Jurado federal declara culpable a estadounidense por explotación sexual de una menor en Cuba

El hombre de 55 años solicitó material sexual a una adolescente de 15 años y viajó a La Habana para encontrarse con ella; fue arrestado al regresar a Miami.

Un jurado federal declaró culpable el 11 de febrero de 2026 a Earl Richard Clouser, de 55 años, residente en Burnham, Pensilvania, por intento de producción de representaciones visuales vinculadas a la explotación sexual de una menor en Cuba.

De acuerdo con registros judiciales y pruebas presentadas durante el juicio, el acusado sostuvo durante meses comunicaciones en línea con una adolescente de 15 años residente en Cuba. Según la información oficial, aún conociendo su edad, “solicitó en reiteradas ocasiones videos sexualmente explícitos y le indicó que produjera material de abuso sexual infantil, a cambio de pagos electrónicos.”

El anuncio fue realizado por el fiscal Reding Quiñones y por el agente especial interino a cargo José R. Figueroa, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami.

El anuncio fue realizado por el fiscal Reding Quiñones y por el agente especial interino a cargo José R. Figueroa, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami, entidad que llevó adelante la investigación. El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Elizabeth Hannah y Anthony Reynolds.

“Este acusado se dirigió a una menor de 15 años, le indicó que creara material sexualmente explícito y luego viajó al extranjero para explotarla personalmente”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida.

Viaje a La Habana y arresto en Miami

En septiembre de 2025, Clouser viajó desde Estados Unidos a La Habana con el propósito de encontrarse con la menor. Antes del viaje, la víctima le envió una identificación que confirmaba que era menor de edad. A pesar de ello, el hombre organizó un encuentro y pasó la noche con ella en un apartamento alquilado.

El 19 de septiembre de 2025, tras regresar a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami, fue remitido a una inspección secundaria por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Durante la revisión, agentes descubrieron material de abuso sexual infantil y comunicaciones entre el acusado y la víctima en tres dispositivos electrónicos que llevaba consigo. Posteriormente fue arrestado.

Tras un juicio de dos días, el jurado lo declaró culpable. Enfrenta una pena máxima de hasta 30 años de prisión federal y un mínimo obligatorio de 15 años. La sentencia será determinada por un juez federal.

Enfrenta una pena máxima de hasta 30 años de prisión federal y un mínimo obligatorio de 15 años.

“El hecho de que la víctima viviera en otro país no la excluyó de la protección de la ley estadounidense. Si utiliza internet o viaja al extranjero para explotar a una menor, lo encontraremos, lo procesaremos y exigiremos el máximo castigo federal”, argumentó Reding Quiñones.

El periodista Yosmany Mayeta Labrada informó del caso, pero al recibir declaraciones de la madre de la menor, pidió prudencia a sus seguidores para mantenerse actualizados y aclaró que no informaría más sobre el mismo:

“Durante la madrugada también recibimos el mensaje de una persona que se identificó como madre de la adolescente relacionada con el hecho, quien pidió respeto y prudencia al abordar el tema. En su comunicación, expresó preocupación por las posibles consecuencias que la exposición pública podría tener en la vida de la menor y en su familia, recordando que no todas las personas utilizan la información en redes sociales con el mismo sentido de responsabilidad.”

Según esa comunicación, la madre manifestó preocupación por las consecuencias que la exposición pública podría generar en la vida de la menor y su familia.

Proyecto Niñez Segura

El proceso se enmarca dentro del Proyecto Niñez Segura, descrito oficialmente como “una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia”. Según la información institucional, el programa moviliza recursos federales, estatales y locales para identificar, detener y procesar a personas que explotan a menores a través de internet, así como para localizar y asistir a víctimas.

Tras ser declarado culpable, la condena del acusado se conocerá en una audiencia posterior ante un juez federal, quien tomará en cuenta la gravedad del delito, los antecedentes del acusado y las directrices legales aplicables.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la situación actual de la menor en Cuba. El proceso judicial se centró únicamente en la conducta de Clouser y en las pruebas presentadas durante el juicio.

El caso evidencia cómo las investigaciones federales sobre explotación sexual infantil con vínculos internacionales dependen de la cooperación digital, el seguimiento financiero y los controles fronterizos, elementos clave para recolectar pruebas y sustentar los cargos contra los responsables.