Pronunciamientos del régimen sobre violencia contra mujeres en Cuba: tardíos, insuficientes y centrados en lo punitivo

Autoridades evitan reconocer el feminicidio en el caso de una niña asesinada y reducen la respuesta institucional a lo punitivo, sin medidas de prevención ni protección.

El Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía General de la República se pronunciaron el pasado 28 de marzo sobre el asesinato de una menor ocurrido el 21 de marzo en La Habana. En su comunicado oficial, las autoridades informaron que “la Fiscalía Provincial de La Habana controla el proceso penal (…) para investigar un delito de asesinato”, y añadieron que el imputado fue asegurado con “la medida cautelar de prisión provisional”. Asimismo, señalaron que “se ejercerá la acción penal pública (…) con solicitud de sanciones severas en correspondencia con la gravedad de los hechos”.

El caso corresponde al asesinato de Gabriela Herrera Rodríguez, una niña de siete años, confirmado como feminicidio infantil por los observatorios independientes OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). La menor desapareció la tarde del 21 de marzo y fue encontrada sin vida horas después, con signos de extrema violencia. Algunas fuentes sitúan el crimen en el Reparto Guiteras, en el municipio Habana del Este, mientras que otras lo ubican en Guanabacoa. 

El presunto agresor, un vecino, fue detenido. Sin embargo, en su comunicación oficial, las autoridades no emplearon en ningún momento el término feminicidio.

Cobertura oficial de una agresión a una mujer policía en Camagüey

De forma reciente e inusual, el pasado 23 de marzo medios oficiales como Cubadebate informaron con amplitud sobre el juicio contra Osvaldo Fernández Pichardo, acusado de terrorismo por agredir con arma blanca a una agente de la Policía Nacional Revolucionaria en Camagüey en 2025. Según la información oficial, durante el proceso “se demostró que una persona mencionada en el proceso investigativo quien reside en Estados Unidos y posee un amplio activismo contra la Revolución cubana, le propuso la suma de 600 dólares para que agrediera a un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria”, y que el acusado “atacó por la espalda y con el empleo de un arma blanca a una oficial de policía desarmada”, cuyas lesiones “pusieron en peligro inminente la vida”.

Aunque el régimen ha intentado presentar este caso fuera del ámbito de la violencia hacia las mujeres y las niñas, fuentes comunitarias afirman que víctima y agresor se conocían previamente. 

Estas comunicaciones oficiales evidencian la ausencia de un enfoque específico para mujeres en el tratamiento institucional de la violencia contra mujeres y niñas. Mientras se emplean categorías generales como “asesinato” o figuras penales como “terrorismo”, se omite sistemáticamente el reconocimiento del feminicidio, lo que invisibiliza su carácter estructural. Además, la respuesta estatal se limita a lo punitivo, sin referencias a prevención, protección o reparación para las víctimas, y sin transparencia sobre mecanismos específicos de atención. Esta forma de abordar los hechos no solo diluye la dimensión de la violencia hacia las mujeres y las niñas, sino que también dificulta el diseño de políticas efectivas para enfrentarla.