Informe Anual de OGAT sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas cubanas (abril de 2026)

En 2025 se contabilizaron 48 feminicidios en un contexto de crisis humanitaria y ausencia de voluntad política del régimen cubano de enfrentar con prevención la violencia hacia las mujeres y niñas.

Los feminicidios constituyen la manifestación más extrema de un continuo de violencias contra mujeres y niñas que se producen y reproducen en contextos sociales marcados por profundas desigualdades estructurales. No se trata de episodios aislados ni de hechos excepcionales, sino de desenlaces previsibles de dinámicas persistentes de control, subordinación y desvalorización de las mujeres y las niñas. Estas violencias —que incluyen el hostigamiento psicológico, las amenazas, la violencia física, la violencia sexual y otras formas menos visibles, pero igualmente dañinas— suelen ser normalizadas, invisibilizadas o desatendidas hasta que alcanzan consecuencias irreversibles.

En el contexto cubano, estas dinámicas se expresan de manera transversal en distintos ámbitos de la vida social: relaciones de pareja atravesadas por el control y la coerción, violencia económica y patrimonial, violencia institucional, violencia sexual, violencias digitales y una sobrecarga estructural de los trabajos de cuidado, profundizada por la crisis económica, sanitaria y migratoria que atraviesa el país. Los feminicidios que el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) verifica de manera sistemática no representan la totalidad de la violencia existente, sino apenas la expresión más visible de un fenómeno mucho más amplio y persistente, que rara vez es reflejado en las estadísticas oficiales.

En este marco, OGAT presenta un Informe Anual de 2025, como parte de su sexto año consecutivo de monitoreo y análisis de la violencia contra mujeres y niñas en Cuba. Este documento ofrece un análisis detallado de los feminicidios verificados en los 12 meses del año 2025, así como de los principales patrones, tendencias y contextos que permiten comprender la evolución reciente de la violencia contra mujeres y niñas en el país y en contextos migratorios. El informe se inscribe en la línea metodológica y analítica desarrollada por OGAT en sus informes de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, incorporando tanto aprendizajes acumulados como nuevos elementos de lectura del contexto actual.

El objetivo central de este informe no se limita a la contabilización de casos, sino que busca visibilizar las dinámicas estructurales de la violencia contra mujeres y niñas en Cuba, identificar continuidades y transformaciones, y aportar insumos que contribuyan a la formulación de políticas públicas, marcos normativos y respuestas institucionales orientadas a la prevención, atención, protección y erradicación de estas violencias. OGAT parte de una comprensión de la violencia hacia las mujeres como una violación grave de los derechos humanos, estrechamente vinculada al contexto político, económico y social del país, y no como un fenómeno meramente individual o privado.

Desde esta perspectiva, el feminicidio se entiende en un sentido amplio como la muerte violenta de mujeres y niñas en contextos atravesados por relaciones desiguales de poder de género. Su documentación rigurosa resulta fundamental por varias razones: permite dimensionar la magnitud real del fenómeno; evidencia los niveles de impunidad y las fallas institucionales en la protección de las víctimas; y expone las consecuencias acumulativas de violencias previas que, en muchos casos, fueron desatendidas o minimizadas por el entorno social y las instituciones.

En este sentido, los observatorios independientes cumplen un rol clave como herramientas de producción de conocimiento basado en evidencia. A través del análisis sistemático de datos, estos dispositivos permiten identificar patrones relevantes —como la edad de las víctimas, la relación con el agresor, el lugar del crimen o la existencia de antecedentes de violencia— y ofrecen insumos esenciales para la comprensión integral de la violencia contra mujeres y niñas. OGAT, en articulación permanente con la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), desarrolla un registro alternativo sustentado en la recopilación, contraste y verificación de información proveniente de su red de observadoras, medios independientes, redes sociales, reportes ciudadanos y fuentes comunitarias, en un contexto caracterizado por la ausencia de estadísticas oficiales completas, desagregadas y transparentes.

El trabajo del Observatorio de Alas Tensas no responde a una lógica punitivista, sino a un enfoque pedagógico, preventivo y transformador. Su propósito es contribuir a la construcción de una conciencia social que reconozca la inadmisibilidad de cualquier forma de violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas vulnerables y otros colectivos históricamente marginados. 

Todo este trabajo se desarrolla en un contexto adverso, marcado por la precariedad de recursos y la criminalización del activismo independiente. Documentar feminicidios, solicitar información, acompañar a familias víctimas de la violencia o denunciar públicamente la falta de protección institucional puede derivar en hostigamiento, campañas de descrédito o represalias. A pesar de estas condiciones, OGAT y YSTCC sostienen un monitoreo continuo que ha permitido registrar, de 2019 a 2025, 315 feminicidios —16 casos en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021 y en 2022, 90 en 2023, 56 en 2024 y 48 en 2025 —y otras formas extremas de violencia contra mujeres y niñas, así como identificar tendencias que no son reconocidas ni publicadas por el Estado cubano.

Finalmente, este informe constituye también un ejercicio de reconocimiento a las personas, medios y organizaciones aliadas que hacen posible el funcionamiento del Observatorio y la producción de este documento. Entre ellas se encuentran la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, Museo V, Cubalex, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, la Red de Observatorios Independientes de Cuba, MundoSur, la Red Femenina de Cuba, así como numerosos medios independientes, especialmente Martí Noticias y activistas dentro y fuera de la Isla. Sin su trabajo cotidiano de alerta, verificación y acompañamiento, los datos aquí presentados no serían posibles en toda su dimensión.

Las páginas que siguen aspiran a servir como un llamado de atención sostenido a la ciudadanía cubana e internacional, porque detrás de cada caso documentado existen vidas truncadas, vínculos quebrados y comunidades completas afectadas de manera profunda.

Este informe no pretende constituir un cierre, sino una herramienta para la memoria, la exigencia de rendición de cuentas y la promoción de transformaciones estructurales que garanticen el derecho de todas las mujeres y niñas en Cuba a vivir libres de violencia.

2. Contexto: crisis estructural, desprotección y cierre del espacio cívico en Cuba

2.1. Crisis socioeconómica, sanitaria y de cuidados

El período enero–diciembre de 2025 transcurre en Cuba bajo una crisis multidimensional que atraviesa prácticamente todas las esferas de la vida social: energía, salud, educación, economía doméstica, migración, dinámica familiar y, de forma particular, el trabajo de cuidados que recae mayoritariamente sobre las mujeres.

En este contexto, el incremento abrupto de las tarifas de acceso a Internet impuesto por ETECSA (conocido como El Tarifazo) operó como un factor adicional de tensión social. La medida profundizó la brecha digital y restringió de manera significativa el acceso a la información, a la educación y a la comunicación, derechos reconocidos por los estándares internacionales. En un escenario donde el acceso a Internet constituye, además, una herramienta esencial para la denuncia pública, la organización comunitaria y la activación de redes de apoyo frente a la violencia y la desaparición de personas, el encarecimiento del servicio tuvo un impacto diferenciado sobre sectores ya vulnerables, entre ellos mujeres, jóvenes y estudiantes.

Las protestas estudiantiles y paros universitarios que emergieron como respuesta al Tarifazo expresaron no sólo el rechazo a una medida económica específica, sino un descontento más amplio frente a la acumulación de políticas estatales que agravan la exclusión social y limitan el ejercicio de derechos fundamentales. 

En el plano sanitario, diversos análisis —incluidos los publicados por el Observatorio de Alas Tensas— muestran un deterioro acelerado de los indicadores de salud materno–infantil y del funcionamiento del sistema sanitario. Datos oficiales difundidos por el propio Ministerio de Salud Pública señalan que la mortalidad infantil alcanzó el “9.9 por cada mil nacidos vivos, contra 7.1 en 2024”, en un contexto de hospitales colapsados, desabastecimiento de medicamentos y proliferación de arbovirosis con información opaca sobre su impacto real.

En el ámbito jurídico–familiar, información del Tribunal Supremo Popular recogida y analizada por el Observatorio de Alas Tensas indica que casi el 80 % de los procesos vinculados al Código de las Familias en 2025 corresponde a divorcios, lo que evidencia altos niveles de conflictividad en las relaciones de pareja y familiares. Este dato, en sí mismo, no permite establecer causalidades, pero sí abre interrogantes relevantes sobre el peso de la violencia contra mujeres y niñas, la precariedad económica, la migración y la sobrecarga de cuidados en la ruptura de los vínculos familiares.

A este panorama se suma una amenaza directa contra la autonomía familiar, y los derechos parentales. Un artículo publicado en el mes de mayo en el Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), firmado por la fiscal de la Dirección de Protección de la Familia, Diana Rosa Simón Gutiérrez, advierte que rechazar el “trabajo educativo” del Sistema Nacional de Educación o incumplir los deberes vinculados al “respeto y amor a la Patria” puede constituir causa para la privación de la responsabilidad parental. Esta interpretación del Código de las Familias abre la puerta a la utilización punitiva del marco legal contra madres y padres que cuestionen el adoctrinamiento ideológico de sus hijos, incluso contra disidentes y opositores, reforzando un clima de miedo y autocensura en el ámbito familiar.

La noción estatal de “amor a la patria”, históricamente asociada a la adhesión incondicional al partido comunista, ha sido utilizada de forma sistemática para desacreditar, aislar y castigar a personas críticas, incluso cuando no se reconocen como opositoras políticas. 

La crisis socioeconómica general —marcada por inflación, salarios insuficientes, colapso del sistema eléctrico y dificultades para el acceso a alimentos, agua potable y transporte— incide de manera desproporcionada en las mujeres, que continúan sosteniendo el trabajo de cuidados y la “economía del remiendo” en los hogares. Y son ellas, las madres cubanas, quienes en 2025 protagonizaron las escenas de desobediencia cívica más sistemáticas y audaces: cortaron calles con tanques vacíos, muebles, entre otros objetos, o de la mano de sus hijos, para exigir soluciones inmediatas.

2.2 ¿Qué hacen las instituciones oficiales ante la violencia hacia las mujeres y las niñas? 

El 15 de julio, el Noticiero Nacional de Televisión (NTV) transmitió un reportaje sobre los debates parlamentarios en torno al Programa para el Adelanto de las Mujeres (PAM). En la cobertura, autoridades del Estado y del PCC —entre ellas la viceprimera ministra Inés María Chapman, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle, varias diputadas y el presidente designado Miguel Díaz-Canel— presentaron como “avances” una serie de medidas cuya eficacia real no fue sometida a evaluación pública ni a contraste con indicadores verificables sobre la situación de las mujeres en Cuba.

En esa misma sesión, Teresa Amarelle celebró el reconocimiento del trabajo de cuidados como empleo. No obstante, su intervención omitió precisar si dicho reconocimiento implica remuneración efectiva, acceso garantizado a la seguridad social o políticas concretas de redistribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. La ausencia de estas definiciones impide valorar el alcance real de la medida y revela la persistencia de un enfoque declarativo, desvinculado de transformaciones estructurales.

Para quienes hemos documentado de manera sostenida las violencias estructurales, los retrocesos en derechos y la criminalización del activismo feminista independiente en Cuba, lo expuesto no constituyó un ejercicio de rendición de cuentas ni de revisión crítica de las políticas públicas. El discurso institucional reproduce un esquema donde se exaltan logros formales mientras se elude el análisis de las condiciones materiales, jurídicas y sociales que sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Este enfoque se articula, además, con una lógica punitivista presentada como principal herramienta de prevención. En agosto de 2025, el Tribunal Provincial de La Habana impuso una sanción de 25 años de privación de libertad a un hombre que atacó de forma violenta a su expareja dentro de su vivienda, en un hecho que puede considerarse un intento de feminicidio. La sentencia se basó en los delitos de robo con violencia e intimidación contra las personas, lesiones, amenazas y violación de domicilio, según informó el medio oficialista Canal Caribe el 16 de agosto.

