EE.UU. sanciona al dictador cubano Miguel Díaz-Canel y a miembros de la familia Castro

Las sanciones se extienden contra entidades vinculadas al aparato de inteligencia cubano, como el MINFAR, el Instituto de Amistad con los Pueblos y los CDR.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el jueves 4 de junio una nueva ronda de sanciones contra el régimen cubano, la tercera en menos de un mes bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo. Las medidas, presentadas en un comunicado de prensa por Marco Rubio, apuntan a cinco entidades y cinco individuos vinculados a lo que Washington describe como actividades subversivas contra los intereses estadounidenses.

Entidades y personas sancionadas

Entre las organizaciones sancionadas figura el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), columna vertebral del control militar y económico del régimen. También están sujetos a sanciones los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que el Departamento de Estado caracteriza como “pilar fundamental del aparato represivo de la seguridad del Estado”, e “instrumento del Ministerio del Interior” para vigilar y reprimir a los ciudadanos disidentes.

La lista incluye además al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y a su filial Amistur Cuba S.A., señalados por su participación en “actividades de inteligencia y contrainteligencia”, así como por sus vínculos con organizaciones no gubernamentales afines al régimen que operan dentro de los Estados Unidos.

Las sanciones se extienden igualmente contra la empresa minera La Victoria S.A., una sociedad mixta entre la estatal GeoMinera S.A. y la compañía australiana Antilles Gold Ltd., dedicada a la explotación de oro.

Los individuos sancionados son el dictador Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su esposa Lis Cuesta Peraza y su hijastro Manuel Anido Cuesta. La medida se extiende a dos miembros de la familia Castro: antiguo jefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo del exmandatario Raúl Castro, Alejandro Castro Espín y su hijo, Raúl Alejandro Castro Calis.

Entre las medidas dispuestas contra los sancionados se incluyen la congelación de cualquier activo que estos individuos pudieran tener en territorio estadounidense y la prohibición a los ciudadanos y empresas norteamericanos de realizar negocios con ellos.

Décadas de guerra irregular contra los intereses de EE.UU.

En su comunicado, Rubio invocó un historial que se remonta a la era de Fidel Castro, acusando al régimen de haber convertido La Habana en “una base avanzada de operaciones para la guerra irregular global contra los intereses estadounidenses”.

El secretario de Estado sostuvo que el gobierno cubano ha reclutado, entrenado y equipado durante décadas a grupos armados de orientación marxista en el continente americano, incluyendo organizaciones clasificadas como terroristas en los Estados Unidos. “Hoy estamos apuntando a la red que posibilita y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba”, afirmó Rubio en su nota de prensa.

El dictador Díaz-Canel respondió desde su cuenta de X con un mensaje donde califica las sanciones de “ilegítimas” y afirma que “chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”. La subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, Johana Tablada, arremetió por su parte contra Rubio, tildándolo de “defensor del genocidio, las prisiones y las deportaciones masivas”.

Las nuevas sanciones se suman a las impuestas el 18 de mayo contra funcionarios y entidades represivas de la isla, y a las del 7 de mayo contra el conglomerado militar GAESA y la empresa Moa Nickel S.A.

La orden ejecutiva que ampara estas medidas prevé además sanciones secundarias a instituciones extranjeras que comercien con las personas y entidades bloqueadas, o que o faciliten transacciones financieras en su nombre. A consecuencia de esas medidas, han cerrado sus operaciones en Cuba durante el último mes empresas con una larga presencia en la isla, como la minera canadiense Sherritt, las cadenas hoteleras Blue Diamond Resorts, Meliá Hotels e Iberostar, así como navieras y bancos vinculados con GAESA.