Tenemos derecho a saber | Información pública sobre represiones

La Fiscalía General de la República informó que luego de las protestas del 11 de julio fueron imputadas 790 personas relacionadas con las manifestaciones. De ellas, cerca del 70 % sigue en prisión.

La Fiscalía General de la República informó que luego de las protestas del 11 de julio fueron imputadas 790 personas relacionadas con las manifestaciones. De ellas, cerca del 70 % sigue en prisión, y cerca del 20 % son jóvenes de entre 16 y 20 años de edad. Esta información pública fue compartida seis meses después de las protestas y como resultado de la presión de la sociedad civil y de la comunidad internacional que exigió cuentas al gobierno cubano. Sin embargo hasta la fecha se desconoce cuántas personas fueron detenidas entre el 11 y el 12 de julio en toda Cuba.

¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas fueron sancionados de alguna manera por su participación en los hechos? ¿Cuántas de esas personas eran afrodescendientes? ¿Qué por ciento se considera eran de bajos ingresos? ¿Cuántos eran universitarios?

Tampoco es de conocimiento público el resultado de las investigaciones sobre personas desaparecidas después de los sucesos, o el tratamiento que han recibido los oficiales del Ministerio del Interior y simpatizantes del régimen que violentaron a los manifestantes.

Continúa pendiente el resultado de la investigación de la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, el único manifestante cuyo fallecimiento ha sido reconocido oficialmente por el poder cubano como resultado de la respuesta policial a las protestas. Esa información, que debería ser pública, le ha sido negada al pueblo cubano.

La falta de acceso a esos datos y la negativa del poder a brindarlos profundiza la impunidad y coarta algunos de los derechos más elementales de la ciudadanía. Conocer información pública no es un lujo, es un derecho: un derecho que facilita la exigencia de muchos otros y nuestra capacidad de opinar con argumentos.

Tenemos derecho a saber.