El reporte oficial no calificó el hecho como intento de feminicidio, ni hizo pública la identidad de la víctima o del agresor, aunque sí lo hace sin el menor cuidado en el caso de opositores y activistas. Esta omisión refuerza un patrón institucional que prioriza el castigo penal sin nombrar la violencia hacia las mujeres y las niñas como fenómeno específico, ni acompañar las sanciones con políticas integrales de prevención, protección y reparación para las mujeres.

2.3 ¿Qué dicen las cifras oficiales sobre los feminicidios? 

El régimen informó en junio de este año, a través del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, algunos datos sobre feminicidios en Cuba. Según el Subsistema de Información Estadística Complementaria del Tribunal Supremo Popular (SIEC-TSP), se registraron 76 mujeres de 15 años o más asesinadas por razones de género, en casos que fueron juzgados durante el año 2024.

Es crucial destacar que estas cifras no corresponden necesariamente a los feminicidios ocurridos en 2024, sino a aquellos que fueron procesados judicialmente durante ese año. Esto implica un desfase temporal respecto a la fecha de los crímenes, lo que genera una subestimación del fenómeno en tiempo real.

Entre las mujeres asesinadas aparecen menores de edad (entre 15 y 18 años), jóvenes y adultas. 44 víctimas pertenecían al grupo etario de 20 a 44 años, y 17 tenían entre 45 y 59 años. Esta franja etaria refleja una vulnerabilidad estructural, especialmente al considerar que el 69,7% no tenía vínculo laboral al momento de su asesinato.

Dos víctimas presentaban alguna discapacidad física o intelectual. Además, se reportó un aumento en las víctimas afrodescendientes: 5 mujeres negras y 10 “mulatas” más que el año anterior, lo cual refuerza la urgencia de abordar la violencia hacia las mujeres y las niñas desde una perspectiva interseccional. Debemos subrayar que el término "mulata" que usa el observatorio oficial es muy cuestionable por el racismo implícito de esta palabra, que oculta las raíces históricas de violencia hacia las mujeres negras en el contexto de la colonización.

Las zonas urbanas concentraron más casos (44), pero la tasa en zonas rurales (3,27 por cada 100.000 mujeres) fue significativamente superior a la urbana (1,35). Las provincias con más asesinatos fueron La Habana (12 casos; tasa 1,49), Santiago de Cuba (9 casos; tasa 2,20) y Matanzas (8 casos; tasa 2,96), siendo esta última la de mayor tasa.

El 73,7% de los feminicidios ocurrieron en el hogar. De los 76 casos, 55 fueron cometidos por la pareja o expareja, reflejando un patrón de violencia estructural dentro del ámbito doméstico. 

La información oficial refleja un aumento en la judicialización de feminicidios, pero no permite conocer con certeza el número real de casos ocurridos en el año. 

2.4 Marco legal insuficiente y ausencia de políticas integrales de protección

El Código Penal cubano aprobado en 2022 (Ley No. 151/2022) incorpora referencias explícitas a la violencia contra mujeres y niñas y a la violencia familiar, pero no tipifica el feminicidio como delito autónomo, ni utiliza en ningún momento los términos femicidio o feminicidio en su articulado. 

Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) incluye a Cuba entre los “20 países y territorios que han incorporado el femicidio o feminicidio en la legislación a través de modificaciones en el Código Penal o leyes específicas”, lo cierto es que, en el caso cubano, esta inclusión responde únicamente a la consideración de la violencia de género como una agravante dentro del delito general de asesinato, y no a la creación de un tipo penal específico.

El Código prevé sanciones accesorias en delitos vinculados a la violencia contra mujeres y niñas, como la “privación o suspensión de la responsabilidad parental, la remoción de la tutela o la revocación del apoyo para personas en situación de discapacidad” (artículo 43.1); la prohibición de acercamiento a las víctimas u otras personas allegadas (artículo 58.1 y 58.2); y la posibilidad de incrementar hasta en un tercio el límite máximo de la sanción en delitos cometidos como resultado de violencia contra mujeres y niñas o familiar (artículo 75.1), atendiendo a criterios como la reiteración, el daño causado o los antecedentes del agresor. 

Asimismo, el tribunal puede imponer obligaciones complementarias como tratamiento psicológico obligatorio (artículo 76.1). En el régimen de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, el Código contempla como atenuante “cometer el hecho como consecuencia de haber sido objeto, de manera continua y persistente, de violencia contra mujeres y niñas o de violencia familiar” (artículo 79.1). 

En conjunto, estas disposiciones evidencian que el enfoque del legislador se limita a un tratamiento accesorio de la violencia contra mujeres y niñas dentro del sistema penal, sin reconocer el feminicidio como la forma más extrema de esta violencia ni establecer un marco penal específico acorde con los estándares internacionales en la materia.

Tampoco existe en la isla: 

• una red pública de refugios o casas de acogida para mujeres y niñas en situación de riesgo,
• protocolos interinstitucionales claros, accesibles y conocidos para la protección de víctimas y su entorno,
• ni sistemas de datos oficiales desagregados, regulares y transparentes sobre feminicidios, tentativas de feminicidio, desapariciones y otras formas de violencia hacia las mujeres y las niñas. 

Frente a este vacío institucional, el registro independiente que realizan OGAT y YSTCC—mediante monitoreo de medios, redes sociales, reportes ciudadanos y verificación comunitaria— se ha convertido en la principal herramienta disponible para dimensionar la violencia contra mujeres y niñas y otras violencias hacia las mujeres y las niñas en Cuba, y para documentar la desprotección estructural de mujeres y niñas.

3. Monitoreo de desapariciones, violencia extrema frente a la ausencia de protocolos de búsqueda 

Una dimensión particularmente preocupante del contexto cubano es la invisibilización de las desapariciones de mujeres y niñas. A diferencia de otros países de la región, Cuba carece de protocolos de alerta temprana, registros públicos específicos y mecanismos legales robustos para la búsqueda de personas desaparecidas. El Observatorio de Alas Tensas ha advertido que esta ausencia de protocolos de búsqueda, sumada a la opacidad informativa y a la criminalización de las organizaciones independientes, crea un vacío institucional que coloca a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad. 

En ese escenario, las desapariciones pueden quedar diluidas entre fenómenos como la migración irregular, la trata de personas o la violencia contra mujeres y niñas. La falta de canales confiables impide distinguir, investigar y registrar cada caso de manera adecuada. El resultado es un entorno de desprotección donde las responsabilidades estatales se difuminan y las familias quedan prácticamente solas.

Desde 2023, OGAT profundizó su trabajo de monitoreo y visibilización de desapariciones de mujeres y niñas, incorporando en 2025 y junto a YSTCC, la Campaña “No Me Olvides”, ante la inexistencia de protocolos de búsqueda con enfoque de derechos humanos. En articulación con YSTCC, Me Too Cuba y una red de voluntarias, el Observatorio participa en la circulación de alertas ciudadanas impulsadas desde la sociedad civil, como #AlertaYeniset (para desapariciones de mujeres) y #AlertaMayde (centrada en niñas, niños y adolescentes). 

Estas alertas se activan únicamente con confirmación directa de familiares o personas cercanas y tras un protocolo interno de contraste para evitar la difusión de información no verificada. Cada alerta deriva en una ficha pública con datos mínimos de identificación y contacto, procurando preservar la seguridad de las familias, y se inspira en modelos como la Alerta Amber, adaptados a un contexto sin mecanismos estatales equivalentes. 

3.1 Personas desaparecidas en Cuba: análisis de 40 casos documentados por OGAT en 2025

Quizás uno de los indicadores más preocupantes de la crisis de seguridad y de derechos en Cuba sea la situación de las personas desaparecidas. Según un análisis de la abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, para la campaña “No Me Olvides”, la legislación vigente en Cuba se enfoca principalmente en proteger el patrimonio de las personas desaparecidas, pero no contempla mecanismos efectivos de búsqueda ni de acompañamiento integral a las familias, que quedan solas frente al vacío institucional. 

En los últimos años, el país ha registrado un incremento sostenido de los reportes de desapariciones, un fenómeno que ha encontrado en las redes sociales su principal vía de denuncia ante la inexistencia de canales oficiales eficaces. Madres, padres y familiares recurren a grupos de Facebook y WhatsApp para difundir fotos, descripciones y llamados urgentes, mientras las autoridades demoran en actuar o minimizan los casos.

3.2 Análisis de las desapariciones en 2025 

En 2025, a partir del registro elaborado por OGAT, se documentaron 40 desapariciones de mujeres, niñas y niños en Cuba. De ese total, 26 personas fueron localizadas con vida, 8 casos permanecen como alertas activas y 6 corresponden a personas que aparecieron muertas. El conjunto incluye mujeres adultas, adultas mayores, niñas, adolescentes y dos niños, lo que evidencia la diversidad de perfiles afectados por este fenómeno.

Dentro del total de 40 casos, se identifican 12 personas menores de edad, lo que representa aproximadamente el 30 % del registro. Este grupo está compuesto por 10 niñas y adolescentes y 2 niños, una proporción significativa que muestra el impacto del fenómeno en la población infantil y adolescente. En al menos un caso se registra reincidencia de desaparición en una misma menor, lo que apunta a contextos persistentes de vulnerabilidad y repetición del riesgo.

Desde el punto de vista territorial, el registro muestra una alta concentración en La Habana, donde se documentan al menos 27 de los 40 casos. Fuera de la capital se registran 13 desapariciones, distribuidas principalmente en Holguín, Matanzas, Camagüey, Granma, Mayabeque, Guantánamo y Ciego de Ávila. Esta concentración en la capital puede relacionarse con factores como la densidad poblacional o una mayor visibilidad de las alertas en redes sociales, aunque con la información disponible solo puede afirmarse que La Habana concentra la mayor parte de las desapariciones documentadas.

En cuanto al perfil de las personas desaparecidas, se repite de forma significativa la mención de condiciones de salud mental o deterioro cognitivo —esquizofrenia, Alzheimer, demencia, depresión o pérdida de memoria— en al menos 9 casos, especialmente entre adultas mayores. Estas condiciones incrementan los escenarios de vulnerabilidad y riesgo durante las desapariciones.

Al menos en un caso se documenta una desaparición asociada a una agresión extrema, incluyendo violación y agresión física, lo que introduce una tipología distinta vinculada a violencia contra mujeres y niñas. 

Entre las alertas activas, destaca el caso de Doraiky Águila Vázquez (48 años) no solo por su prolongación en el tiempo, sino por ser el único en el que un medio oficial difundió la alerta, un hecho vinculado a la búsqueda pública y sostenida de su madre. Doraiky está desaparecida desde el 15 de marzo de 2025 en Lawton, La Habana, y su madre, Maura Vázquez, no ha cesado de salir a la calle con un cartel colgado al cuello con el rostro de su hija, exigiendo respuestas. A los cuatro meses de búsqueda y a petición de Maura, el medio oficial Canal Educativo informó sobre la desaparición en su perfil de Facebook, una acción descrita como inusual ante la cantidad de denuncias de desaparición en Cuba. 

