Demanda en Estados Unidos alcanza al núcleo del sistema eléctrico cubano

Cuban Electric Company acusa a la Unión Eléctrica y Energas de utilizar centrales, redes y sistemas de gas nacionalizados por el régimen cubano en 1960.

Cuban Electric Company, también conocida como Compañía Cubana de Electricidad, demandó el 29 de julio a la Unión Eléctrica y a Energas S. A. por la presunta explotación comercial de instalaciones y redes nacionalizadas por el régimen cubano en 1960. La acción fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton.

La empresa reclama 267.568.413,62 dólares como principal de las pérdidas certificadas en 1970, más un interés anual del 6 % desde el 6 de agosto de 1960, una indemnización equivalente al triple de los daños, las costas judiciales y otros intereses previstos por la ley.

Activos reclamados dentro del sistema eléctrico cubano

Antes de su nacionalización en 1960, Cuban Electric Company generaba más del 90 % de la electricidad vendida en Cuba y operaba doce centrales, 6.619 millas de líneas eléctricas, el sistema de gas de La Habana y un complejo técnico en Capdevila. La compañía sostiene que parte de esa infraestructura continúa integrada en el Sistema Electroenergético Nacional.

Antes de su nacionalización en 1960, Cuban Electric Company generaba más del 90 % de la electricidad vendida en Cuba.

La demanda identifica como instalaciones presuntamente asentadas sobre bienes confiscados las termoeléctricas Antonio Maceo —conocida como Renté— y Carlos Manuel de Céspedes, así como la subestación y el complejo de gas de Melones, la hidroeléctrica de Guaso, Tallapiedra, las instalaciones de Regla y la actual sede de la Empresa Eléctrica de La Habana en Capdevila.

El escrito sostiene además que la antigua red de transmisión y distribución de Cuban Electric Company constituye parte de la base del Sistema Electroenergético Nacional. También afirma que instalaciones procedentes del antiguo sistema de gas de la empresa continúan utilizándose para abastecer a residentes de La Habana.

Energas y el control del Estado cubano

Energas pertenece en partes iguales a la Unión Eléctrica, Unión Cuba-Petróleo (CUPET) y la compañía canadiense Sherritt International. Según la demanda, genera entre el 8 % y el 10 % de la electricidad del país mediante infraestructura conectada con los bienes reclamados. Sherritt no figura como demandada en este proceso.

Los abogados de Cuban Electric Company sostienen que UNE y Energas actúan como extensiones del régimen cubano y carecen de una autonomía efectiva frente al Estado. Para respaldar esa tesis, señalan el control del Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas sobre sus directivos, inversiones, planes económicos y relaciones con el capital extranjero.

Dos fallos que cambiaron el escenario judicial

La demanda se presenta después de dos decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre reclamaciones similares. En mayo, el tribunal anuló un fallo favorable a cuatro navieras demandadas por Havana Docks y devolvió el caso a tribunales inferiores. La decisión estableció que el uso comercial de los muelles confiscados podía quedar comprendido por la Ley Helms-Burton, aunque la concesión original hubiera expirado antes de que las compañías de cruceros comenzaran a utilizarlos.

En junio, el Tribunal Supremo falló a favor de Exxon Mobil en su disputa contra CUPET y Corporación CIMEX por una refinería, terminales y estaciones de servicio confiscadas. El tribunal concluyó que las agencias e instrumentalidades cubanas no pueden invocar inmunidad soberana frente a las demandas presentadas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton. Exxon reclama más de 1.000 millones de dólares, pero el proceso aún no cuenta con una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las empresas demandadas.

Desde 2019, la activación del Título III de la Ley Helms-Burton permite a determinados reclamantes acudir individualmente a los tribunales federales.

La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras reconoce 5.913 reclamaciones relacionadas con Cuba, con un valor principal acumulado de 1.902 millones de dólares. Estados Unidos y Cuba no han alcanzado un acuerdo bilateral para resolverlas. Desde 2019, la activación del Título III de la Ley Helms-Burton permite a determinados reclamantes acudir individualmente a los tribunales federales.

Un litigio en plena crisis eléctrica

La nueva acción judicial coincide con el sexto colapso nacional del sistema eléctrico registrado en 2026. Los apagones y cortes prolongados afectan la conservación de alimentos, el bombeo de agua, el transporte, los servicios sanitarios y el descanso de la población.

La demanda, sin embargo, es estrictamente patrimonial y no solicita reparaciones por las consecuencias de la crisis eléctrica sobre la ciudadanía.