OCDH pide a la Unión Europea crear fondo para indemnizar a víctimas del comunismo cubano

La propuesta plantea localizar, congelar y destinar bienes presuntamente ilícitos del régimen de La Habana a personas afectadas por represión, exilio, torturas y confiscaciones.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos entregó a las autoridades de la Unión Europea una solicitud formal para que participen en la creación de un Fondo Internacional de Indemnización a las Víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Comunista Cubano.

La petición fue dirigida a las principales autoridades europeas, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También estuvo acompañada de un informe institucional.

Según el OCDH, el fondo permitiría reparar a las víctimas con recursos presuntamente malversados o expoliados al pueblo cubano por estructuras estatales y militares del régimen.

La organización sostiene que los bienes obtenidos de forma ilícita o mediante expropiaciones deben destinarse a quienes han sufrido represión política, pérdida forzada de propiedades, prisión, exilio forzoso, torturas, trabajos forzados y otras violaciones graves de derechos humanos.

Bienes malversados y poder económico militar en Cuba

Desde 1959, el régimen cubano inició un amplio proceso de confiscación de propiedades privadas y concentró una parte importante de los activos nacionales en estructuras estatales y militares de escasa transparencia. En ese entramado, el OCDH señala el papel del conglomerado GAESA, vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas.

De acuerdo con la información citada por la organización, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha cifrado en hasta 20.000 millones de dólares los activos ilícitos atribuidos a ese conglomerado y depositados en cuentas exteriores.

La propuesta del OCDH plantea que esos recursos sean localizados, congelados y posteriormente destinados a un fondo internacional de reparación. El objetivo sería establecer un procedimiento para indemnizar a víctimas de crímenes de lesa humanidad y de otras formas de persecución estatal denunciadas en Cuba durante más de seis décadas.

Sanciones recientes y nuevo escenario internacional

La iniciativa se vincula con medidas recientes del Gobierno de Estados Unidos contra estructuras económicas del régimen cubano. Entre ellas, el OCDH menciona la Orden Ejecutiva 14404, del 1 de mayo de 2026, y la inclusión de GAESA, su filial Moa Nickel y altos cargos del régimen en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro, el 7 de mayo de 2026.

Estas medidas implican el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense. La organización también vincula este contexto con la plena reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton y con sanciones asociadas a la llamada “esclavitud médica”. La frase hace referencia a denuncias sobre las condiciones de trabajo de profesionales cubanos enviados a misiones internacionales.

Para el OCDH, estos pasos crean un nuevo escenario para identificar y movilizar activos presuntamente obtenidos de forma ilícita, con el objetivo de destinarlos a un mecanismo internacional de reparación.

La Unión Europea y sus mecanismos jurídicos

El OCDH afirma que la Unión Europea cuenta con mecanismos jurídicos suficientes para estudiar la propuesta. Entre ellos, menciona la cláusula esencial de derechos humanos del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, específicamente el artículo 85.3.b, que según la organización no ha sido activado.

La organización también cita dos instrumentos jurídicos relevantes. El primero es el Régimen Global de Sanciones de la Unión Europea en materia de Derechos Humanos, establecido por el Reglamento 2020/1998.

El segundo es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que son parte Cuba y los Estados miembros de la Unión Europea.

El OCDH recuerda además los Principios y Directrices de Naciones Unidas sobre reparación, recogidos en la Resolución 60/147. El organismo también cita precedentes internacionales. Entre ellos figuran el Fondo Fiduciario para las Víctimas de la Corte Penal Internacional y la iniciativa StAR, impulsada por el Banco Mundial y Naciones Unidas.

Víctimas del régimen cubano y derecho a reparación

Durante más de seis décadas, miles de personas han denunciado violaciones graves de derechos humanos en Cuba. Entre ellas figuran ejecuciones, desapariciones, torturas, prisión política, trabajos forzados, confiscación de bienes y exilio forzoso.

El OCDH enmarca estos hechos dentro de patrones de violencia estatal y persecución política. En su informe, la organización recuerda que estos actos pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Para ello, deben cometerse de forma generalizada o sistemática contra la población civil.

“Entre tales crímenes se cuentan el asesinato, el exterminio, la esclavitud y los trabajos forzados, la encarcelación arbitraria, la tortura, la persecución por motivos políticos, la desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, señala el documento citado por el OCDH.

Llamado a respaldar la demanda

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos llamó a respaldar la iniciativa. La organización pidió a personas, entidades e instituciones firmar el manifiesto de adhesión disponible en primaveranegra.org.

La solicitud coloca la reparación a las víctimas del régimen cubano en el centro del debate internacional. También plantea la recuperación de activos y el derecho de las personas afectadas a obtener verdad, justicia y reparación.