El registro también evidencia la relación entre desapariciones y violencia extrema. Al menos seis mujeres reportadas como desaparecidas fueron encontradas sin vida, entre ellas Dayli Acosta Oceguera, Roxana Donatien Celián, Bárbara Elena Tejeiro Magdaleno y Julia Salvadora Segura Guerra, casos en los que se confirmaron feminicidios de pareja o expareja o feminicidios sociales, así como otros (2) en los que la causa de la muerte continúa siendo investigada.

Alertas activas

Las alertas activas corresponden a Leonor Isaac Campos (76 años, La Habana), María Karla Quiala (18 años, La Habana), Noguella Lezcano (80 años, La Habana), Alicia María Montes de Oca Pérez (45 años, Guantánamo), Doraiky Águila Vázquez (48 años, La Habana), Esther Pau Alfonso (75 años, La Habana),  Yanicel (Valdés o Martínez) (Pinar del Río) y Yoslaydis Remedios Armenteros (38 años, Matanzas).  

4.- Represión política, presos y presas de conciencia y criminalización del activismo de mujeres

El análisis de la violencia hacia las mujeres y niñas en Cuba no puede separarse del contexto de represión política y cierre del espacio cívico. Desde las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), el país ha experimentado un aumento significativo de la persecución penal y administrativa contra personas que ejercen derechos fundamentales como la protesta pacífica, la libertad de expresión o la organización independiente.

Organizaciones especializadas como Prisoners Defenders han documentado de manera sistemática el crecimiento sostenido del número de personas presas por motivos políticos, señalando que, a lo largo de 2024 y 2025, la cifra se ha mantenido en alrededor de 1.100–1.200 presos políticos. 

En noviembre de 2025, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas emitió una condena histórica contra el Estado cubano, al documentar al menos 93 casos de detenciones arbitrarias relacionadas con el 11J, y señalar patrones reiterados de represión, incluyendo procesos judiciales sin garantías, uso desproporcionado de la fuerza y criminalización de la protesta.

Alas Tensas, a través de su Observatorio, ha dado seguimiento específico a la situación de numerosas presas políticas, muchas de ellas mujeres jóvenes y madres, condenadas a penas severas por su participación en protestas o por actividades de defensa de derechos humanos. Entre estos casos se encuentran mujeres como Sayli Navarro, Sissi Abascal, Lizandra Góngora, María Cristina Garrido, Zulmira Martínez, Ienelis Delgado, y otras cubanas, cuya situación carcelaria —marcada por problemas de salud, falta de atención médica adecuada y separación forzada de sus hijos— ha sido objeto de campañas y cuestionamientos públicos.

Este contexto tiene varias implicaciones directas para el análisis de la violencia contra mujeres:

• Las mujeres que protestan por derechos básicos, como acceso a alimentos o medicamentos para sus hijos, se exponen a represalias, detenciones arbitrarias, vigilancia y hostigamiento, lo que limita su capacidad para reclamar protección frente a violencias domésticas o institucionales.
• Las familias de presos políticos, y en particular las madres, esposas e hijas que encabezan campañas por su liberación, son objeto de presiones, amenazas y actos de intimidación, en un contexto donde cualquier forma de organización independiente es tratada como sospechosa o subversiva.
• Los propios observatorios independientes, como OGAT y YSTCC, operan en un entorno de criminalización y estigmatización, en el que documentar feminicidios, emitir alertas o solicitar información puede acarrear campañas de descrédito, impedimentos migratorios e incluso interrogatorios por parte de la Seguridad del Estado.

En 2025, OGAT ha continuado su trabajo de incidencia internacional, incluyendo acciones realizadas en el Parlamento Europeo en Bruselas, donde se han expuesto los patrones de feminicidio, el incumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW y el EPU por parte del régimen cubano, la impunidad estructural y la criminalización sistemática del activismo feminista y de derechos humanos en Cuba. Estas iniciativas buscan generar presión internacional para que el Estado cubano adopte medidas concretas de protección y cese las represalias contra quienes monitorean y denuncian la violencia hacia las mujeres y las niñas. 

5. Cuba en el mapa regional de violencia contra mujeres y niñas y derechos humanos

El contexto cubano debe situarse en una perspectiva regional:  informes recientes de la CEPAL ubican a Cuba entre los países de América Latina y el Caribe con niveles preocupantes de violencia contra mujeres y niñas. La CEPAL subraya la urgencia de mejorar los sistemas de registro, armonizar definiciones y avanzar hacia políticas integrales de prevención y protección.

En este marco, la violencia hacia las mujeres y las niñas—y, en particular, los feminicidios— no puede entenderse sólo como un problema “privado” o doméstico, sino como un fenómeno profundamente imbricado con:

• la desigualdad estructural de género,
• la crisis socioeconómica y sanitaria,
• la debilidad institucional y la ausencia de marcos legales integrales,
• y la represión y censura política y el cierre del espacio cívico.

El régimen cubano ha intentado lavar su imagen frente a las acusaciones de inmovilidad política y tolerancia institucional hacia la violencia mediante gestos como la inauguración, en noviembre de 2025, de “una oficina especializada para la atención jurídica integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia contra mujeres y niñas, como parte de un proyecto de colaboración que aspira a extenderse a 40 municipios del país”. Según el diario oficialista Granma, que cubrió la noticia, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) —alineada con los intereses del Estado— afirmó que “las funciones esenciales de la oficina serán el asesoramiento jurídico especializado, empático y sensible, así como una labor metodológica y de orientación para la superación de los abogados en todo el país”.

En esa misma línea, entre el 16 y el 20 de junio, el Ministerio del Interior (MININT) informó —con apoyo del gobierno francés— la realización del curso “Lucha contra la violencia contra mujeres y niñas: la acogida de víctimas y recepción de denuncias”, orientado a “fortalecer la preparación de sus fuerzas en la recepción de denuncias y la investigación de hechos relacionados con violencia contra mujeres y niñas”. 

Según la página de Facebook del MININT, el programa buscó actualizar procedimientos y tendencias de trabajo, así como promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el trato a las víctimas y la prevención de estos delitos. La capacitación fue impartida por Elise Marie Legros, experta del Ministerio del Interior de Francia, y contó con representación del MININT a cargo de la coronel Daniset González Sánchez; participaron funcionarios de distintos órganos del sistema. 

Entre los contenidos abordados, destacaron: “los factores que inciden en el silencio de las víctimas y obstáculos para la denuncia; los protocolos de actuación policial y medidas institucionales en casos de desaparición vinculados a violencia contra mujeres y niñas, incluyendo su evaluación, búsqueda y protección; y el perfil psicológico de los agresores”. 

Aunque estas acciones responden, en buena medida, a la presión sostenida que la sociedad civil ha ejercido durante años en defensa de la vida de las mujeres cubanas, conviene subrayar que no incorporan el trabajo ni la experiencia acumulada por las organizaciones independientes. En cambio, tienden a presentarse como respuestas institucionales orientadas, sobre todo, a cumplir compromisos internacionales que resultan funcionales para acceder a fondos de cooperación y asistencia.

Un ejemplo de ese enfoque se observó en enero de 2025, cuando la FMC —la única organización de mujeres reconocida por el Estado y con un historial de alineamiento con el poder, incluso en contextos donde se ha señalado su participación en dinámicas represivas contra mujeres— anunció la campaña “Mirar para el otro lado también es violencia”, como parte del proyecto “Apoyo a la respuesta nacional a la violencia basada en género”. Según la comunicación oficial en el Canal Caribe, el programa se integra a una estrategia estatal destinada a “reducir el impacto de la violencia sexual y de género en Cuba”.

Lo relevante es que la iniciativa cuenta con el respaldo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y con apoyo de la Embajada de Canadá en La Habana, que habría donado alrededor de tres millones de dólares canadienses (poco más de dos millones de dólares estadounidenses) al proyecto. Sin embargo, todo ello se desarrolla sin participación de la sociedad civil independiente ni mecanismos públicos de transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de los recursos, ni sobre el impacto verificable de esos fondos.

6. Metodología de observancia del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT)

Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), en coordinación con el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), desarrolla un trabajo sistemático de registro, verificación y análisis de feminicidios y otras formas de violencia extrema contra mujeres y niñas en Cuba. Esta labor surge en respuesta a la ausencia de estadísticas oficiales completas, sistemáticas y transparentes, así como a la falta de acceso público a información institucional sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas. 

La observancia se realiza en un contexto particularmente complejo, caracterizado por la opacidad estatal, la inexistencia de protocolos públicos de registro, la ausencia de una tipificación autónoma del feminicidio y las restricciones que enfrentan tanto el activismo feminista como los esfuerzos independientes de documentación. En este escenario, OGAT y YSTCC han construido una metodología propia, situada y en permanente evolución, en diálogo con referentes regionales y con otras experiencias latinoamericanas de observancia, pero adaptada a las condiciones específicas del contexto cubano.

Enfoque conceptual

OGAT parte del reconocimiento de que los términos femicidio y feminicidio suelen emplearse como equivalentes para denominar el asesinato de mujeres por razones de género. Sin embargo, el Observatorio utiliza de forma preferente el término feminicidio, en consonancia con la propuesta conceptual de Marcela Lagarde, con el fin de subrayar no solo la dimensión letal de la violencia hacia las mujeres y niñas, sino también la responsabilidad del Estado cuando incumple su deber de actuar con debida diligencia en la prevención, protección, investigación y sanción de estos crímenes.

Esta elección conceptual permite destacar que los feminicidios no constituyen hechos aislados ni exclusivamente individuales, sino la expresión extrema de un entramado estructural de desigualdad, discriminación y violencia, sostenido también por condiciones de impunidad institucional.

6.2 Fuentes de información y red de observancia

La recopilación de información se sustenta en una red de observadoras y colaboradoras distribuidas en distintos territorios del país, así como en la participación activa de la ciudadanía. Las alertas iniciales suelen recibirse a través de publicaciones en redes sociales y plataformas de mensajería, reportes de medios de comunicación independientes y, en algunos casos, oficiales, denuncias directas de familiares, amistades, vecinas y vecinos, así como mediante contactos de periodistas comunitarias y activistas feministas.

A partir de cada alerta, OGAT y YSTCC activan un proceso de verificación basado en la triangulación y contraste de diversas fuentes. Entre ellas se incluyen publicaciones en redes sociales, reportes ciudadanos, denuncias de personas allegadas a la víctima, medios de prensa y, cuando resulta posible, información procedente de instituciones estatales, fuentes policiales, judiciales o forenses.

En marzo de 2023, OGAT implementó un formulario en línea de denuncia confidencial, que se sumó a los canales ya existentes, como el correo electrónico y la mensajería privada de OGAT y YSTCC. Esta vía busca facilitar que la ciudadanía reporte posibles feminicidios u otras violencias extremas sin exponerse a represalias directas.

Con el propósito de proteger a quienes reportan información y a las propias observadoras, el Observatorio aplica medidas de anonimato y confidencialidad, evitando la exposición de datos sensibles que puedan poner en riesgo a familias o comunidades.

6.3 Criterios de inclusión, verificación y alcance del registro

Los casos no se incorporan automáticamente al subregistro. Su inclusión depende de un proceso de verificación que permita disponer de un mínimo de evidencia confiable sobre la identidad de la víctima, la ocurrencia del hecho y elementos suficientes para su análisis. En un contexto como el cubano, donde persisten severas limitaciones para acceder a documentos oficiales y fuentes institucionales completas, la red de observancia comunitaria y digital resulta central para la identificación preliminar y el seguimiento de los casos.

