Con 1281 presos políticos, Cuba continúa batiendo récords de represión

Prisoners Defenders advierte que las políticas represivas del régimen cubano se extienden a todos los sectores de la sociedad, incluidas mujeres y niños.

Cuba terminó el mes de mayo con 1281 personas encarceladas por razones políticas, cifra que supera el máximo anterior de 1260 presos políticos registrado en abril. El informe mensual de Prisoners Defenders, publicado el jueves 11 de junio, ratifica el agravamiento sostenido de la represión en la isla.

Durante mayo se sumaron 28 nuevas personas a la lista de presos políticos, entre ellas una médica, una activista y al menos 14 detenidos en el marco de las protestas populares en Holguín. Prisoners Defenders advierte que las políticas represivas del régimen se extienden a todos los sectores de la sociedad: profesionales, madres de familia, menores de edad, activistas por los derechos humanos, usuarios de redes sociales y ciudadanos sin filiación política que simplemente protestan ante el deterioro de sus condiciones de vida.

Ernesto Brieva Sempé: una muerte que pudo evitarse

El caso más grave del período es el de Ernesto Brieva Sempé, preso político de 52 años fallecido el 13 de mayo en la prisión Combinado del Este, en La Habana. Brieva padecía una enfermedad renal crónica y desnutrición grave. Los tratamientos de hemodiálisis que necesitaba no se realizaron con la frecuencia requerida y su deterioro físico avanzó hasta ser incompatible con la vida. El informe oficial de Medicina Legal atribuyó la causa de su muerte al “daño múltiple de órganos”. Fuentes cercanas confirmaron a Cubalex que su sanción había sido revocada, pero que permanecía encarcelado debido a su postura crítica al sistema.

Con la muerte de Brieva ya son seis los manifestantes del 11J que han fallecido bajo responsabilidad directa del Estado cubano desde 2021, junto a Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Geraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén Esplugas y Luis Miguel Oña.

Incluso el funeral de Brieva, celebrado en La Habana, estuvo rodeado de agentes de la Seguridad del Estado. La organización Cubalex ha advertido que en lo que va de 2026 se han registrado ya 20 muertes en prisiones cubanas.

Prisoners Defenders identifica en su informe a 449 presos políticos con patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, y a 52 con trastornos mentales severos sin tratamiento adecuado.

Mujeres y menores

De los 1281 presos actuales, 147 son mujeres y 34 fueron detenidos siendo menores de edad. Entre los casos de mujeres, el informe destaca el de Wendolín Campuzano Almaguer, madre de tres hijos menores, condenada el 2 de junio a dos años de prisión. Su padre, el periodista exiliado Armando Campuzano, denuncia que agentes de la Seguridad del Estado amenazaron a su hija diciéndole que ella pagaría por las actividades de él en el exilio. Tras conocer la sentencia, Wendolín inició una huelga de hambre y sed en la prisión de mujeres de El Guatao.

En cuanto a los menores, el informe alerta especialmente sobre la situación de dos adolescentes recluidos en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila. Christian Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, permanece en la enfermería del penal tras contraer hepatitis durante su encarcelamiento, y las autoridades se han negado a trasladarlo a un hospital. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor en abril de 2026 al considerar que sus derechos a la vida, la integridad y la salud enfrentan riesgo de daño irreparable.

El informe recoge también dos casos de destierro forzado de opositores, así como denuncias de once días de interrogatorios en Villa Marista con privación deliberada de sueño y alimentos.

Detenido el 16 de marzo tras las manifestaciones en Morón, sin orden de arresto, tutela judicial ni defensa efectiva, Jonathan David Muir Burgos ha sido víctima de agresiones físicas, hostigamiento y falta de atención médica bajo custodia. Su familia ha advertido que sigue enfermo, sin recibir el tratamiento necesario, y sometido a condiciones de reclusión incompatibles con su edad y estado de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 24 de abril medidas cautelares a su favor, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.

Los familiares de Christian y Jonathan denuncian que a ambos intentaron obligarlos a firmar declaraciones falsas para incriminarse en delitos que no habrían cometido.

La farsa del indulto

Sin menguar su escalada represiva, el régimen cubano intentó proyectar una imagen de apertura mediante el anuncio, el 3 de abril, de la excarcelación de 2010 presos, aunque de ellos solo dos eran presos políticos. El propio decreto excluía explícitamente a los condenados por “delitos contra la autoridad”, una categoría que el régimen aplica habitualmente contra manifestantes, opositores y disidentes.

Desde el 1 de julio de 2021, Cuba ha tenido 2076 presos políticos en sus cárceles, una cifra que, lejos de decrecer, aumenta mes a mes.