Cuba registró 332 acciones represivas en mayo, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos
El OCDH advierte que, mediante el uso sistemático de la represión, el régimen aleja a Cuba de una transición pacífica y la encamina hacia el colapso total.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 332 acciones represivas en Cuba durante el mes de mayo, según el informe mensual publicado por la organización con sede en Madrid. La cifra confirma la persistencia de un patrón de represión que incluye detenciones arbitrarias, cercos policiales a viviendas de activistas, abusos contra prisioneros, interrupción de comunicaciones, hostigamiento y amenazas contra quienes se oponen al gobierno o lo critican públicamente.
Del total de hechos documentados, 55 correspondieron a detenciones arbitrarias y 277 a otras violaciones de derechos humanos. Las provincias con mayor incidencia fueron La Habana, Camagüey, Las Tunas y Holguín.
Ola represiva tras las protestas en Holguín
El informe pone especial atención en lo ocurrido en Holguín entre el 19 y el 22 de mayo, a raíz de protestas populares en la provincia. Según el OCDH, al menos diez personas fueron detenidas en ese contexto, entre ellas Eusebio Martínez Matos, Braulio Cuenca, Jenny Moré, Jaime Bosch, José Alberto Linnet Ramírez, Yaquelín Thope Infante, Yamilka Mora, Israel Espinosa Thope, Léstor Osvaldo Martínez Vázquez y Rafael Batista Infante, la mayoría señalados por su presunta participación o vínculo con las manifestaciones.
El 20 de mayo fueron arrestados también el ex preso político Mario Alberto Hernández Leyva y el activista Fidel Mojena, y al día siguiente se reportó la detención de Erick Alain Chang Padrón, quien fue trasladado a Villa Marista.
Alina Bárbara López impedida de asistir al congreso de LASA
El informe documenta además el impedimento de salida del país impuesto a la historiadora Alina Bárbara López Hernández, copresidenta de la Sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), quien estaba invitada al congreso anual de esa entidad, celebrado del 26 al 30 de mayo en París. La propia académica denunció el hecho en redes sociales, señalando que se trata de la primera vez que una copresidenta de la sección, residente en Cuba e intelectual, es reprimida por el Estado cubano e impedida de viajar a cualquier lugar del mundo.
López Hernández explicó que su situación está vinculada a un proceso judicial que enfrenta junto a la antropóloga Jenny Pantoja, derivado de una protesta cívica reprimida en junio de 2024. Según relató, las autoridades no solo le impiden salir del país, sino que mantienen engavetado el proceso legal para evitar el costo político de un juicio que terminaría con su encarcelamiento, algo a lo que ella se niega a renunciar por convicción.
Cuba se aleja de una transición pacífica

En las conclusiones del informe, Yaxys Cires, director de estrategias del OCDH, advirtió que el régimen aleja cada vez más a Cuba de un escenario de transición pacífica y la encamina hacia el colapso total, y que el aumento de la represión junto con la ausencia de medidas para aliviar la extrema pobreza constituyen un portazo a las peticiones de cambios reales.
Cires planteó a las autoridades cubanas la posibilidad de iniciar un proceso de cambios políticos, económicos y sociales medibles, abierto a todos los sectores de la sociedad cubana y del exilio.
En declaraciones adicionales recogidas por Martí Noticias, expresó también que le preocupa fuertemente la persistencia del clima de represión y violación de derechos humanos, junto con la ausencia de medidas efectivas para combatir la extrema pobreza y la crisis que vive hoy la población cubana.
La petición a la Unión Europea
Días antes de divulgar su informe, el OCDH presentó ante las autoridades de la Unión Europea una solicitud formal para crear un “Fondo Internacional de Indemnización a las Víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Comunista Cubano”. La organización pidió activar la cláusula esencial de derechos humanos del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación adoptado por la Unión Europea en 2016, un acuerdo que, según el OCDH, ha tenido “resultados nulos” en su objetivo de contribuir a la democratización de la isla.
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