Una vez recibida una alerta, el primer paso consiste en reconstruir la información primaria disponible sobre el hecho. El equipo de OGAT y YSTCC recopila los datos iniciales, elabora una ficha preliminar y procede a su verificación mediante el cruce de fuentes periodísticas, contactos directos con familiares y personas allegadas a la víctima —siempre que la seguridad lo permita— y validación territorial a través de la red de observadoras locales.

Para que un caso sea registrado como feminicidio, es necesario identificar al menos un elemento que permita evidenciar el sesgo de género. Entre los principales indicadores se encuentran la relación de pareja o expareja con el agresor, los antecedentes de violencia machista, amenazas o control, los indicios de violencia sexual, las expresiones de misoginia o de odio hacia las mujeres, y la existencia de un contexto de violencia reiterada contra mujeres y niñas.

Cuando no se dispone de información suficiente para confirmar el sesgo de género, pero existen indicios relevantes, el Observatorio clasifica el caso como “se requiere acceso a la investigación policial”. Estos hechos permanecen en seguimiento continuo y pueden ser reclasificados a partir de nueva evidencia.

La metodología de OGAT y YSTCC no se limita al feminicidio consumado. También incluye el registro de intentos de feminicidio, transfeminicidios, asesinatos de hombres por motivos de género, personas heridas en contextos de violencia contra mujeres y niñas, desapariciones de mujeres y niñas y, de manera exploratoria, posibles suicidios feminicidas, en aquellos casos donde existan indicios relevantes de una relación estrecha con violencias previas contra mujeres y niñas. Este alcance ampliado responde a la necesidad de observar el continuo de las violencias de género y de no restringir el análisis únicamente al momento letal del fenómeno.

6.4. Variables y dimensiones analíticas

En cada caso, en la medida en que la información disponible lo permite, se sistematiza un conjunto amplio de variables referidas a la víctima, al agresor y a las circunstancias del hecho. Entre ellas se incluyen la edad, el color de piel, la situación socioeconómica, el nivel educativo, la situación laboral, la orientación sexual, la identidad de género, la existencia de embarazo, el vínculo entre víctima y agresor, los antecedentes de violencia, la forma de comisión del crimen, la conducta posterior del agresor, la posible violencia sexual asociada y la existencia de personas dependientes a cargo de la víctima.

La amplitud de estas variables busca favorecer una comprensión más integral del fenómeno y evitar lecturas reduccionistas o meramente descriptivas de los casos.

6.5. Tipología utilizada para la clasificación de los feminicidios

OGAT adapta al contexto cubano la metodología de clasificación de feminicidios anunciada por el Ministerio de Igualdad de España en 2021 y adoptada en 2022, considerada entre las más completas a escala internacional. A partir de esta referencia, el Observatorio emplea las siguientes categorías:

• Feminicidio de pareja o expareja: asesinato de una mujer por parte de su pareja o expareja, ya sea en el marco de un matrimonio, una unión de hecho o una relación afectiva, con independencia de la convivencia.
• Feminicidio familiar: asesinato de una mujer perpetrado por un hombre de su entorno familiar, como padre, hermano, tío, yerno u otros parientes masculinos.
• Feminicidio sexual: asesinato de una mujer en un contexto de violencia sexual, sin relación de pareja ni parentesco con el agresor. Incluye casos vinculados con explotación sexual, trata de personas, prostitución forzada, mutilación genital femenina o matrimonios forzados.
• Feminicidio social: asesinato de una mujer cometido por un hombre con quien no existe vínculo íntimo ni familiar, como un desconocido, vecino, compañero de trabajo, empleador o conocido circunstancial.
• Feminicidio vicario: asesinato de mujeres u otras personas —frecuentemente hijas e hijos menores— con el objetivo de causar daño a una mujer determinada. Esta categoría se subdivide en feminicidio vicario en el marco de la pareja o expareja y feminicidio vicario fuera de ese ámbito.
• Transfeminicidio: asesinato de mujeres trans en contextos donde, además de la transfobia, se identifican componentes de misoginia. OGAT documenta estos casos con independencia de si el cambio registral de género ha sido formalizado o no, con el fin de garantizar el reconocimiento de las mujeres trans, víctimas de violencia extrema dentro del registro de feminicidios.
• Feminicidio ginecobstétrico: muerte de una mujer asociada a negligencia, maltrato o violencia institucional en la atención del embarazo, parto o posparto, incluidas muertes derivadas de abortos inseguros, partos sin condiciones adecuadas y complicaciones evitables en contextos de atención deficiente. Esta categoría permite visibilizar la intersección entre la violencia contra mujeres y niñas y el sistema sanitario.
• Suicidio feminicida: Este término alude a los suicidios de mujeres que se producen como resultado directo de la violencia sufrida, ya sea por agresiones físicas, sexuales, psicológicas o por la acumulación de maltrato a lo largo del tiempo. 
• 6.6. Metodología compartida con MundoSur y uso de la Matriz

Desde 2024, OGAT y YSTCC aplican de forma coordinada la metodología consensuada con la red regional MundoSur para el Mapa Latinoamericano de Feminicidios. Como parte de este proceso, utilizan una herramienta central de sistematización: la Matriz, una ficha técnica en formato Excel que permite organizar la información de manera homologada, detallada y comparable a nivel regional.

La Matriz constituye una herramienta viva y en permanente actualización. Muchos de sus campos no pueden completarse en un primer momento debido a la escasez de datos públicos, la falta de acceso a expedientes y la opacidad institucional. Por ello, los registros se revisan y amplían progresivamente a medida que surgen nuevas informaciones, testimonios, procesos judiciales, filtraciones verificadas u otras evidencias relevantes.

6.7. Metodología para el registro de feminicidios de cubanas en el exterior

Desde 2023, el Observatorio ha incorporado de manera sistemática el registro de feminicidios de mujeres cubanas ocurridos fuera del país. Estos casos se identifican a través de medios de prensa del país donde ocurre el crimen, notas oficiales de fiscalías, tribunales o cuerpos policiales, declaraciones de portavoces institucionales y testimonios o comunicados de familiares, amistades y comunidades migrantes difundidos en redes sociales.

La metodología consiste en triangular estas fuentes hasta confirmar la identidad de la víctima, la fecha y el lugar del feminicidio, el vínculo con el agresor —cuando ello es posible—, las circunstancias básicas del hecho y el estado del proceso judicial, incluidas etapas como imputación, juicio o sentencia.

Este seguimiento exige superar barreras idiomáticas, diferencias legales entre países y la ausencia de estadísticas específicas por nacionalidad, por lo que OGAT refuerza esta labor mediante redes de organizaciones migrantes, periodistas locales y colectivos de apoyo.

6.9. Limitaciones del subregistro y de la recopilación de datos

La observancia independiente enfrenta importantes limitaciones derivadas del contexto político e institucional cubano. El incremento de la represión, la vigilancia y la criminalización del activismo ha producido un efecto de silenciamiento que afecta tanto la denuncia pública como la circulación de información sobre hechos de violencia extrema. Esta situación se agravó tras las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021, cuyo impacto se ha traducido en mayores niveles de temor ciudadano para denunciar públicamente situaciones de violencia, incluso mediante canales relativamente seguros.

Además, se ha observado una disminución de las reacciones públicas ante casos de violencia extrema, así como el cierre o restricción de perfiles en redes sociales que anteriormente constituían fuentes clave de información. A ello se suma la imposibilidad práctica de acceder de manera regular a informes forenses, expedientes policiales, procesos judiciales o registros administrativos completos. Esta falta de acceso impide esclarecer numerosos casos y deja a las familias sin alternativas reales fuera de las vías oficiales.

Por estas razones, OGAT y YSTCC insisten en que sus registros constituyen un subregistro verificable y no una cifra total del fenómeno. Se documentan únicamente aquellos casos sobre los que ha sido posible realizar un proceso mínimo y responsable de verificación, aun cuando existen fundamentos para presumir que un número indeterminado de feminicidios y otras violencias extremas permanece en el silencio o la invisibilidad oficial, debido a la combinación de miedo, censura, opacidad institucional y ausencia de canales accesibles de denuncia.

7. -Violencia contra cubanas en el exterior en 2025

Informe de registro, análisis, estadísticas y fichas de casos

Feminicidios / asesinatos consumados	Intentos de feminicidio	Asesinato de hombre por motivos de género	Serie previa OGAT/YSTCC
12	6	1	2023: 10 2024: 18

La violencia contra mujeres y niñas contra cubanas en el exterior continuó manifestándose en 2025 como una forma extrema de desigualdad de género atravesada por condiciones migratorias, desarraigo, dependencia afectiva o económica, aislamiento y fallas de protección institucional. Para este corte se documentan 12 feminicidios o asesinatos consumados de cubanas fuera de Cuba, 6 intentos de feminicidio o hechos de violencia contra mujeres y niñas no consumada, y 1 asesinato de un hombre por motivos de género en Estados Unidos, categoría ya utilizada por los observatorios en su sistema de observancia.

Este registro debe entenderse en continuidad con la serie elaborada por OGAT y YSTCC. En 2023 los observatorios documentaron 10 feminicidios de cubanas en el exterior, incluidos 2 transfeminicidios; en 2024 documentaron 18. La cifra de 2025 es menor, pero no puede leerse automáticamente como descenso del fenómeno, porque la visibilidad de estos casos depende de la circulación pública de la información, del acceso a fuentes locales y de la posibilidad de verificación en contextos legales y mediáticos muy distintos.

En el comportamiento del subregistro de 2025 todavía pueden percibirse efectos diferidos de la crisis migratoria cubana de 2021–2023, que incrementó la presencia de mujeres cubanas en rutas y destinos de alta vulnerabilidad. Al mismo tiempo, persiste una baja disponibilidad de información oficial y de cobertura local suficiente en países como Guyana y Surinam, donde con frecuencia es la propia comunidad cubana la que alerta en redes sociales sobre muertes violentas, repatriación de cuerpos o desamparo de hijas e hijos sobrevivientes. Ello sugiere que, además de los casos aquí documentados, pueden existir otros que no alcanzan visibilidad pública o que no logran ser verificados con el estándar mínimo exigido por el observatorio.

Este análisis de feminicidios de cubanas en el exterior aplica las mismas categorías y conceptos empleados por OGAT en sus análisis de feminicidios en Cuba, adaptados a la casuística del exterior. Se entiende como intento de feminicidio toda agresión potencialmente letal contra una mujer que no llega a consumarse, pero que por su gravedad, contexto y sesgo de género forma parte de la violencia contra mujeres y niñas. Esta categoría permite registrar disparos, apuñalamientos múltiples, intentos de estrangulamiento u otras agresiones de alta letalidad de las que la víctima sobrevive. También se incorporan, cuando corresponde, otras expresiones conexas de violencia extrema, como el asesinato de hombres por motivos de género o las agresiones contra mujeres trans, en coherencia con el marco metodológico de OGAT/YSTCC.

Hallazgos principales y patrones

El registro de 2025 muestra una concentración territorial en Estados Unidos, especialmente en Florida, que reúne tanto la mayor cantidad de feminicidios consumados como la mayoría de los intentos identificados. España ocupa el segundo lugar, con dos feminicidios consumados y un intento de violencia extrema no consumada. México aporta dos casos consumados, Guyana uno y Surinam uno. Esta distribución sugiere que la violencia contra mujeres y niñas contra cubanas en el exterior se concentra en corredores migratorios con fuerte presencia de población cubana y altos niveles de precarización o fragmentación de redes de apoyo.

