Justicia 11J: los datos de la Fiscalía General de Cuba y la desprotección ante violaciones de derechos

Justicia 11J denuncia arbitrariedad en los procesos penales relacionados con las protestas del pasado 11 de julio.

El empuje de las campañas y el trabajo en  conjunto de la sociedad civil cubana han obligado una vez más al régimen de la isla a admitir sus arbitrariedades contra quienes disienten del poder. En esta ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) admitió haber procesado a 790 personas relacionadas con las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.

Además, FGR confesó el procesamiento de 55 menores de edad, 28 de ellos encarcelados de manera provisional, lo que contradice a funcionarios cubanos como el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien emplazó a la prensa internacional a identificar desaparecidos o casos de menores presos en Cuba.

Sin embargo, el informe no pasó desapercibido para grupos de activistas como Justicia 11J, quienes sometieron a crítica los datos oficiales y los compararon con los registrados de manera independiente.

“Este gesto, a más de seis meses de los hechos y del inicio de los procesos penales y administrativos, constituye una respuesta evidente a los reclamos de la sociedad civil en torno a las detenciones, desapariciones y juicios, que en las últimas semanas han ocupado titulares en varios de los más influyentes medios de prensa internacionales”, consideró la plataforma en una “Respuesta a Fiscalía” donde se analizan las cifras y términos empleados por el órgano judicial para manipular la información sobre los casos.

En cifras, el subregistro de Justicia 11J se queda por debajo de lo admitido por la FGR. Mientras esta dice contar 117 expedientes en preparación, Justicia 11J sólo ha podido acceder a 40, de los cuales ha detectado 520 personas instruidas de cargo. Lo mismo ocurre con la cantidad de jóvenes de entre 16 y 20 años (67 cuenta la plataforma, contra 115 de la FGR). Igualmente, al tiempo que la asociación independiente da fe de 431 manifestantes en prisión provisional, la Fiscalía registra 490.

En lo que respecta a los menores de 16 años, la FGR se vio obligado a confirmar 27 procesos: “10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios”. Justicia 11J sólo tenía conocimiento de siete.

“En este sentido, podemos afirmar que nuestros registros alcanzan entre el 50%-75% de los datos comunicados por la Fiscalía General de la República. Esto, por una parte, confirma las sospechas de la sociedad civil de que las cifras de detenciones y procesos penales fuese mucho mayor que la que hasta ahora se ha podido documentar, y a la vez, dispara aún más las alarmas sobre la desprotección ante las constantes violaciones de derechos a que dichas personas no contabilizadas e identificadas se pudiesen enfrentar”, explicaron los activistas.

Por otro lado, Justicia 11J corrigió la “caracterización negativa emitida por la Fiscalía sobre los manifestantes”, al referirse a que un 21% de las personas que han enfrentado o enfrentan procesos legales poseen antecedentes penales: “Consideramos oportuno señalar el 79% que carecen de tales antecedentes, y recordar que a lo largo de estos meses se han denunciado irregularidades en el proceso de conformación de los expedientes de fase preparatoria, a partir de los cuales se adjudican a los manifestantes delitos anteriores que, o bien tienen una antigüedad de más de 10 años (que debieron ser cancelados de oficio), o que nunca fueron cometidos ni tratados por la ley, así como descripciones que no se corresponden con la actitud de los detenidos”.

Justicia 11J reprochó también la omisión en el informe de FGR de acusados que aún permanecen en fase de investigación —intermedia del proceso penal— o a cargo del Ministerio del Interior (MININT), como en el caso del menor Jonathan Torres Farrat, cuyo expediente de fase preparatoria y petición fiscal aún no han sido entregados a su abogado. En contraposición, la plataforma alude al caso del oficial del MININT, Yoennis Pelegrín, responsable de la muerte de Diubis Laurencio Tejeda en el barrio habanero de La Güinera, cuyo expediente todavía no ha entrado en proceso y se desconocen detalles de su causa, lo que “da cuenta del procesamiento selectivo de sólo a una parte de la población que participó en las protestas”.

“Alertamos sobre la posibilidad de que esta arbitrariedad y violación del debido proceso pueda estarse perpetrando en particular sobre los 45 jóvenes entre 16 y 20 años, así como el resto de manifestantes, de los que aún desconocemos su estatus legal. Por demás, no se reconoce la enorme cantidad de personas que, habiendo permanecido en detención en algún momento entre julio y hasta hoy, fueron liberadas con sanciones administrativas (multas) o cartas de advertencia, sin cargos, o beneficiados con sobreseimiento (como es el caso de 11 manifestantes)”, dijeron los activistas, que documentan hasta la fecha 1384 personas detenidas, 135 entre 12 y 20 años de edad, 7 menores de 16 años, 72 entre 16 y 18 años, y 56 entre 19 y 20 años.

Asimismo, el colectivo rechazó la “naturaleza tendenciosa” de mencionar a los hospitales como blanco de supuestos vandalismos por parte de los manifestantes, cuando “hasta la fecha, no existe evidencia audiovisual, o menciones en los expedientes de fase preparatoria, que den cuenta de los hospitales pediátricos, maternos y oncológicos que, según los medios de propaganda oficial, fueron apedreados durante las protestas”.

Si bien Fiscalía dice haber atendido hasta el momento a 508 personas que solicitaron información sobre los procesos penales y tramitado 238 quejas o sugerencias, Justicia 11J reiteró su exigencia al órgano de permitirle participar en el seguimiento de los juicios, o que estos sean televisados en directo sin cortes y que la prensa internacional pueda cubrirlos.

En ese orden la plataforma recordó el plazo otorgado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, cuyo vencimiento es el próximo 7 de febrero, “para que el Estado cubano provea ‘de forma urgente’ información sobre los manifestantes desaparecidos por acción de las autoridades”, además de reclamar el acceso a los registros de centros penitenciarios y tribunales de la isla.