Madres cubanas denuncian amenazas de cárcel y de separación de sus hijos por reclamar una vivienda
Diecisiete mujeres permanecen con decenas de menores en un inmueble de Santa Clara. Las últimas intimidaciones incluyen amenazas con machetes y retirada de ayudas sociales.
Un grupo de 17 madres que reclaman una vivienda en Santa Clara, Villa Clara, denunció nuevas amenazas para obligarlas a abandonar una antigua academia de boxeo del barrio El Caracatey, donde permanecen desde mediados de octubre junto a decenas de menores. Entre las intimidaciones denunciadas figuran amenazas de expulsarlas por la fuerza y de retirarles las prestaciones de asistencia social.
Una de las ocupantes, cuya identidad se mantiene protegida por temor a represalias, declaró a ADN Cuba que funcionarios de la zona les comunicaron que les retirarían una prestación de 3.335 pesos cubanos que recibían como beneficiarias de asistencia social. La mujer considera esta advertencia una medida de presión para forzarlas a abandonar el inmueble, aunque no se ha confirmado que las ayudas hayan sido suspendidas.
La denunciante aseguró, además, que el sábado 7 de noviembre un supuesto entrenador se presentó en la instalación y amenazó con regresar al día siguiente con “machetes a sacarnos”.
Las amenazas contra las madres afectan también a sus hijos
Las familias aseguran que llevan más de tres semanas sin recibir una solución habitacional. Durante ese período, han denunciado amenazas de encarcelamiento y advertencias de que sus hijos podrían ser trasladados a una institución de amparo filial si se niegan a abandonar el inmueble.
Las familias aseguran que llevan más de tres semanas sin recibir una solución habitacional.
Una de las madres explicó que las intimidaciones han provocado miedo entre los menores, algunos de los cuales se resisten a asistir a la escuela, mientras las reservas de alimentos de las familias comienzan a agotarse.
“Estamos preocupadas porque nadie dice nada, está todo muy tranquilo y después de la calma viene la tormenta. Ya los niños no quieren ni ir a las escuelas porque el jefe de sector nos amenazó delante de ellos con llevarnos presas y tienen miedo. No deciden nada y el tiempo corre, y los pocos alimentos que teníamos se agotan”, declaró a ADN Cuba.
Las denuncias anteriores también describen la presencia de menores con enfermedades crónicas y dificultades para recibir atención médica. El 29 de octubre, una de las ocupantes explicó que su hija de un año, asmática y con antecedentes de ingresos hospitalarios, comenzaba a presentar nuevas dificultades respiratorias.
Madres que llevan hasta 15 años reclamando una vivienda
La ocupación comenzó aproximadamente a mediados de octubre, después de años de gestiones ante las instituciones estatales. En declaraciones a Martí Noticias, Katia Nodarse explicó que algunas mujeres llevaban entre 14 y 15 años intentando resolver sus problemas habitacionales, sin obtener una respuesta efectiva.
Otra de las madres, Carmenli Jiménez Rojas, contó que se había quedado sin vivienda después de divorciarse. Tiene dos hijos de 11 y 14 años y padece lupus, diabetes e hipertensión. Según su testimonio, llegó a dormir con ellos en el portal de una instalación de GeoCuba.
La antigua academia de boxeo había dejado de funcionar regularmente como centro deportivo, aunque una de sus aulas todavía se utilizaba para impartir clases de primero de primaria, según las ocupantes.
El 26 de octubre, Guillermo “Coco” Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), visitó el inmueble y denunció las presiones contra las mujeres. En una declaración pública, sostuvo que las autoridades de Villa Clara, “lejos de amenazar, chantajear, coaccionar”, deberían responder a las necesidades habitacionales de las familias.
El opositor también cuestionó las advertencias de encarcelamiento contra las madres y reclamó que las instituciones cumplan sus compromisos en materia de vivienda.
El activista cuestionó que los ingresos obtenidos por las misiones médicas en el extranjero no se destinen a modernizar los servicios de salud.
Fariñas advirtió, además, de la presencia de “niños con enfermedades crónicas muy graves”, que, según su denuncia, carecen de diagnósticos médicos adecuados debido a las deficiencias del sistema sanitario cubano. El activista cuestionó que los ingresos obtenidos por las misiones médicas en el extranjero no se destinen a modernizar los servicios de salud y adquirir insumos para los pacientes, especialmente los pediátricos.
La crisis habitacional en Cuba y la protección de las familias
Las denuncias se producen en un país donde el déficit habitacional alcanzaba las 805.583 viviendas en marzo de 2025, según datos del Ministerio de la Construcción presentados ante la Asamblea Nacional. De ellas, 407.219 necesitaban construirse y 398.364 requerían rehabilitación.

De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en 2025 se terminaron apenas 5.493 viviendas, frente a las 20.232 concluidas en 2022.
La Constitución cubana establece, en su artículo 70, la protección mediante asistencia social de las familias que la necesiten por insuficiencia de ingresos. El artículo 71 reconoce el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable, cuya efectividad corresponde garantizar al Estado mediante políticas y programas públicos. Estas disposiciones contrastan con las amenazas de retirar prestaciones sociales y desalojar a las familias sin una alternativa habitacional conocida.
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