Predominio del vínculo relacional con el agresor

La mayoría de los feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, reafirmando que el círculo íntimo sigue siendo el entorno más letal para las mujeres. Los casos registrados en Florida, Texas, Tennessee, Missouri y España confirman que la relación íntima continúa siendo el principal vínculo de riesgo.

Modalidades de extrema violencia

Se identificaron asesinatos con múltiples puñaladas, disparos y agresiones de extrema brutalidad. El uso de armas de fuego conserva un peso particular en Estados Unidos, mientras que los apuñalamientos múltiples aparecen con fuerza tanto en España como en varias ciudades estadounidenses.

Feminicidios migrantes y vulnerabilidad estructural

Muchas de las víctimas eran migrantes recientes, estaban en tránsito o vivían en condiciones de irregularidad o precariedad, lo que agrava su exposición ante la ausencia de redes de apoyo y el temor a las instituciones. Este patrón resulta especialmente visible en México, Surinam y algunos casos de Estados Unidos.

Casos vinculados a criminalidad, explotación o economías ilícitas

Algunos feminicidios o asesinatos de cubanas en el exterior se produjeron en contextos de explotación sexual, informalidad laboral, tramas de criminalidad o entornos de alta conflictividad. En 2025 este patrón aparece con nitidez en los casos de Yenisleydis Gutiérrez Brito, Yailín Torres, Claudia Mojarrieta-Matos y Elianis Betsalie Toro Martínez. 

Violencia contra mujeres y niñas no consumada

El bloque de los intentos resulta central. Su incorporación permite mostrar que la violencia contra mujeres y niñas no se expresa solo en los hechos consumados, sino también en agresiones de altísima letalidad de las que algunas víctimas sobreviven. En 2025 los intentos se concentran de forma notable en Florida, lo que sugiere una cadena de violencias letales no consumadas que amplía el universo visible del problema.

Visibilización de otras violencias de género conexas

Además de los intentos, el informe visibiliza el asesinato de hombres por motivos de género en el exterior, una categoría que no había sido frecuente en años anteriores, pero que forma parte del marco ampliado de observancia cuando el sesgo de género resulta verificable.

 Estadísticas sintéticas

Indicador	Total
Feminicidios o asesinatos consumados de cubanas en el exterior	12
Intentos de feminicidio o violencia contra mujeres y niñas no consumada	6
Asesinato de hombre por motivos de género	1

Distribución de feminicidios consumados por país

País	Casos	Porcentaje
Estados Unidos	6	50,0%
España	2	16,7%
México	2	16,7%
Guyana	1	8,3%
Surinam	1	8,3%

Distribución de intentos por país

País	Casos	Porcentaje
Estados Unidos	4	66,7%
España	1	16,7%
Surinam	1	16,7%

Cierre analítico

El registro consolidado de 2025 confirma que la violencia contra mujeres y niñas contra cubanas en el exterior no puede reducirse a la categoría clásica de feminicidio íntimo. La casuística documentada obliga a una lectura más amplia, atenta a los cruces entre migración, control patriarcal, vulnerabilidad económica, aislamiento, violencia intrafamiliar y exposición a entornos criminales, incluida la trata, el narcotráfico y otras economías ilícitas. También confirma que los intentos de feminicidio no son una dimensión secundaria, sino una parte central del fenómeno: visibilizarlos permite captar mejor la continuidad de la violencia letal más allá de las muertes consumadas. En ese mismo horizonte, el informe deja constancia de los asesinatos de hombres por motivos de género en el exterior, una expresión poco frecuente en años anteriores, pero relevante para el análisis ampliado de las violencias. 

8- Registro de feminicidios por los observatorios independientes

Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) mantienen un sistema independiente de registro, documentación y verificación de feminicidios en Cuba, ante la ausencia de estadísticas oficiales públicas, sistemáticas y desagregadas con enfoque de derechos humanos.

Esta labor se desarrolla en un entorno restrictivo, marcado por el acceso limitado a fuentes institucionales, la inexistencia de protocolos públicos de registro estatal, la falta de tipificación legal del feminicidio y la criminalización del activismo feminista y de derechos humanos. Estas condiciones afectan la disponibilidad y calidad de la información, generan un subregistro estructural y limitan la documentación exhaustiva de los casos.

En este contexto, los datos producidos por OGAT y YSTCC constituyen un subregistro verificable. No representan la totalidad de la violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba, pero sí una fuente independiente fundamental para el seguimiento, la identificación de patrones y tendencias, y la evaluación de brechas en materia de prevención, protección y acceso a la justicia.

Entre 2019 y 2025, los observatorios independientes verificaron un total de 315 feminicidios en Cuba. La serie anual, representada en el mapa, registra 16 casos en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021, 36 en 2022, 90 en 2023, 56 en 2024 y 48 en 2025.

Estas variaciones interanuales deben interpretarse con cautela, ya que no permiten inferir por sí solas una disminución o aumento real de la violencia contra las mujeres y las niñas, en un contexto persistente de subregistro y ausencia de estadísticas oficiales continuas y transparentes.En esas condiciones, este registro anual constituye una herramienta clave de seguimiento independiente para el análisis de tendencias generales de la violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba, con las limitaciones impuestas por el entorno informativo e institucional.

Análisis de Datos de Feminicidios en Cuba 2025

Tipología de los feminicidios en Cuba

El análisis por tipología de los 48 feminicidios verificados en 2025 muestra que el feminicidio de pareja o expareja continúa siendo la forma predominante de violencia letal contra las mujeres en Cuba. Con 40 casos, esta tipología concentra el 83,3 % del total, lo que confirma la persistencia de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo.

Las restantes tipologías se distribuyen de la siguiente manera:

• · Feminicidio social: 4 casos
• · Feminicidio sexual: 3 casos
• · Feminicidio familiar: 1 caso

Aunque numéricamente menos frecuentes, estas categorías representan expresiones igualmente graves de la violencia contra mujeres y niñas. En particular, los feminicidios sexuales evidencian la intersección entre violencia sexual y letal, mientras que el feminicidio familiar pone de relieve riesgos existentes dentro del entorno doméstico más allá de la relación de pareja.

Uno de los casos clasificados como feminicidio sexual permanece en proceso de verificación ampliada, debido a la información limitada disponible al cierre del año. Esta situación refleja las restricciones estructurales de acceso a datos judiciales y forenses, que afectan la precisión y exhaustividad del análisis y obligan a mantener criterios de cautela metodológica en la clasificación de los casos.

La marcada concentración de feminicidios de pareja y expareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes.

Al mismo tiempo, la presencia de feminicidios sociales, sexuales y familiares confirma que la violencia contra mujeres y niñas no se limita al ámbito conyugal, sino que se manifiesta en diversos entornos sociales. Esta diversidad de tipologías subraya la necesidad de enfoques diferenciados e integrales en las políticas públicas, capaces de atender los distintos escenarios de riesgo identificados a partir del monitoreo independiente.

Relación entre víctima y victimario

El examen de la relación entre víctima y agresor en los feminicidios verificados durante 2025 permite observar la centralidad de los vínculos previos en la configuración de la violencia letal contra las mujeres. A partir de los 48 casos documentados por OGAT y YSTCC, se identifican los siguientes tipos de relación:

• En 22 casos (45,8 %), el agresor era la pareja actual de la víctima.
• En 18 casos (37,5 %), se trató de una expareja.
• 4 casos (8,3 %) corresponden a agresores conocidos del entorno social.
• 1 caso (2,1 %) fue cometido por un familiar.
• En 2 casos (4,2 %) no existía relación previa identificada entre víctima y agresor.
• En 1 caso (2,1 %) no fue posible determinar el vínculo a partir de la información disponible.

En conjunto, estos datos indican que en 45 de los 48 feminicidios verificados (93,8 %) el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional. La concentración de los casos en relaciones de pareja, expareja y otros vínculos cercanos confirma que la violencia contra mujeres y niñas se inscribe, de forma predominante, en dinámicas sostenidas de desigualdad y control dentro de relaciones preexistentes.

Distribución geográfica: entorno urbano y rural

Los feminicidios verificados en Cuba durante 2025 se distribuyen entre entornos urbanos y rurales con una diferencia moderada. Del total de 48 casos documentados, 29 feminicidios (60,4 %) ocurrieron en zonas urbanas, mientras que 19 casos (39,6 %) tuvieron lugar en zonas rurales.

En los contextos rurales, la presencia de feminicidios debe leerse también a la luz de factores estructurales: menor disponibilidad de servicios especializados, mayores obstáculos para acceder a mecanismos de denuncia y una cobertura mediática más limitada. Estos elementos pueden contribuir a la continuidad de la violencia y a una intervención institucional insuficiente o tardía.

La distribución geográfica de los casos documentados refuerza la necesidad de políticas de prevención y protección que incorporen un enfoque territorial, atendiendo las particularidades y desigualdades existentes entre zonas urbanas y rurales.

Lugar del crimen

El análisis del lugar donde ocurrieron los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 muestra una concentración significativa de los hechos en espacios vinculados al ámbito doméstico, aunque también evidencia la presencia de escenarios abiertos y expuestos.

Del total de casos documentados, 30 feminicidios (62,5 %) tuvieron lugar en viviendas. De estos, 15 casos (31,3 %) ocurrieron en la vivienda compartida por la víctima y el agresor, y 15 casos (31,3 %) en la vivienda de la víctima. 

La ocurrencia de los feminicidios en el hogar debe analizarse en relación con condiciones estructurales persistentes, como la crisis habitacional, la ausencia de refugios estatales para mujeres en situación de violencia y las limitadas alternativas de protección institucional. Estas condiciones restringen las posibilidades de ruptura del vínculo con el agresor y prolongan la exposición a situaciones de riesgo.

En espacios no residenciales se documentaron 16 casos (33,3 %). Dentro de este grupo se incluyen: 

• 8 casos (16,7 %) ocurridos en espacios públicos.
• 3 casos (6,3 %) en terrenos baldíos o basurales.
• 2 casos (4,2 %) en la vivienda del agresor.
• 2 casos (4,2 %) clasificados en otros espacios.
• 1 caso (2,1 %) ocurrido en hoteles o alojamientos temporales.
• En 2 casos (4,2 %) no fue posible determinar el lugar del crimen a partir de la información disponible.

Los feminicidios cometidos en terrenos baldíos o basurales presentan características particularmente graves, al implicar el abandono del cuerpo en espacios abiertos, periféricos o de baja vigilancia social. En al menos uno de estos casos, la víctima había sido reportada previamente como desaparecida, y su cuerpo fue localizado posteriormente en un área de desecho, con indicios de violencia, lo que refuerza la relación entre feminicidio, desaparición previa y ocultamiento del cuerpo.

La diversidad de escenarios identificados confirma que la violencia contra mujeres y niñas no se restringe al espacio privado, aunque este concentre la mayoría de los casos, y que puede manifestarse también en contextos públicos o marginalizados. Esta distribución subraya la necesidad de políticas de prevención y protección que aborden de manera diferenciada los riesgos asociados tanto a los entornos domésticos como a los espacios abiertos, así como de mecanismos eficaces de búsqueda y respuesta temprana ante denuncias de desaparición.

Feminicidios por provincias

La distribución de los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 muestra una concentración territorial desigual. La Habana registró el mayor número de casos, con 9 feminicidios, seguida de Holguín (6), y Camagüey y Granma (5 cada una). Matanzas reportó 4 casos, mientras que Ciego de Ávila y Santiago de Cuba registraron 3 respectivamente. Un grupo de provincias —Pinar del Río, Sancti Spíritus, Artemisa, Cienfuegos y Mayabeque— presentó 2 casos cada una, y Las Tunas, Villa Clara y Guantánamo registraron 1 caso respectivamente.

