Violencia contra las mujeres: Italia y Cuba, dos países y un mismo problema estructural

Sin un cambio estructural en las condiciones sociales, económicas y culturales, la violencia contra las mujeres continúa reproduciéndose.

La comparación entre Cuba e Italia sobre el fenómeno de los feminicidios, observada en los primeros meses de 2026, ofrece un panorama complejo y, en algunos aspectos, contraintuitivo: a pesar de que Cuba es un país mucho más pequeño, los datos disponibles indican una incidencia temprana y significativa de la violencia letal contra las mujeres, que ya para abril alcanza niveles comparables, e incluso en algunas interpretaciones superiores, a los de Italia en el mismo período.

En Italia, según el observatorio de Non Una di Meno, actualizado al 8 de abril de 2026, se han registrado 19 casos de muertes relacionadas con la violencia de género, de los cuales 15 son feminicidios confirmados, además de suicidios inducidos y 3 casos aún en fase de verificación. Este dato es especialmente relevante porque muestra cómo incluso en el contexto italiano existe una distinción entre feminicidios confirmados y muertes “inducidas” o sospechosas, que incluyen suicidios o casos aún no esclarecidos, lo que evidencia la complejidad de definir y medir el fenómeno.

“Mientras en Italia existe un sistema institucional que integra los datos sobre el feminicidio, en Cuba el monitoreo depende de la sociedad civil.”

En Cuba, en cambio, según los datos recopilados por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), los feminicidios verificados en 2026 ascienden a 17 hasta mediados de abril, con otros casos en investigación y tentativas de feminicidio reportadas. También aquí emerge el mismo problema metodológico: junto a los casos confirmados existen episodios sospechosos, muertes violentas o suicidios que podrían estar relacionados con contextos de violencia de género pero que aún no han sido clasificados oficialmente. La diferencia es que, mientras en Italia existe un sistema institucional que al menos parcialmente integra estos datos, en Cuba el monitoreo depende casi exclusivamente de la sociedad civil.

La comparación numérica, por tanto, debe leerse con cautela, pero conduce a una constatación relevante: en proporción a la población y considerando la fase inicial del año, Cuba presenta una incidencia del fenómeno que no puede considerarse marginal. Este dato se inscribe en un contexto de profunda crisis económica y social que atraviesa el país y que, según numerosos estudios en el ámbito de la sociología y análisis de la CEPAL, constituye un factor determinante en el aumento de la violencia doméstica.

La crisis como agravante de la violencia en Cuba

La crisis cubana se manifiesta a través de carencias generalizadas de bienes esenciales, apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades cotidianas relacionadas con la supervivencia. Estos elementos no son secundarios: influyen directamente en las dinámicas sociales y familiares. La falta de electricidad implica barrios menos iluminados y menos seguros, la escasez de combustible limita la movilidad y retrasa las intervenciones, mientras que las dificultades económicas generan una tensión constante dentro de las familias. En este contexto, el consumo de alcohol tiende a aumentar como respuesta al malestar, convirtiéndose en un factor agravante de la violencia doméstica.

A esto se añade una dimensión cultural estructural: el machismo. En los países de América Latina y el Caribe, incluida Cuba, el machismo tiene raíces en sistemas patriarcales históricamente consolidados, a menudo vinculados a herencias coloniales y a modelos sociales jerárquicos. El control masculino sobre la mujer, los celos y la percepción de la pareja como propiedad son elementos recurrentes en las dinámicas de los feminicidios. Sin embargo, esta estructura cultural no es exclusiva de Cuba: también en Italia, como muestran los datos, el fenómeno está profundamente arraigado en una cultura patriarcal, aunque se manifieste en un contexto socioeconómico diferente.

Un problema estructural que Cuba no reconoce

El dato quizá más significativo, común a ambos países, es que la violencia es predominantemente relacional. En Italia, más del 80% de las mujeres es asesinada por su pareja o expareja. En Cuba, según los datos de los observatorios independientes, alrededor del 75% de la violencia ocurre en el ámbito doméstico, confirmando que el lugar más peligroso para las mujeres sigue siendo el hogar. Este elemento transversal demuestra que el feminicidio no es un fenómeno casual, sino el resultado de relaciones de poder desequilibradas.

Las diferencias más profundas emergen en el plano jurídico e institucional. En Cuba, el código penal de 2022, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, prevé penas muy severas para el homicidio, entre 20 y 30 años de prisión y cadena perpetua en algunos casos. Existen agravantes relacionadas con la violencia de género y la relación entre víctima y agresor. Sin embargo, el feminicidio no está reconocido como delito autónomo. Esto significa que jurídicamente estos crímenes se tratan como homicidios, sin un reconocimiento específico del fenómeno.

“El feminicidio no es un fenómeno casual, sino el resultado de relaciones de poder desequilibradas.”

Las consecuencias de esta falta de tipificación son relevantes. Según ONU Mujeres y estudios académicos, la ausencia de un delito específico implica menor visibilidad del fenómeno, dificultad para recopilar datos sistemáticos y debilidad en las políticas de prevención. En la práctica, el feminicidio no se reconoce como un problema estructural, sino como una suma de crímenes individuales. Esto se traduce en un vacío jurídico más amplio, que incluye la ausencia de una ley integral contra la violencia de género, de una red extendida de refugios y de protocolos eficaces de protección. Los casos documentados por los observatorios muestran con frecuencia que las víctimas ya habían denunciado sin recibir medidas adecuadas.

La legislación italiana sobre violencia de género

En Italia, aunque durante mucho tiempo no fue un delito autónomo, el feminicidio es hoy cada vez más reconocido también a nivel normativo, con la reciente introducción de una figura específica en el código penal y con penas que llegan hasta la cadena perpetua. El sistema italiano se distingue sobre todo por la existencia de instrumentos de prevención y protección: el “Código Rojo” acelera los procedimientos judiciales, la orden de alejamiento urgente permite separar rápidamente al agresor de la víctima, el brazalete electrónico permite el control a distancia, y el número nacional 1522 ofrece acceso inmediato a ayuda. A esto se suma una red estructurada de centros antiviolencia y casas de acogida, apoyada también por organizaciones como D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza.

A pesar de ello, el sistema italiano también presenta dificultades. Los datos muestran que muchas víctimas ya habían denunciado, señal de que la aplicación de las medidas no siempre es eficaz. Además, la presencia de casos clasificados como suicidios o muertes sospechosas demuestra que el fenómeno es más amplio de lo que las estadísticas oficiales logran captar.

Reconocer y nombrar el problema

La comparación entre Cuba e Italia pone así de relieve dos modelos: por un lado, un sistema, el cubano, carente de instrumentos preventivos y de un reconocimiento jurídico estructural del feminicidio; por otro, un sistema, el italiano, más articulado y dotado de herramientas de protección, pero aún imperfecto en su aplicación. En ambos contextos, sin embargo, el feminicidio se confirma como un fenómeno transversal y estructural, arraigado en las desigualdades de género y en las dinámicas de poder.

La diferencia fundamental reside en la capacidad de reconocer y nombrar el problema. Donde el feminicidio no se define como tal, como ocurre en Cuba, resulta más difícil construir políticas eficaces de prevención y protección. Donde, en cambio, existe ese reconocimiento, como en Italia, se abren espacios de intervención más amplios, aunque no siempre suficientes. En ambos casos, queda claro que la respuesta penal, por severa que sea, no basta: sin un cambio estructural en las condiciones sociales, económicas y culturales, la violencia continúa reproduciéndose.