México acumula más de 128 mil desaparecidos

Casi el 25% de las personas desaparecidas en México son mujeres, y alrededor del 20% son menores de edad, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras madres cubanas recorrían por quinto día consecutivo las rutas costeras de Chiapas buscando a sus hijos desaparecidos hace 17 meses en el Pacífico mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 11 de mayo en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México su informe “Desaparición de Personas en México”, un documento que define como una crisis humanitaria grave las más de 128 mil personas desaparecidas hasta junio de 2025, y los cerca de 70 mil cuerpos no identificados que actualmente permanecen bajo custodia del Estado.

La vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, encabezó la presentación ante las autoridades federales, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. El informe, elaborado a petición de los propios colectivos de madres buscadoras, cuantifica la magnitud del fenómeno y describe sus patrones estructurales, al tiempo que formula numerosas recomendaciones al Estado mexicano para abordar un problema que desde hace años desgarra a México.

Un fenómeno generalizado e indiscriminado

El informe de la CIDH describe las desapariciones como un fenómeno generalizado e indiscriminado, pues puede afectar a cualquier persona en cualquier parte del país. La autoría recae en gran medida en el crimen organizado, aunque el informe subraya que aún continúan sucediendo desapariciones forzadas cometidas por los propios agentes estatales. “Muchas de las desapariciones cometidas por el crimen organizado ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales”, señala el documento, y advierte que cuando un agente del Estado participa en el acto, el derecho internacional lo califica como desaparición forzada.

Los estados con mayor número de casos son el Estado de México, Jalisco y Tamaulipas; y el sexenio con mayor número de desapariciones registradas es el de 2018-2026, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con más de 52 mil casos reportados, el 39% del total histórico.

Mujeres, niñas, migrantes y defensoras

El informe dedica atención especial a los grupos más afectados. Cerca de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, y alrededor del 20% eran menores de edad al momento de su desaparición. La CIDH documenta que las desapariciones de mujeres y niñas tienen características propias, pues se vinculan a otros flagelos estructurales como la violencia de género, la trata de personas y el reclutamiento forzoso por parte del crimen organizado. Por eso, entre sus recomendaciones la CIDH pide que el Estado garantice que la búsqueda de mujeres y niñas sea inmediata, sin los tiempos de espera que aún se fijan en muchas fiscalías.

Las personas migrantes son otro grupo de alto riesgo. El informe señala el ensañamiento que sufren en sus rutas de tránsito, donde el crimen organizado opera con relativa impunidad. La CIDH recomienda crear un registro público y actualizado de migrantes detenidos en estaciones migratorias, y fortalecer el llamado Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI) para atender casos transnacionales.

Especialmente preocupante es también la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de desaparición precisamente por su labor de denuncia. El informe documentar cómo las familias buscadoras, en su mayoría mujeres, son objeto de amenazas, extorsiones y desapariciones mientras buscan a sus seres queridos. La CIDH identifica “graves situaciones de riesgo y amenazas que afectan la seguridad de las personas buscadoras” y pide fortalecer el mecanismo de protección para ellas.

Madres cubanas en Chiapas

Una semana antes de la CIDH presentara su diagnóstico, un grupo de madres, abuelas y familiares de migrantes cubanos, hondureños y ecuatorianos recorría infructuosamente Chiapas en busca de sus desaparecidos. Su historia ilustra con claridad el drama que el informe describe.

El 21 de diciembre de 2024, un grupo de veinte migrantes desapareció mientras viajaba en lancha por aguas del Océano Pacífico hacia Oaxaca, incluidos seis cubanos de entre 15 y 45 años. La última noticia que se tuvo de ellos llegó desde San José Hueyate.

Apoyados por la Red Regional de Familias Migrantes, los familiares viajaron desde Cuba con visas humanitarias y recorrieron Chiapas entre el 2 y el 16 de mayo, pegando fichas con los rostros de sus seres queridos en todos municipios de la costa del Pacífico. Iban acompañados por la Guardia Nacional, el Ejército y la Comisión Nacional de Búsqueda, pero su experiencia confirma algo que el informe de la CIDH describe con preocupación: la Fiscalía de Inmigrantes de Chiapas no mantiene búsquedas activas de la mayoría de los desaparecidos, a pesar de que esa zona es donde se concentra el grueso de las desapariciones, con un 30% de todos los casos registrados en el país.

La impunidad como regla

La CIDH advierte que “la impunidad en los casos de desaparición es apremiante y se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias”. A pesar de que en el último año se llevaron a los tribunales casi una veintena de casos, estos son insuficientes frente a la magnitud del fenómeno. El organismo también denuncia que el Estado ha delegado la obligación de investigar en las familias, que son las que buscan, excavan fosas y aportan pruebas, mientras las autoridades se mantienen al margen.

En su informe, la CIDH reconoce avances como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda y la nueva estrategia de seguridad pública aprobada en 2025. Pero subraya que aún persisten desafíos de coordinación y señala que más de 133 mil personas siguen sin aparecer. Según registros de Amnistía Internacional, el número de desapariciones creció un 10.5% respecto al año anterior, y los buscadores siguen siendo objeto de amenazas y asesinatos.