Organizaciones internacionales exigen justicia para tres prisioneras políticas cubanas

Linares Rodríguez, de 27 años, inició una huelga de hambre la pasada semana en la prisión del Guatao.

Tres mujeres cubanas, Yunaikis de la Caridad Linares Rodríguez, Adiane Hernández Calderón y Yordanka López González, enfrentan situaciones sumamente dramáticas tras ser encarceladas por motivos políticos en Cuba, lo que ha generado una ola de solidaridad por parte de activistas, organizaciones feministas y de derechos humanos.

Linares Rodríguez, de 27 años, inició una huelga de hambre la pasada semana en la prisión del Guatao, en La Habana, donde se encuentra cumpliendo una condena de ocho años de cárcel por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio.

Su madre, Niurka Rodríguez, denunció que Yunaikis fue trasladada a una celda de castigo y que padece una severa neuralgia facial y no recibe atención médica adecuada, lo que agrava su situación.

“En tres años no ha tenido un minuto de paz”, dijo la madre de la prisionera política, quien añadió que las autoridades han amenazado con revocarle las visitas familiares durante un año.

También el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) advirtió sobre el deterioro físico y emocional de Yunaikis Linares en prisión, donde la joven ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones como forma de protesta ante las constantes violaciones de sus derechos humanos.

Arrestos arbitrarios tras protestas pacíficas en Ciego de Ávila

Por otra parte, Adiane Hernández Calderón y Yordanka López González fueron arrestadas el 7 de noviembre tras participar en una protesta pacífica en Ciego de Ávila exigiendo el restablecimiento del suministro eléctrico.

Según la ONG Justicia 11J, ambas mujeres permanecen en prisión preventiva sin derecho a contacto telefónico con sus familias.

Ismael González Sánchez, jefe de la Fiscalía Municipal de Ciro Redondo, admitió en un medio local que las detenciones fueron posibles gracias a los videos captados por agentes de la Seguridad del Estado y a la intervención de brigadas de respuesta rápida.

Sin embargo, Justicia 11J asegura que Hernández y López solo observaron la manifestación y no participaron activamente.

La organización defensora de los derechos humanos calificó de “práctica represiva” las acciones del régimen y las declaraciones del fiscal González Sánchez, quien celebró la eficacia de las brigadas de respuesta rápida en la identificación de manifestantes.

“Estas brigadas, que supuestamente buscan resolver inquietudes, en realidad alimentan la represión mediante procesos penales arbitrarios”, afirmó Raúl Enrique Medina, portavoz de Comunicación de Justicia 11J.

Llamados internacionales por justicia y transparencia

Ante esta situación, Amnistía Internacional y otras organizaciones han solicitado reiteradamente acceso a las cárceles cubanas, pero el Gobierno cubano ha denegado estas peticiones.

“El maltrato en las prisiones es una vergüenza que las autoridades buscan ocultar”, señaló FDP en un comunicado, subrayando que los presos políticos resisten en condiciones extremadamente adversas.

Las organizaciones han instado a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el régimen cubano para garantizar justicia y condiciones humanitarias para las tres detenidas y para el resto de presos políticos. La denuncia también incluye a las autoridades carcelarias, señaladas por fomentar un clima de violencia y abusos en las prisiones.