Estos datos confirman que la violencia contra las mujeres y las niñas se expresa en todo el territorio nacional, aunque con mayor concentración en determinadas provincias de mayor densidad poblacional. No obstante, estas diferencias deben interpretarse con cautela, ya que responden no solo a la incidencia registrada, sino también a desigualdades en la visibilidad, la denuncia y las posibilidades de verificación. En este sentido, la distribución territorial refleja tanto patrones de ocurrencia como brechas en el acceso a información y protección, lo que refuerza la necesidad de respuestas institucionales con enfoque territorial.

Distribución temporal: feminicidios por mes

La distribución mensual de los 48 feminicidios verificados, muestra una variación irregular a lo largo del año, con una mayor concentración de casos en el segundo semestre.

El mes con mayor número de feminicidios registrados fue agosto, con 9 casos (18,8 %), seguido de julio, con 6 casos (12,5 %), y noviembre, con 5 casos (10,4 %). En conjunto, estos tres meses concentraron 20 feminicidios, lo que representa 41,7 % del total anual.

En un nivel intermedio se ubican marzo, abril y diciembre, con 4 casos cada uno (8,3 % por mes). Los meses de enero, febrero, junio, septiembre y octubre registraron 3 feminicidios cada uno (6,3 %). El mes con menor incidencia documentada fue mayo, con 1 caso (2,1 %).

La concentración de casos en los meses de julio y agosto coincide con el período vacacional de verano, caracterizado por una mayor permanencia en el hogar y cambios en las dinámicas familiares. Este comportamiento temporal resulta consistente con observaciones realizadas en informes anteriores, que han identificado incrementos de la violencia contra mujeres y niñas en meses asociados a modificaciones en la organización cotidiana de la vida familiar, en un contexto atravesado por la crisis económica y la precariedad material.

La reiteración de concentraciones mensuales en determinados períodos del año (en 2024 noviembre, con 9 casos, fue uno de los meses con mayor incidencia de feminicidios verificados) refuerza la utilidad del análisis temporal como herramienta para el seguimiento independiente de la violencia contra mujeres y niñas y la identificación de ventanas críticas de riesgo. Estos patrones no permiten establecer relaciones causales directas, pero aportan elementos relevantes para el diseño de estrategias de prevención focalizadas y la planificación de intervenciones oportunas.

Edad de las víctimas

El análisis por rangos etarios de los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 permite identificar los grupos de edad con mayor concentración de violencia contra mujeres y niñas y observar continuidades y variaciones respecto a años anteriores.

La distribución por edad es la siguiente:

• 15 a 30 años: 15 casos (31,3 %)
• 31 a 45 años: 12 casos (25,0 %)
• 46 a 60 años: 11 casos (22,9 %)
• Mayores de 60 años: 3 casos (6,3 %)
• Menores de 15 años: 1 caso (2,1 %)
• Edad no determinada: 6 casos (12,5 %)

El grupo de 15 a 30 años concentra el mayor número de casos registrados en 2025. Este resultado señala una exposición significativa de mujeres jóvenes a la violencia contra mujeres y niñas, en escenarios donde confluyen relaciones afectivas desiguales y dependencia emocional. 

El rango de 31 a 45 años mantiene una presencia elevada dentro del total de casos verificados. Se trata de un segmento etario en el que suelen coincidir responsabilidades de cuidado, convivencia prolongada con parejas o exparejas y limitadas posibilidades materiales para abandonar relaciones violentas.

Aunque en menor número, los feminicidios de mujeres mayores de 60 años evidencian situaciones de especial vulnerabilidad asociadas a la edad, la dependencia y el aislamiento social, en un contexto con insuficientes mecanismos de protección.

Finalmente, la presencia de feminicidios en todos los grupos de edad registrados en 2025 indica que la violencia contra mujeres y niñas no se circunscribe a un segmento etario específico. Este dato subraya que ninguna mujer está exenta del riesgo, independientemente de su edad, y refuerza la necesidad de políticas de prevención y protección que contemplen las distintas etapas del ciclo vital.

Violencia sexual asociada al feminicidio

El análisis de la presencia de violencia sexual en los feminicidios verificados en Cuba durante 2025 permite dimensionar una de las expresiones más extremas de la violencia contra mujeres y niñas, así como las limitaciones estructurales existentes para su documentación.

De los 48 feminicidios verificados por OGAT y YSTCC en 2025, la distribución es la siguiente:

• Violencia sexual confirmada: 3 casos (6,3 %)
• Violencia sexual descartada: 37 casos (77,1 %)
• Información no determinada: 8 casos (16,7 %)

Los datos indican que solo en una proporción reducida de los casos fue posible confirmar la existencia de violencia sexual asociada al feminicidio. Sin embargo, este resultado no puede interpretarse como una baja incidencia real, sino que debe leerse a la luz de las condiciones de subregistro que caracterizan el contexto cubano.

La proporción de casos con información no determinada refleja las limitaciones persistentes para acceder a fuentes forenses, informes médicos, expedientes judiciales o versiones oficiales completas. La ausencia de estos insumos impide establecer con certeza si existieron agresiones sexuales previas o concomitantes al asesinato, particularmente en escenarios donde el cuerpo de la víctima es hallado días después o en espacios públicos.

Asimismo, la violencia sexual continúa siendo una de las formas de agresión más invisibilizadas, atravesada por estigmas, silencios institucionales y deficiencias en los procesos de investigación y registro. Estas condiciones dificultan su identificación incluso en contextos de violencia extrema como el feminicidio.

Los casos en los que sí se logró constatar violencia sexual representan expresiones especialmente graves de dominación y ultraje sobre el cuerpo de las víctimas. Desde una perspectiva de derechos humanos, estos feminicidios requieren una atención diferenciada, tanto en términos de investigación penal como de políticas de prevención, al evidenciar la convergencia de múltiples formas de violencia contra mujeres y niñas.

Modalidad del crimen

De los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 por los observatorios OGAT y YSTCC, la modalidad más frecuente fue el uso de arma blanca, presente en 31 casos, lo que representa 64,6 % del total. Esta proporción confirma la persistencia de un patrón ya identificado en años anteriores, asociado a formas de violencia ejercidas mediante instrumentos de fácil acceso en el entorno cotidiano.

El predominio del arma blanca se vincula directamente con el contexto cubano, donde el acceso a armas de fuego continúa siendo limitado, así como con la alta proporción de feminicidios cometidos en espacios domésticos o de cercanía relacional. En la mayoría de los casos, se trata de objetos de uso común que son utilizados como medios letales en escenarios de convivencia o proximidad entre víctima y agresor.

Otras modalidades registradas durante 2025 incluyen:

• Asfixia o estrangulamiento: 8 casos (16,7 %), una modalidad asociada a violencia de contacto directo y control físico prolongado.
• Degollamiento: 6 casos (12,5 %), que reflejan niveles elevados de brutalidad.
• Arma de fuego: 2 casos (4,2 %).
• Golpes: 1 caso (2,1 %).

En comparación con años anteriores, la presencia de armas de fuego continúa siendo marginal dentro del conjunto de feminicidios verificados, sin que se observe un incremento significativo en su uso como modalidad del crimen durante 2025. 

En conjunto, la distribución de las modalidades del crimen evidencia que la violencia contra mujeres y niñas en Cuba mantiene un carácter predominantemente íntimo y relacional, en el que los medios utilizados refuerzan dinámicas de dominación, control y proximidad, más que escenarios de violencia aleatoria o distante.

Agravantes en los feminicidios

El análisis de los agravantes asociados a los feminicidios verificados en Cuba durante 2025 permite identificar el grado de ensañamiento y violencia extrema presente en una parte significativa de los casos. De los 48 feminicidios documentados, en 39 casos (81,3 %) se registró al menos un agravante, lo que indica que la violencia ejercida no se limitó al acto homicida, sino que incorporó elementos adicionales de crueldad, degradación o exposición del cuerpo de la víctima.

La categoría de “otros agravantes”, presente en 39 casos, agrupa situaciones como el abandono del cuerpo en espacios públicos o no convencionales, el uso de múltiples métodos de agresión, la prolongación del ataque o circunstancias que incrementaron el sufrimiento de la víctima. Esta alta proporción refleja la complejidad y diversidad de las formas que adopta la violencia feminicida, así como las limitaciones propias del contexto para desagregar todos los elementos agravantes de manera exhaustiva.

Entre los agravantes específicamente identificados, destacan los golpes, registrados en 7 casos (14,6 %), y el uso especialmente violento de arma blanca, documentado en 5 casos (10,4 %). Asimismo, se constataron mutilaciones en 2 casos (4,2 %), y degollamiento, asfixia y descarte del cuerpo en bolsas u otros contenedores en 1 caso cada uno (2,1 % respectivamente). Estas modalidades evidencian niveles elevados de violencia física y simbólica, así como una intención de deshumanización de la víctima.

La presencia de agravantes se vincula estrechamente con las modalidades del crimen registradas para 2025, en particular con el predominio del uso de armas blancas y métodos que requieren contacto directo, lo que refuerza la lectura de estos crímenes como expresiones de control, dominación y castigo en contextos de proximidad.

La ausencia de agravantes explícitos en algunos registros no debe interpretarse como menor gravedad del hecho, sino como una limitación derivada de la falta de acceso a información forense, judicial o policial completa. En conjunto, estos datos subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de documentación, investigación y prevención, así como de incorporar el análisis de agravantes como un elemento central en las políticas públicas de respuesta a la violencia feminicida.

Ocupación de las víctimas

El análisis de la ocupación de las víctimas de feminicidio en Cuba durante 2025 vuelve a mostrar limitaciones estructurales en la disponibilidad de información socioeconómica. En 23 de los 48 casos verificados (47,9 %), la ocupación de la víctima figura como dato desconocido, lo que refleja las dificultades para acceder a información básica en un contexto marcado por la opacidad institucional, la escasa cobertura mediática de los casos y la ausencia de registros públicos accesibles.

Entre los 25 casos con información disponible, el grupo más numeroso corresponde a mujeres con trabajo formal, con 14 casos (29,2 % del total). Dentro de esta categoría, la matriz registra varias víctimas vinculadas al sector de la salud, en particular enfermeras, así como trabajadoras de servicios estatales y administrativos. Estos casos evidencian que la inserción laboral formal —incluso en sectores considerados socialmente estratégicos— no constituye un factor de protección frente a la violencia feminicida, dado que la mayoría de los crímenes ocurre en el ámbito doméstico o en relaciones de pareja o expareja.

Se identificaron además 3 casos (6,3 %) de mujeres dedicadas al trabajo informal, 3 casos (6,3 %) de mujeres vinculadas al trabajo no remunerado o de cuidados, y 3 casos (6,3 %) correspondientes a estudiantes. Estas categorías reflejan condiciones de mayor vulnerabilidad estructural, asociadas a precariedad económica, dependencia material, edad o menor acceso a redes institucionales de protección y denuncia.

Asimismo, se documentó 1 caso (2,1 %) de una mujer jubilada, lo que confirma que la violencia feminicida también afecta a mujeres en edades avanzadas, y 1 caso (2,1 %) correspondiente a una trabajadora sexual. Este último caso subraya la necesidad de un enfoque interseccional, dado que las trabajadoras sexuales enfrentan estigmatización social, criminalización y ausencia de garantías legales, factores que incrementan su exposición a la violencia y dificultan el acceso a justicia.

