Transfobia de Estado: El caso de Brenda Díaz

Brenda Díaz, mujer trans condenada a 14 años de cárcel, tendrá este viernes 17 de junio, a las 9 de la mañana, en el Tribunal Municipal Popular de Marianao, la Vista del Recurso de Casación.

Brenda Díaz García, La Pichu para sus amigos, es una mujer trans que se unió a las protestas del pasado 11 de julio en la provincia de Artemisa. Como tantas personas LGBTIQ+ apresadas ese día, a la represión común que tuvo que enfrentar como manifestante, se suma la discriminación y negación de su identidad de género.

Hasta la tarde del 11 de julio, el sueño de Brenda era dedicarse al estilismo y seguir criando sus pollos. Ese día, según contaron los vecinos a su madre, se encontraba con algunas amistades en el patio de la casa, en Güira de Melena, cuando sintió los cacerolazos y salió a unirse a la multitud que se manifestaba.

Al mismo tiempo, se hacían virales videos y fotos de una multitud enfurecida apedreando, saqueando y exigiendo el cierre de las tiendas en MLC Trasval y El Encanto, en el propio municipio de Güira. Fue a través de esos videos y fotos que la policía consiguió identificar a 33 personas. Entre ellas estaba Brenda, acompañada de su hermano Luis Manuel, en aquel entonces menor de edad. Ambos fueron detenidos cerca de su casa el mismo 11 de julio, hora y media o dos después de lo ocurrido en las tiendas.

Luis Manuel recuerda que fue un arresto violento. Los ubicaron en la misma celda, en una unidad de policía conocida como el Técnico de Cuatro Caminos, en el municipio de Guanajay. Allí fueron sometidos a varios interrogatorios, les preguntaban quiénes convocaron a manifestarse y cuánto les habían pagado. Luis asegura que, en este tiempo, Brenda no recibió una buena atención pese a su delicada condición de salud (VIH positiva, padece de gastritis crónica y de cálculos en los riñones). Comenta que los guardias, incluso, se burlaban de ella.

A la semana, Brenda fue trasladada al Campamento Reloj Club, en Boyeros. Él fue liberado a los 18 días de estar en el Técnico, con una multa de 1000 pesos y una medida cautelar. Los primeros días de agosto fue nuevamente reubicada en una prisión conocida como “Panamá”, en el municipio de Guines, provincia Mayabeque, lugar donde se encuentra hasta la fecha.

Los juicios de Brenda y de las otras 32 personas identificadas se celebraron entre los días 7 y 11 de marzo del 2022, en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. A Brenda, Fiscalía le pidió 18 años inicialmente. Estaba acusada de 5 cargos: desorden público, sabotaje de carácter continuado, atentado, daños y robo con fuerza. El 8 de abril llegó la sentencia, 14 años por el delito de sabotaje previsto en el artículo 104.1 del Código Penal y un año y 4 meses por desorden público. La sentencia conjunta quedó en 14. Este viernes, 17 de junio, a las 9 de la mañana, en el Tribunal Municipal Popular de Marianao, se efectuará la Vista del Recurso de Casación.

Cada 15 días, la madre o el padre de Brenda acuden hasta la prisión para la visita, donde les cuenta sobre su estado de salud, el de la comida, y los episodios de homofobia y transfobia que vive allí. Había cumplido en prisión, el pasado 29 de enero, sus 28 años. En estos 11 meses privada de libertad, Brenda ha ido 4 veces a enfermería por causa de los riñones y ha estado hospitalizada 2, dentro de la misma prisión. La madre afirma que le están dando los antirretrovirales para el tratamiento contra el VIH, pero que la atención médica no es buena, ni está llevando la alimentación adecuada.

Otra vez, la necesidad de una Ley Integral de Identidad de Género

Los derechos personales se ejercen, según los cauces legales establecidos en Cuba, cuando todos los componentes del sexo coinciden en una misma dirección. No sucede igual cuando el "sexo biológico" y la identidad de género dejan de coincidir. En otras palabras, la legislación cubana coloca a las personas trans, como Brenda Díaz, en un ámbito de vulnerabilidad y violencia.

Aunque hay quien plantea que basta con la libre declaración de las personas trans, a partir de sus experiencias personales, sin mayores formalidades, es importante que estén resguardadas legalmente. Aunque en el texto constitucional vigente, aprobado en el año 2019, en su artículo 42 reconoce que: “Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género…”, al revisar el caso de Brenda nos damos cuenta, de por qué es necesario un instrumento legal específico que establezca los requisitos procesales y sus garantías fundamentales.

Brenda sí fue discriminada, por las fuerzas represivas en la calle, por los agentes penitenciarios de tres centros de detención distintos y hasta en su propio juicio.

Brenda no fue reconocida como la mujer que se identifica a los ojos de la ley, tampoco recibió la misma protección o el trato que se le da a una mujer. Brenda sí fue discriminada, por las fuerzas represivas en la calle, por los agentes penitenciarios de tres centros de detención distintos y hasta en su propio juicio.

Brenda fue despojada de cualquier atributo de feminidad y le fue aplicada la sanción accesoria de comiso alegando que el vestido que llevaba puesto el 11 de julio fue para burlar a las autoridades. Esto nos demuestra que aun siendo una protección que forma parte del texto constitucional, en Cuba existe transfobia, incluso ejercida por parte del propio Estado, que no reconoce que, el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad conforme a su identidad de género, es una necesidad.