Organismo de la ONU exige la liberación de 17 presos políticos del 11J en Cuba

Los expertos de la ONU pidieron para los 17 manifestantes “el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas pidió que 17 cubanos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 sean puestos “inmediatamente en libertad”, pues sus arrestos fueron “arbitrarios” y contravienen la Declaración Universal de Derechos Humanos, informó la agencia EFE.

Los 17 prisioneros políticos mencionados por el organismo internacional son Ángel Serrano, Carlos Paul Michelena, Denis Ojeda, Felipe Almirall, Fredy Beirut, Katia Beirut, Luis Frómeta, Odet Hernández, Oscar Luis Ortiz, Reynier Reinosa, Robert Orlando Cairo, Roberto Pérez, Rolando Vázquez, Walnier Luis Aguilar, Wilmer Moreno, Yerandis Rillos y Yoandry Reinier Sayu.

La resolución, que se hizo pública esta semana, fue tomada en el mes de marzo por un grupo de trabajo compuesto por cinco expertos independientes, quienes pidieron que los 17 manifestantes tengan “el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

Críticas al delito de "sedición"

Otro de los señalamientos realizado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue lo “subjetivo e impreciso” del delito de "sedición" incluido en el Código Penal cubano, por lo que pidieron al Gobierno cubano que ajuste este delito.

El jurista neozelandés Matthew Gillett, quien encabezó el grupo de trabajo de la ONU, indicó que “la detención de las personas involucradas en los 17 casos se basó en razones discriminatorias por sus opiniones políticas”.

El informe del grupo de trabajo observó otras irregularidades, como la ausencia de órdenes de arresto, la falta de supervisión judicial durante la detención inicial y el hecho de que policías instructores y fiscales asumieran funciones de jueces o funcionarios judiciales.

Además, señalaron que "la prisión provisional fue ordenada por los fiscales y no por los jueces", sin que los detenidos tuviesen la posibilidad de apelar esta decisión. El informe también denunció que se realizaron interrogatorios bajo coacción y sin la presencia de un abogado defensor.

Los 17 manifestantes cubanos inicialmente recibieron condenas que oscilaban entre 15 y 26 años de cárcel. Posteriormente, estas sentencias fueron reducidas, quedando entre 8 y 18 años de prisión.