Opositores cubanos desafían al régimen con una propuesta de reforma constitucional

El Consejo para la Transición Democrática llama a reformar la Constitución para despojar al Partido Comunista de su monopolio sobre el poder en Cuba.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) lanzó el lunes 25 de mayo una campaña ciudadana para modificar el artículo 5 de la Constitución de 2019, el precepto que consagra al Partido Comunista de Cuba (PCC) como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. La iniciativa, impulsada desde La Habana, convoca a 21 expertos, juristas e intelectuales para redactar una propuesta concreta, al tiempo que moviliza a la ciudadanía para reunir las 50 mil firmas de electores certificados que exige la ley para presentarla ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Manuel Cuesta Morúa, presidente del CTDC, explicó a Martí Noticias que el objetivo es adaptar la legislación cubana “a la realidad diversa y plural del país”. En el comunicado de la organización, el partido único es descrito como “el origen estructural de las sucesivas crisis económicas, sociales y humanitarias” que atraviesa la isla, y como “la raíz histórica y política de la desmoralización del comportamiento social”, así como de “la quiebra económica acelerada del país”. El CTDC planea además organizar 15 asambleas ciudadanas, una por provincia, para recabar opiniones sobre el contenido de una eventual reforma.

Según detalló el CTDC, la iniciativa se apoya en el artículo 227, inciso F, de la Constitución, que permite a los ciudadanos promover reformas constitucionales con el respaldo de al menos 50 mil electores certificados. Sin embargo, el camino está sembrado de obstáculos, pues antes de reunir firmas los promotores deben obtener de la Comisión Electoral Nacional un documento llamado Certificación Electoral, un trámite que no es automático y que el aparato estatal puede dilatar o denegar.

Analistas consultados por Infobae señalan que la iniciativa tiene escasas posibilidades de prosperar dado el férreo control del PCC sobre las instituciones, aunque consideran que su valor simbólico radica en visibilizar la pérdida de representatividad del partido.

Un eco del Proyecto Varela

No es la primera vez que la oposición cubana intenta utilizar los resquicios del sistema legal para forzar un debate democrático. El precedente más conocido es el Proyecto Varela, impulsado en 2002 por el líder opositor Oswaldo Payá y un grupo de activistas. Aquella iniciativa reunió más de once mil firmas válidas, superando el umbral constitucional entonces vigente, y fue presentada ante la Asamblea Nacional con cinco demandas concretas: libertad de expresión, libertad de asociación, amnistía para presos políticos, reformas electorales y libertad económica.

En lugar de debatir la propuesta, el régimen movilizó a las organizaciones de masas para reformar la Constitución en sentido contrario, incorporando la “irrevocabilidad” del socialismo como cláusula de intangibilidad. El episodio quedó como ejemplo de cómo el sistema totalitario cubano utiliza los propios mecanismos legales para blindarse ante la presión ciudadana.

La iniciativa del CTDC llega, por otra parte, en medio de una aguda crisis multifactorial. Cuba sufre cortes de electricidad de hasta veinte horas diarias, escasez generalizada de alimentos y medicamentos, y una emigración masiva que ha reducido significativamente la población de la isla. La reforma del artículo 5 es uno de los diez puntos de la “Agenda Mínima” que el CTDC presentó en abril pasado, y que incluye también una ley de amnistía y la promoción de los derechos de la diáspora dentro del país.

Si la historia del Proyecto Varela ofrece alguna lección, es que el mayor obstáculo no es legal sino político. Aun así, el CTDC apuesta por que la presión acumulada dentro y fuera de la isla pueda, esta vez, abrir un camino hacia la democracia en Cuba.

Es Cuba o la nada, no el partido único o la nada

La Habana, 25 de mayo de 2026

“Aut Caesar aut nihil” (“o César o nada”) es la lógica del poder en Cuba. Pero esa no puede seguir siendo la lógica de la nación. El partido único o la nada no es el destino inevitable de nuestro país.

El Gobierno más peligroso para una nación ―y también para sí mismo― es el que tiene miedo a la realidad y trata de compensarlo mediante la amenaza, la coerción y la violencia. En pleno siglo XXI, ni Numancia ni Baraguá pueden seguir utilizándose como horizontes políticos permanentes. Mucho menos por parte de una élite que hace tiempo se rindió a los privilegios y al capitalismo de lujo mientras condena a las mayorías a sobrevivir dentro de un modelo agotado e incapaz ya de ofrecer esperanza, prosperidad y sentido colectivo. Ejemplos tiene la historia de hombres y gobiernos que, por enrocarse en sus posturas, tuvieron tristes finales evitables con un simple gesto de humildad.