En conjunto, la información disponible muestra que la violencia feminicida atraviesa diversos perfiles ocupacionales, desde mujeres insertadas en el empleo formal —incluido el sector sanitario— hasta aquellas situadas en condiciones de mayor precariedad o invisibilización social. La elevada proporción de datos no identificados refuerza la urgencia de fortalecer los mecanismos de documentación y análisis socioeconómico, como base para el diseño de políticas públicas de prevención y protección más eficaces.

Víctimas con personas dependientes a cargo

El análisis de la variable relativa a la existencia de personas dependientes a cargo de las víctimas permite dimensionar el impacto social extendido de la violencia contra mujeres y niñas, más allá de la muerte individual.

De acuerdo con la matriz de registro de OGAT y YSTCC para el año 2025, 29 de las 48 víctimas de feminicidio verificadas (60,4 %) tenían personas dependientes a su cargo, mientras que en 19 casos (39,6 %) no se identificó esta condición. La información disponible indica que, en la mayoría de los casos registrados como afirmativos, las personas dependientes eran hijos e hijas menores de edad, aunque también se documentan situaciones de cuidado hacia otros familiares.

La base de datos confirma, por tanto, que más de seis de cada diez feminicidios ocurridos en 2025 afectaron directamente a núcleos familiares con personas en situación de dependencia, lo que permite afirmar que el daño producido por estos crímenes no se limita a la víctima directa, sino que se proyecta de manera inmediata sobre niñas, niños y otras personas que dependían material, afectiva o socialmente de ella.

La elevada proporción de víctimas con personas dependientes refuerza la necesidad de incorporar una perspectiva de reparación ampliada, que considere las consecuencias del feminicidio en términos de orfandad, desprotección y vulneración de derechos económicos, sociales y emocionales. La ausencia de mecanismos estatales específicos para la atención integral de estas personas agrava el impacto de la violencia contra mujeres y niñas y evidencia una deuda estructural en materia de protección social y derechos humanos.

Denuncia previa de violencia

El análisis de la existencia de denuncias previas en los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 muestra una baja incidencia de activación de mecanismos formales de denuncia, así como importantes vacíos de información.

Según los datos consolidados por OGAT y YSTCC, solo en 9 casos (18,8 %) se pudo confirmar que la víctima había realizado denuncias previas por situaciones de violencia. En 13 casos (27,1 %) se verificó que no existieron denuncias previas, mientras que en 26 casos (54,2 %) no fue posible determinar si la víctima había acudido previamente a instancias institucionales.

La limitada proporción de denuncias confirmadas no debe interpretarse como una falta de acción o voluntad por parte de las víctimas. Por el contrario, se inscribe en un contexto estructural caracterizado por la ausencia de una Ley Integral contra la Violencia contra mujeres y niñas, la inexistencia de refugios estatales, la falta de protocolos efectivos de protección y una respuesta institucional fragmentaria, factores que desalientan la denuncia y reducen su percepción como una vía real de protección.

El elevado porcentaje de casos en los que se desconoce la existencia de denuncias previas evidencia, además, deficiencias sistemáticas en el registro, seguimiento y trazabilidad de la información, así como las limitaciones que enfrentan los observatorios independientes para acceder a datos oficiales, expedientes policiales o información judicial. Esta opacidad institucional contribuye al subregistro y dificulta la evaluación del funcionamiento real de los mecanismos de prevención.

En conjunto, estos datos indican que la mayoría de las víctimas se encontraban en situaciones de violencia no abordadas oportunamente por el sistema, ya sea por falta de denuncia, por barreras estructurales para acceder a ella o por la inexistencia de respuestas efectivas una vez activados los canales formales.

Análisis interseccional 

El análisis interseccional de los 48 feminicidios verificados en Cuba durante 2025 muestra una sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes en el registro independiente de los observatorios. En 46 casos fue posible identificar el color de la piel de la víctima: 22 correspondieron a mujeres afrodescendientes (45,8 %) y 24 a mujeres blancas (50 %), mientras que en 2 casos (4,2 %) esta variable no pudo ser determinada.

Esta distribución adquiere especial relevancia al contrastar con los datos demográficos disponibles. Según el Censo de Población y Viviendas de Cuba de 2012, el 9,3 % de la población se autoidentificó como negra y el 26,6 % como mestiza, categorías que en conjunto representan a la población afrodescendiente. Incluso considerando esta estimación ampliada, la proporción de mujeres afrodescendientes entre las víctimas de feminicidio documentadas en 2025 resulta significativamente superior a su peso demográfico, lo que permite identificar un patrón de sobrerrepresentación.

Este dato no puede analizarse de forma aislada. En el contexto cubano, la racialización se entrecruza con desigualdades estructurales vinculadas al acceso a recursos materiales, condiciones habitacionales, inserción laboral, redes de protección y respuesta institucional frente a la violencia. Estas desigualdades inciden tanto en la exposición al riesgo como en las posibilidades de prevención, denuncia y acceso efectivo a la justicia.

9. Estudio de casos

CASO 1. 

Orlis Daniela Castillo Mayo fue asesinada el 20 de junio de 2025 en la localidad de Grito de Yara, en la provincia de Granma. Tenía nueve años. El crimen fue perpetrado por un vecino, quien actuó con extrema crueldad.

Un año antes, Orlis había encontrado el cuerpo sin vida de su madre, Yusmila Mayo Ruiz, asesinada el 14 de febrero de 2024 en su vivienda en Omaja, municipio Majibacoa, en Las Tunas. Yusmila tenía 37 años y era madre de siete hijos, cinco de ellos menores de edad. Fue asesinada por su pareja.

Un perfil oficialista en Facebook, Claridad Tunera, informó en ese momento sobre la detención del agresor, señalando que fue capturado con ayuda de vecinos y puesto a disposición judicial, pero evitó, como es habitual, el uso del término feminicidio para referirse a estos hechos.

La muerte de Orlis ocurre en un entorno de desprotección institucional hacia niñas y niños que quedan en situación de vulnerabilidad tras el feminicidio de sus madres. Según una investigación de Casa Palanca, “el Código de las Familias (2022) y la Ley de Seguridad Social (2008) no mencionan explícitamente la protección y apoyo económico a los huérfanos y otros dependientes de mujeres asesinadas por violencia de género, lo que genera una falta de claridad y protección efectiva para los hijos e hijas”. Aunque existen mecanismos legales de reparación económica —como la responsabilidad civil recogida en el Código Penal y su gestión a través de la Caja de Resarcimientos—, su aplicación resulta fragmentada, burocrática y poco eficaz, lo que dificulta el acceso real a estas compensaciones, afirma Casa Palanca. 

Sin embargo, la respuesta estatal no puede limitarse a lo económico. La protección a las víctimas indirectas de feminicidio requiere un enfoque integral que incluya acompañamiento psicológico, reparación simbólica y garantías de no repetición, aspectos que actualmente no están contemplados de manera efectiva en el sistema institucional cubano. 

“La historia terrible de la pequeña Orlis Daniela Castillo Mayo no es tragedia ni destino, es la consecuencia de una sociedad rota y un Estado feminicida, que se niega a proteger las vidas de las mujeres y las niñas”, recoge el comunicado difundido por OGAT y YSTCC. 

CASO 2. 

Rosa Idania Ferrer Pérez fue asesinada el 30 de noviembre de 2025 en su vivienda, ubicada en el batey Elpidio Gómez, en Palmira, provincia de Cienfuegos. Tenía 46 años y trabajaba como enfermera en el policlínico de la localidad. El presunto agresor es su pareja, Arisbel Suárez, conocido como “Felipillo”, quien se encuentra detenido.

Según el testimonio de su prima hermana, Raquel Pérez, Rosa Idania “sufrió durante años de golpes y de maltratos de parte de Arisbel. No tuvo ninguna organización a la que acudir para que fuera protegida”. De acuerdo con su relato, el día del crimen el agresor le propinó una golpiza que le causó lesiones mortales: “le fracturó dos costillas y le desprendió el bazo, provocando una hemorragia interna”. En la autopsia se detectó que Rosa Idania presentaba múltiples hematomas antiguos. Además de las lesiones más recientes de ese día, tenía numerosos golpes en la cabeza y en los pulmones.

El testimonio también recoge antecedentes de violencia sostenida: “la golpeaba en público, la golpeaba con cualquier objeto que encontrara… eran muy frecuentes esas palizas”, afirmaron vecinos citados por la familia. Raquel Pérez insistió en que no se trató de un hecho aislado: “no fue un accidente… fue simple y llanamente que este señor acostumbra a golpear a las mujeres”, y pidió que el caso sea juzgado como feminicidio con la máxima sanción.

La familia ha denunciado además posibles irregularidades en el proceso. Según Raquel Pérez, el acusado se encuentra recluido en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, donde, a menos de cuatro meses de haber cometido el crimen, ya trabaja en una tabaquería dentro del penal, lo que le permitiría acceder a condiciones que la familia considera beneficios indebidos antes de la celebración del juicio.

CASO 3. 

Las presas políticas en Cuba enfrentan condiciones marcadas por la restricción sistemática de derechos básicos, incluida la negativa a beneficios penitenciarios.

Destacamos los casos de Saylí Navarro, de 39 años, quien cumple una condena de ocho años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Perico, Matanzas. A pesar de haber alcanzado el tiempo requerido para optar a la libertad condicional, las autoridades le han negado este beneficio, lo que prolonga su permanencia en prisión sin justificación. 

Las restricciones también han alcanzado el ámbito familiar. En varias ocasiones durante los primeros meses de 2025, las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotex impidieron la entrada de su madre, Sonia Álvarez, quien intentaba visitarla.

Un oficial identificado como “Fernando” les informó que no podían ingresar con ropa blanca, argumentando que ese color constituía una forma de protesta. Sonia y Saylí pertenecen al grupo de las Damas de Blanco, que se identifican, por vestir de blanco en su defensa por los derechos humanos. La madre respondió que en otras ocasiones había acudido vestida así sin inconvenientes, pero el acceso le fue igualmente negado.

Uno de estos episodios ocurrió durante el breve periodo en que Félix Navarro, padre de Saylí, se encontraba fuera del presidio político, lo que imposibilitó el reencuentro familiar.

Tras la revocación de la libertad condicional de Félix Navarro le han prohibido en varias ocasiones las visitas conjuntas entre padre e hija sin mediar explicación.

Por su parte, la presa política Sissi Abascal Zamora, condenada a seis años de prisión por su participación en el 11J, ha visto denegado en siete ocasiones el cambio de régimen que le corresponde.

“Le violan a Sissi sus derechos. Siete veces le ha sido denegada la posibilidad de pasar a régimen de menor severidad. Va a continuar en régimen severo, tras las rejas, en la tercera planta [de la prisión], con uniforme [de reclusa común]. La dirección del penal y la Seguridad del Estado continúan —junto con el tribunal— violando todos los derechos de mi hija”, denunció Annia Zamora, madre de Sissi en un audio publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Los agentes represivos justificaron la medida con una supuesta “conducta negativa”.

“¿La razón? Sissi se rehúsa a participar en actividades políticas, a estudiar o trabajar, como forma de protesta por estar encarcelada injustamente”, dijo, y agregó: “Abascal tiene una postura política firme, y eso no se lo va a quitar nadie. Eso es obra de la Seguridad del Estado”.

