y su impacto sobre Cuba

Para entender el nuevo escenario energético en torno a Cuba, es necesario examinar lo que ocurrió el 20 de febrero, cinco días antes de la nueva medida de la OFAC, cuando la Corte Suprema de EE.UU. dictó un fallo de gran alcance sobre la política arancelaria del presidente Trump.

En el caso Learning Resources versus Trump, la Corte resolvió que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles. El juez John Roberts señaló que la ley permite “regular” el comercio exterior durante emergencias, pero que esa palabra no puede interpretarse como facultad para establecer impuestos o gravámenes generales. Ese fallo tiene consecuencias directas para Cuba, pues el 29 de enero Trump había firmado una orden ejecutiva en la que declaró que el régimen cubano es “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, e invocó la IEEPA para establecer aranceles adicionales a cualquier país que enviara petróleo a Cuba.

Horas después del fallo de la Corte Suprema, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que puso fin a todos los aranceles impuestos bajo la IEEPA, incluyendo los vinculados al envío de petróleo a Cuba. Sin embargo, la calificación de “amenaza inusual y extraordinaria” al régimen de la isla, y otras acciones adoptadas al amparo de esa orden ejecutiva, siguen en pie.

México: el petróleo suspendido y la ayuda humanitaria

La decisión en torno a los aranceles tiene implicaciones importantes para el suministro de petróleo mexicano a Cuba. Pemex envió su último cargamento de combustible a la isla el 9 de enero. A fines de ese mes, la empresa canceló sus operaciones hacia Cuba, ante el endurecimiento del discurso de Washington. El propio Trump declaró que México dejaría de enviar petróleo a Cuba, y sugirió que Sheinbaum había accedido a esa solicitud. La presidenta mexicana, por su parte, insistió en que se trató de “una decisión soberana” de Pemex, aunque reconoció que su gobierno no pondría en riesgo a México en términos arancelarios. El 17 de febrero, Sheinbaum confirmó que, “por lo pronto”, México no enviaría petróleo a Cuba, pero que mantendría la ayuda humanitaria.

Cuatro días después del fallo de la Corte Suprema, el 24 de febrero, Sheinbaum evitó comprometerse con una fecha para reanudar los envíos de crudo y reconoció que el contexto ha cambiado con la desaparición de la amenaza arancelaria, pero señaló que la decisión sigue bajo análisis y tiene implicaciones que van más allá del petróleo.

El propio día 24, dos buques de la Armada Mexicana zarparon de Veracruz con 1193 toneladas de ayuda humanitaria con destino a La Habana, en lo que constituye el segundo envío del mes. El primero, a comienzos de febrero, llevó 814 toneladas de alimentos e higiene personal a la isla. El segundo incluye principalmente frijoles, leche en polvo, y más 23 toneladas de insumos recabados por organizaciones civiles. En total, son más de 2000 toneladas de provisiones en un mes.

Cuba en crisis

Para entender estas medidas, es necesario mirar el estado actual de Cuba. La isla vive lo que expertos y organismos internacionales califican como una policrisis, el solapamiento y la sinergia de varias crisis cuyas causas son estructurales: energética, alimentaria, económica y de legitimidad política.

Venezuela enviaba a la isla unos 35 mil barriles diarios de petróleo, Rusia aportaba otros 7500, mientras que México, entre enero y septiembre de 2025, envió poco más de 19 mil barriles diarios. Todos esos flujos se interrumpieron o redujeron drásticamente en enero de 2026, tras la captura de Maduro en Caracas. Cuba produce entre 35 y 40 mil barriles diarios de crudo pesado, pero necesita unos 100 mil para operar de manera mínima. Por lo que el golpe ha sido devastador y su efecto ha caído con mayor fuerza sobre la población, agobiada desde hace años por las carencias materiales, los largos apagones y las políticas represivas del régimen, más intensas desde el 11 de julio de 2021.

En ese contexto, ante el agravamiento de la crisis energética a partir de enero de 2026, la ONU advirtió que los servicios de salud en Cuba están comprometidos, así como la producción de medicamentos que requieren refrigeración. Más del 80% de los equipos de bombeo de agua del país dependen de la electricidad. El turismo, una de las principales fuentes de divisas, ha caído más de un 25% en dos años y ahora colapsa con hoteles que cierran y aerolíneas que suspenden sus vuelos por falta de combustible.

La vía que se abre con el anuncio de la OFAC es estrecha. Cualquier empresa que quiera aprovecharla deberá tramitar una licencia específica, demostrar que sus clientes en Cuba no tienen vínculos con el régimen, y garantizar mecanismos de control sobre los ingresos y el destino del petróleo. En un país de corte totalitario, esa distinción es difícil de aplicar.

Por otra parte, la gravedad de la crisis humanitaria exige con urgencia medidas que alivien la situación del pueblo, y la decisión de la OFAC hace una distinción justa entre la sociedad civil y el Estado represor. La cuestión es si esa vía podrá aliviar el sufrimiento de las personas comunes en la isla, o si el régimen cubano consigue utilizarla para sostenerse en el poder sin ceder su control.