La exageración épica es de mal gusto, no resuelve los problemas del país. Los pueblos no viven de consignas. Los valientes no pintan faroles porque saben que los guapos no construyen naciones. Y los cubanos de a pie, incluso aquellos dispuestos a sacrificarse para la mejor dulce vida de los de arriba, necesitan al menos tres comidas al día para acumular las energías mínimas que requiere la guerra. Pero esta confrontación no es necesaria ni inevitable. La mejor manera de conjurar un conflicto con los Estados Unidos es abrirse al país real. Mirar dentro antes de mirar al norte.

Desde 2021, las protestas sociales que recorren Cuba expresan el cansancio, la angustia, la rabia y la frustración acumulados de millones de ciudadanos que saben que el origen de la crisis nacional no está fuera de Cuba, sino en un modelo fallido e incompetentemente gestionado.

Ha habido mucho sacrificio de generaciones que entregaron sus vidas a un proyecto político en el que creyeron sinceramente, pero no podemos aceptar que, en nombre de ese pasado, se mantenga el ciclo perverso dentro de un régimen que nos conduce al abismo, condenando a toda una sociedad a vivir sin derechos, sin oportunidades y sin futuro.

La raíz histórica y política de la desmoralización del comportamiento social, de la pérdida del rumbo y de la visión de Estado, de la quiebra económica acelerada del país, de la sequía y depresión culturales, y de la normalización de la crisis humanitaria está en el monopolio civil y político de un partido único que se coloca por encima de la sociedad y del propio Estado.

La consagración del partido comunista como partido único establecida en el artículo 5 de la Constitución, que perpetúa la violencia física y simbólica sobre toda una nación, ha terminado convirtiéndose en el origen estructural de las sucesivas crisis económicas, sociales y humanitarias que atraviesan el país, y que vienen recrudeciéndose en una espiral cada vez más intensa desde 2018. Una minoría política compuesta por 700 mil militantes de un partido selectivo, que solo representa el 8.75% de los ocho millones de electores que tiene el país y el 5.8% de la Cuba transnacional de más de 12 millones de cubanos, se ha arrogado durante décadas el derecho exclusivo a definir y decidir sobre el presente y el futuro de toda la nación, contradiciendo el artículo 3 de la propia Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo.

Es por esa razón que, contrario al discurso oficial y a la percepción histórica alimentada por el monopolio pedagógico, la dominación impuesta del partido único es el problema mayor de seguridad nacional que tiene Cuba.

Durante 67 años, Cuba ha quedado atrapada en una trampa geopolítica permanente que ha debilitado hacia el interior el lazo nacional ―hoy el patriotismo está en sus horas históricas más bajas― y, hacia el exterior, nuestra capacidad y posibilidad de construir un proyecto nacional independiente.

Como en el siglo XIX, solo una minoría se dice dispuesta a participar en una guerra detrás de alguna idea de patria; y en el siglo XXI, el control del Estado por un partido ideológico ha colocado a la nación cubana al límite, quedando expuesta frente a las presiones económicas y los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.

El CTDC tiene una propuesta, en su proyección de la ley a la ley, para retomar el hilo nuclear del proyecto de nación: la reformulación del artículo 5 de la Constitución en base a su artículo 3, que reconoce y fundamenta la soberanía de forma inalienable en el pueblo cubano.

Para ello, estamos convocando a un grupo de veintiún expertos, intelectuales, activistas y ciudadanos que trabajarán en una propuesta de reforma constitucional del contenido del artículo 5 de la Constitución vigente, sobre la base de la diversidad y pluralidad histórica e ideológica de la nación, y que será sometida a consulta del pueblo cubano.

Al mismo tiempo, iniciamos el proceso para invitar a los ciudadanos a que soliciten las 50.000 certificaciones electorales mínimas, requeridas por el artículo 227 inciso f de la Constitución y por la Ley 131 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional. Certificación imprescindible, según la ley, para poder ejercer el derecho ciudadano a la reforma constitucional.

La desesperación y la angustia de millones de cubanos exigen atención y solución ahora. Pero solo podremos romper definitivamente este ciclo de zozobra de la nación cuando construyamos, entre todos y de manera pacífica, la Cuba de los ciudadanos.

Porque el dilema de nuestro tiempo no es el partido único o la nada. Es Cuba o la nada.

Consejo para la Transición Democrática en Cuba