Abascal fue intervenida quirúrgicamente el 28 de agosto en el Hospital Provincial de Maternidad de Matanzas por una bartolinitis. La operación se realizó varios días después de que su madre denunciara que presentaba problemas ginecológicos sin recibir atención médica adecuada.

El traslado al hospital se realizó sin previo aviso a su familia, que se enteró de la intervención a través de trabajadores del propio centro de salud. Aún en proceso de recuperación, el 2 de septiembre Sissi fue regresada a la prisión de mujeres de Matanzas.

Ambos casos evidencian un patrón de decisiones penitenciarias de carácter político y con ensañamiento, que limitan el acceso a beneficios legales y restringen derechos fundamentales. 

Conclusiones

1. La violencia contra mujeres y niñas en Cuba durante 2025 continuó produciéndose en un contexto de crisis estructural, deterioro de las condiciones de vida, sobrecarga de cuidados, fragilidad institucional y cierre del espacio cívico. Estas condiciones no explican por sí solas los feminicidios, pero sí agravan la vulnerabilidad de mujeres y niñas, dificultan la ruptura de relaciones violentas y reducen las posibilidades reales de protección. 
2. Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) sostienen un sistema independiente de registro, documentación y verificación de feminicidios en Cuba. Entre 2019 y 2025, ambos observatorios han verificado 315 feminicidios en el país: 16 en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021, 36 en 2022, 90 en 2023, 56 en 2024 y 48 en 2025. Este registro constituye un subregistro verificable de feminicidios por los observatorios independientes. 
3. Los 48 feminicidios verificados en 2025 no representan la totalidad del fenómeno, sino una cifra mínima documentada en condiciones de opacidad estatal, ausencia de estadísticas públicas completas, acceso restringido a información judicial, policial y forense, y criminalización del activismo feminista y de derechos humanos. Por ello, las variaciones interanuales deben interpretarse con cautela. 
4. El feminicidio de pareja o expareja siguió siendo la forma predominante de violencia letal contra las mujeres en Cuba, con 40 casos, equivalentes al 83,3 % del total; los 8 restantes se distribuyeron en 4 feminicidios sociales, 3 sexuales y 1 familiar. En la misma línea, en 45 de los 48 casos, es decir, en el 93,8 %, el agresor era una persona conocida por la víctima: en 22 casos era la pareja actual, en 18 la expareja, en 4 una persona conocida y en 1 un familiar. Estos datos confirman que el principal espacio de riesgo continúa siendo el de las relaciones íntimas y de proximidad. 
5. El hogar siguió siendo el principal escenario de los crímenes. Treinta feminicidios, el 62,5 %, ocurrieron en viviendas, mientras que 16 casos, el 33,3 %, se registraron en espacios no residenciales, incluidos espacios públicos, terrenos baldíos, basurales, hoteles y otros lugares. Esta distribución confirma la persistencia del riesgo en el ámbito doméstico, pero también la existencia de dinámicas de desplazamiento, exposición y ocultamiento del cuerpo. 
6. La distribución territorial mostró una concentración desigual de los feminicidios verificados. La Habana registró 9 casos, Holguín 6, Camagüey y Granma 5 cada una, Matanzas 4, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba 3 respectivamente; Pinar del Río, Sancti Spíritus, Artemisa, Cienfuegos y Mayabeque reportaron 2 casos cada una; y Las Tunas, Villa Clara y Guantánamo, 1 caso respectivamente. Esta distribución confirma que la violencia feminicida atraviesa todo el país, aunque con mayor concentración en determinados territorios y con diferencias en visibilidad, denuncia y verificación según el contexto. 
7. La violencia feminicida afectó a mujeres de distintas edades, aunque se concentró en mujeres jóvenes y adultas. Se documentaron 15 víctimas entre 15 y 30 años, 12 entre 31 y 45, 11 entre 46 y 60, 3 mayores de 60 años, 1 menor de 15 y 6 casos sin edad determinada. Esto confirma que el riesgo atraviesa todo el ciclo vital, con especial incidencia en edades marcadas por relaciones desiguales, dependencia y responsabilidades de cuidado. 
8. En cuanto a la modalidad del crimen, predominó el uso de arma blanca en 31 casos, equivalente al 64,6 % del total, seguido de 8 casos de asfixia o estrangulamiento, 6 de degollamiento, 2 con arma de fuego y 1 por golpes. A su vez, en 39 de los 48 feminicidios, es decir, en el 81,3 %, se registró al menos un agravante. Entre los identificados se documentaron golpes en 7 casos, uso especialmente violento de arma blanca en 5, mutilaciones en 2, y 1 caso respectivamente de degollamiento, asfixia y descarte del cuerpo en bolsas u otros contenedores. En conjunto, estos datos muestran el carácter directo, corporal y, en una parte significativa de los casos, particularmente cruel de la violencia feminicida verificada en 2025. 
9. La violencia sexual asociada al feminicidio solo pudo confirmarse en 3 casos, mientras que en 8 no fue posible determinarla. Del mismo modo, solo en 9 casos se confirmó la existencia de denuncias previas por violencia; en 13 se verificó que no hubo denuncia y en 26 no fue posible determinarlo. Estos vacíos no expresan una baja relevancia de ambas variables, sino las limitaciones persistentes de acceso a información forense, judicial e institucional y las barreras estructurales que siguen obstaculizando la denuncia y la protección efectiva. 
10. El feminicidio tuvo un impacto extendido sobre núcleos familiares y de cuidado. En 29 de los 48 casos, el 60,4 %, las víctimas tenían personas dependientes a su cargo, principalmente hijas e hijos menores de edad, lo que confirma consecuencias prolongadas de orfandad, desprotección y precarización para quienes sobreviven. 
11. La categoría de ocupación de las víctimas muestra que la violencia feminicida atravesó perfiles sociales diversos. En 23 casos, el 47,9 %, la ocupación no pudo identificarse; entre los casos con información disponible se registraron 14 mujeres con trabajo formal, 3 en trabajo informal, 3 dedicadas al trabajo no remunerado o de cuidados, 3 estudiantes, 1 jubilada y 1 trabajadora sexual. Estos datos indican que ni la inserción laboral formal ni la pertenencia a determinados sectores protegieron a las víctimas frente a la violencia feminicida, al tiempo que revelan persistentes déficits de información a los que no pudieron llegar los observatorios.
12. El registro de 40 desapariciones de mujeres, niñas y niños en 2025, con 8 alertas activas y 6 personas encontradas muertas, refuerza el diagnóstico de desprotección estructural y de ausencia de protocolos públicos eficaces de búsqueda. A ello se suma que la violencia contra las cubanas tampoco se limitó al territorio nacional: en 2025 se documentaron 12 feminicidios o asesinatos consumados de cubanas en el exterior, 6 intentos de feminicidio y 1 asesinato de un hombre por motivos de género, en contextos migratorios marcados por precariedad, aislamiento, dependencia y falta de redes de protección. 
13. Los hallazgos del informe muestran que la violencia contra mujeres y niñas en Cuba durante 2025 siguió produciéndose en un entramado de desigualdad de género, racismo, fragilidad institucional, opacidad informativa y ausencia de políticas integrales de prevención, protección y reparación. En este contexto, la documentación independiente sigue siendo indispensable para sostener la memoria de las víctimas, visibilizar patrones de violencia y exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.

10.- RECOMENDACIONES

Para las instituciones gubernamentales cubanas

• • Aprobar e implementar con carácter urgente una Ley Integral contra la Violencia hacia mujeres y niñas, que tipifique el feminicidio como delito autónomo, incorpore sus agravantes específicos y establezca obligaciones claras de prevención, protección, investigación, sanción y reparación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
• • Incorporar de manera transversal un enfoque interseccional en la legislación y en todas las políticas públicas relacionadas, reconociendo las violencias agravadas por razones de raza, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, condición migratoria, situación socioeconómica y territorialidad rural o urbana.
• • Establecer una red nacional de refugios seguros y accesibles, con cobertura territorial suficiente, que garantice alojamiento inmediato y atención integral (legal, psicológica, médica y social) a mujeres en situación de riesgo, especialmente en provincias y municipios con alta incidencia de violencia contra mujeres y niñas.

• • Crear protocolos públicos, obligatorios y verificables de atención y búsqueda inmediata para desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, con plazos definidos, activación automática de alertas y coordinación interinstitucional, evitando la revictimización de las familias.
• • Implementar protocolos específicos de protección para mujeres con personas dependientes a su cargo, incluyendo medidas urgentes de custodia, protección social, apoyo económico y acompañamiento psicosocial para hijas e hijos que quedan en situación de orfandad o desprotección tras un feminicidio.

• • Garantizar la transparencia, periodicidad y acceso público a los datos oficiales sobre feminicidios, intentos de feminicidio, desapariciones y otras violencias, con desagregación por edad, raza, territorio, vínculo con el agresor y contexto del crimen, así como la publicación clara de la metodología utilizada.
• • Asegurar el acceso libre y seguro a información judicial, policial y forense, eliminando prácticas de opacidad institucional, censura y criminalización del activismo de derechos humanos.
• • Implementar programas de formación continua y obligatoria en perspectiva de género y derechos humanos dirigidos a fuerzas policiales, operadores de justicia, personal de salud, educación y trabajo social, con énfasis en prevención, detección temprana y atención a víctimas.
• • Garantizar el respeto a las libertades civiles y políticas, incluida la liberación inmediata e incondicional de personas presas por motivos políticos, cuya criminalización debilita los mecanismos sociales de denuncia y prevención de la violencia contra mujeres y niñas.

Para las organizaciones de la sociedad civil 

• • Continuar y fortalecer las labores de documentación, verificación y monitoreo independiente de feminicidios, desapariciones y otras violencias hacia mujeres y niñas, mediante metodologías rigurosas, éticas y centradas en las víctimas.
• • Ampliar y consolidar redes de acompañamiento comunitario y psicosocial, que brinden orientación jurídica, protección urgente y contención emocional a mujeres en riesgo y a familiares de víctimas.
• • Fortalecer los mecanismos de alerta ciudadana y seguimiento comunitario, especialmente en territorios rurales o con baja cobertura mediática, respetando la seguridad de las personas involucradas.
• • Impulsar procesos de formación popular y educación comunitaria en derechos de las mujeres, prevención de la violencia contra mujeres y niñas y detección temprana de señales de riesgo, con énfasis en barrios, escuelas y centros laborales.
• • Desarrollar estrategias de incidencia nacional e internacional que articulen datos verificados, testimonios y análisis, para exigir responsabilidades estatales y visibilizar la magnitud de la violencia contra mujeres y niñas en Cuba.

Para los medios de comunicación independientes y periodistas

• • Garantizar una cobertura informativa ética, responsable y con enfoque de género y derechos humanos, evitando el sensacionalismo, la revictimización, la exposición innecesaria de imágenes y la culpabilización de las víctimas.
• • Priorizar la verificación rigurosa de la información, el uso de fuentes confiables y el respeto a la dignidad de las víctimas y sus familiares, especialmente en casos de feminicidio y desapariciones.
• • Contribuir a la visibilización del carácter estructural de la violencia contra mujeres y niñas, destacando la ausencia de políticas públicas, la impunidad institucional y las brechas de protección existentes.
• • Amplificar las voces de sobrevivientes, familiares de víctimas, defensoras de derechos humanos y organizaciones independientes, contextualizando sus testimonios dentro de un marco de análisis de derechos humanos.
• • Desarrollar y difundir contenidos pedagógicos y narrativas transformadoras que cuestionen estereotipos discriminatorios, promuevan masculinidades no violentas y apoyen las demandas de justicia, verdad y reparación.