Tenemos derecho a saber | Acceso a la información pública de la ciudadanía cubana
Para que la ciudadanía conozca cómo se comportan los indicadores sociales y económicos en el país es imprescindible que exista una rendición de cuentas mediante el acceso a la información pública.
"En Cuba, sabemos mucho de lo que hacen los vecinos, pero poco de lo que hace el gobierno. El secretismo y la opacidad han sido las formas de actuar del gobierno y la administración cubanas durante décadas. Su falta de transparencia parece haberse naturalizado", explica el segundo video de esta campaña sobre el acceso a la información pública en Cuba.
Atendiendo a que el acceso a la información pública constituye un “derecho-llave” (puede ayudar a la ciudadanía a exigir con mayor certeza y fundamentación otros derechos), medios de prensa y proyectos cubanos nos hemos nucleado en coordinación con la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información para presentar una campaña conjunta en favor del derecho de acceso a la información pública.
"Para que la ciudadanía conozca cómo actúa el gobierno o cómo se comportan los indicadores sociales y económicos en el país es imprescindible que exista una rendición de cuentas mediante el acceso a la información pública..."
Para que la ciudadanía conozca cómo actúa el gobierno o cómo se comportan los indicadores sociales y económicos en el país es imprescindible que exista una rendición de cuentas mediante el acceso a la información pública. Para que la rendición de cuentas funcione como un mecanismo de control, la ciudadanía necesita información: acceder a ella es un derecho reconocido en la Constitución cubana vigente, y en algunos de los tratados de los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, como la "Declaración de principios sobre libertad de expresión", de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los derechos no dependen de que un gobierno los garantice, sino del deber ciudadano de exigir que se cumplan. Los cubanos tienen derecho a acceder a la información pública, solicitada individualmente y proporcionada activamente por el gobierno. Una ley sobre cómo ejercer ese derecho, constituiría una reivindicación para este y otros derechos humanos.
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