Cuba aprueba deprisa reformas económicas que no convencen a casi nadie

Las reformas económicas anunciadas llegan muy tarde, y el régimen no tiene la voluntad ni el apoyo necesarios para hacer los cambios que Cuba necesita.

En menos de una semana, el régimen cubano ha recorrido a paso acelerado el camino institucional para dar apariencia de legitimidad a un conjunto de medidas económicas que, para la mayoría de los analistas, llegan demasiado tarde y no atacan las causas reales de la crisis. El proceso arrancó el viernes 12 de junio, cuando Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas para resolver “las exigencias de los tiempos actuales”. El miércoles 17, el Comité Central del Partido Comunista (PCC), el único legal en la isla, las aprobó en sesión extraordinaria. Y el jueves 18, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que habitualmente ratifica por unanimidad las propuestas que le llegan desde arriba, completará el trámite.

La prisa es inusual para los estándares del régimen e imposible de separar del contexto que enfrenta el país, con las sanciones de la administración Trump, la retirada de las principales empresas extranjeras que operaban en la isla, y una amenaza de intervención militar que parece más próxima tras el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán.

Las reformas propuestas por el régimen

Entre los principales anuncios figuran la apertura del sector turístico a “nuevos actores” y “nuevas modalidades” tras el abandono de las grandes cadenas hoteleras de España y Canadá; la eliminación de las importadoras estatales que operaban como intermediarias obligatorias en el comercio exterior; una mayor autonomía para las empresas estatales en materia de reinversión, alianzas comerciales y acceso al mercado cambiario; así como incentivos a la inversión extranjera directa, incluyendo a los cubanos residentes en el exterior; mejores condiciones para los agricultores; y la reducción de los ministerios y la burocracia estatal.

En medio de la crisis y la prisa por implementar las reformas, Díaz-Canel reconoció sin embargo que las propuestas carecen todavía de un calendario de implementación.

El secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, se encargó de tranquilizar a los ortodoxos: las medidas, dijo, “no implican una desviación del proyecto socialista”. Por su parte, el general José Amado Ricardo Guerra informó que Raúl Castro está “plenamente de acuerdo” con los cambios propuestos y “convencido de que del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, siempre salen las mejores ideas”.

La mención de “las discrepancias” es llamativa no solo porque el régimen cubano ha ignorado y reprimido durante décadas las voces críticas, sino porque da una medida de la gravedad del problema a que ese régimen se enfrenta hoy.

Los economistas críticos y el escepticismo general

Un día antes del pleno del PCC, el martes 17, la oficina de Díaz-Canel celebró una sesión con un grupo de economistas que desde hace años publican análisis críticos de la gestión oficial en medios independientes: Omar Everleny, Juan Triana y Julio Carranza, a los que se sumaron figuras del oficialismo.

Everleny confirmó su participación en ese encuentro: “A mí me llamaron a una reunión para que diera mis opiniones sobre lo que debe hacer la economía cubana. Son las mismas que he dicho siempre y la única sorpresa es que me hayan llamado ahora”.

En sus redes sociales, Carranza publicó un análisis donde reconoce que las propuestas tienen “un calado más profundo” de lo esperado, pero subrayó que una cuestión esencial sigue siendo “la necesidad de reconstruir un consenso notablemente dañado”, algo que en su opinión es imprescindible para darle “base popular y política” a las transformaciones requeridas.

Otros economistas han sido mucho más duros en sus valoraciones. Pedro Monreal ve las medidas como un “reciclaje de viejos dogmas económicos combinado con nuevas nociones improvisadas” y advierte que sin un marco de inserción internacional que funcione, nada de lo demás será eficaz.

Elías Amor Bravo fue aún más duro en su análisis: las medidas “no aportan nada nuevo ni van a dar los resultados deseados”, porque mantienen intacto el modelo económico de la Constitución de 2019, basado en el marxismo-leninismo y en el rechazo a la propiedad privada y al mercado. “Esto es simplemente una majadería comunista más para perder un tiempo que ya no tienen”, sentenció.

Economistas como Pavel Vidal y Ricardo Torres coinciden en que falta voluntad política para hacer cambios estructurales profundos. Según Torres, la historia reciente demuestra que, cuando la situación mejora ligeramente, el régimen suele dar marcha atrás.

Desde el exilio, el líder opositor José Daniel Ferrer inscribió las reformas en el ya largo historial de aperturas tácticas que el castrismo ha implementado desde hace más de seis décadas, aperturas siempre proporcionales a la desesperación del momento y siempre revertidas cuando la crisis pasaba. “El régimen quiere capital sin capitalismo, inversión sin derechos, empresarios sin independencia, mercado sin libertad y prosperidad sin propiedad segura”, declaró a Infobae: “Estas no son reformas, son parches. Y Cuba no necesita parches, necesita libertad”.

Un consenso dañado

La convocatoria extraordinaria y urgente al PCC y la ANPP refleja la gravedad de un momento en la que la producción agrícola e industrial del país se ha derrumbado, la generación energética colapsa, los precios de los productos se multiplican, la moneda nacional pierde valor de forma acelerada y el descontento popular estalla en protestas cada vez más frecuentes.

El problema de fondo, como señala Carranza, es la falta de consenso. Un régimen que ha ignorado y reprimido sistemáticamente las críticas durante décadas no puede reconstruir la confianza perdida en una semana de urgencia institucional y cambios tímidos. Y la desconfianza no es solo popular: los propios expertos convocados por el régimen tras años de ignorarlos la expresan.

La ANPP aprobará el jueves las reformas, tal vez por unanimidad, y eso no sorprenderá a nadie. Pero lo que ningún voto puede lograr es la confianza perdida, sin la cual ninguna transformación económica puede realizarse.