Las matan y todavía las culpan

Merlin Noay, de 17 años, y Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54, fueron revictimizadas tras sus feminicidios mediante comentarios públicos que trasladaron la responsabilidad de los agresores hacia las decisiones personales, las relaciones y la edad de las víctimas.

Cuando empezaron a juzgar a Merlin Noay, ella ya no podía defenderse.

Tenía 17 años y había muerto después de permanecer varios días hospitalizada por un violento ataque ocurrido a comienzos de julio en Yerba de Guinea, una comunidad rural del municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba. El hombre señalado como presunto agresor tenía 64 años y había sido su padrastro durante varios años. El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) clasificó su muerte como feminicidio familiar e infantil.

Había un aspecto de la historia que todavía no estaba esclarecido. Fuentes consultadas por OGAT indicaron que entre Merlin y aquel hombre había existido recientemente otro vínculo, pero el Observatorio no había podido precisar su naturaleza. La incertidumbre, en vez de imponer cautela, se convirtió para algunas personas en permiso para completar la historia con acusaciones.

En comentarios archivados por OGAT durante la documentación del caso, a Merlin la llamaron «descarada», afirmaron que ella «lo permitió» y acusaron a madre e hija de querer «burlarse» de aquel hombre. La discusión se movió con rapidez desde lo que había hecho un adulto de 64 años hacia lo que supuestamente había hecho una adolescente de 17.

La documentación reunida por OGAT para este caso contiene además referencias a antecedentes violentos atribuidos al presunto agresor, a un proceso de aislamiento de Merlin y a la decisión de la adolescente de romper el vínculo antes del ataque. Son elementos procedentes de la investigación del Observatorio y no conclusiones judiciales. Pero ninguno de ellos autoriza a convertir a Merlin en responsable de la violencia que sufrió.

A la adolescente se le pidió, después de muerta, que explicara su intimidad, sus decisiones y hasta el comportamiento de los adultos que la rodeaban. El hombre acusado de ejercer la violencia quedó, en algunos comentarios, desplazado hacia el fondo de la escena.

Unos días antes, otra mujer había pasado por un tribunal parecido.

Yolexis Virgen Arias Oroceno tenía 54 años. Murió el 5 de julio en un hospital de Camagüey después de haber sido atacada con un arma blanca el 29 de junio, presuntamente por su pareja, un hombre de 27 años. Según fuentes directas de OGAT, al menos una de sus nietas habría presenciado la agresión.

En torno a Yolexis, parte de la conversación pública se concentró en los 27 años que separaban a la pareja. La diferencia de edad empezó a funcionar como si contuviera una explicación del feminicidio. OGAT tuvo que pedir expresamente que se dejara de utilizarla para justificar o moralizar sobre el crimen.

Una tenía 17 años. La otra, 54. A Merlin se la juzgó por un vínculo cuya naturaleza ni siquiera había sido esclarecida. A Yolexis, por elegir a un hombre mucho más joven.

Dos edades muy distintas. El mismo mecanismo: buscar en la vida de la mujer una razón que vuelva menos visible la decisión del agresor de ejercer violencia.

Cuando la violencia continúa después del crimen

Ese mecanismo tiene un nombre. El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) define la victimización secundaria como el daño adicional que no procede directamente del delito, sino de la manera en que instituciones y otras personas tratan a la víctima. Puede producirse mediante interrogatorios repetidos, lenguaje inapropiado, comentarios insensibles, incredulidad o nuevas exposiciones al agresor.

En el uso social y periodístico en español se habla también de revictimización. El término ayuda a nombrar algo que suele parecer menor porque no deja una herida visible. Una mujer ha sufrido una agresión y después debe soportar que la cuestionen, que se difundan detalles íntimos sin necesidad, que se dude de ella o que su comportamiento sea presentado como causa de lo ocurrido.

Cuando la mujer ha sido asesinada, el daño no desaparece. Se desplaza. Lo reciben sus hijas e hijos, su madre, sus amistades, quienes leen cómo la persona que acaban de perder es convertida en sospechosa de su propia muerte.

Ileana Álvarez, directora de OGAT, lo resumió al referirse a los casos recientes en Martí Noticias: «Vemos cómo se reproducen comentarios que juzgan las decisiones, las relaciones personales o la vida privada de las víctimas, como si ellas fueran responsables de la violencia sufrida o de su propia muerte».

La culpabilización puede ser directa, como «ella se lo buscó», pero también indirecta. Ocurre cuando se desplaza la mirada hacia los celos, una infidelidad, el alcohol, una separación, una discusión o la supuesta desesperación del agresor, de modo que su conducta aparece como una reacción casi automática a algo que hizo la víctima.

No toda conversación crítica sobre una relación constituye revictimización. Hablar del problema social de la violencia contra las mujeres o condenar públicamente una agresión no implica revictimizar. El problema aparece cuando esos juicios establecen una cadena causal que termina desplazando o suavizando la responsabilidad de quien ejerce la violencia. La vida privada de una mujer puede ser compleja; la responsabilidad por la violencia, no.

La trampa de la «víctima perfecta»

La culpabilización necesita imaginar que existe una manera correcta de ser víctima.

La víctima perfecta habría reconocido el peligro a tiempo. Se habría marchado después de la primera agresión. No habría regresado. Habría denunciado. Habría elegido otra pareja. No habría discutido, provocado, mentido, bebido, no habría sido infiel ni tomado ninguna decisión que pudiera incomodar a quienes examinan después su historia.

La socióloga y criminóloga Silke Meyer estudió las experiencias de 28 mujeres que habían vivido durante años violencia grave de pareja. Su investigación, publicada en Theoretical Criminology, mostró que muchas se encontraban con actitudes culpabilizadoras al pedir ayuda y sentían que debían demostrar que eran víctimas suficientemente «inocentes» para merecer empatía y apoyo.

La idea de la víctima ideal es especialmente peligrosa porque convierte los derechos en un premio al buen comportamiento. Si ella tomó una decisión cuestionable, si volvió, si ocultó, si se enamoró de quien no debía o si se comportó de un modo que la comunidad desaprueba, parece perder una parte de su derecho a ser creída, protegida o llorada.

Las mujeres no necesitan un certificado de buena conducta para tener derecho a vivir sin violencia.

Esta distinción es importante también para el feminismo. Defender a una víctima no obliga a afirmar que todas sus decisiones fueron acertadas ni a borrar su capacidad de elegir. Una mujer puede equivocarse. Puede sostener una relación que otras personas consideran destructiva. Puede separarse y volver. Puede desear a alguien mucho más joven o mucho mayor. Puede contradecirse.

Nada de eso transfiere a ella la autoría de una agresión.

En el caso de Merlin existe además una asimetría imposible de ignorar. Era una adolescente de 17 años frente a un hombre de 64 que había ocupado durante años el lugar de padrastro. Incluso si se llegara a confirmar que existió después otro tipo de vínculo, esa información debería aumentar las preguntas sobre las relaciones de poder, dependencia, aislamiento y control. No convertir a la menor en la adulta responsable de administrar la conducta de un hombre casi cinco décadas mayor.

En el caso de Yolexis ocurre otra forma de vigilancia moral. Su derecho a elegir pareja termina sometido a examen por su edad. Una mujer de 54 años deja de ser presentada como sujeto de una agresión y pasa a responder, simbólicamente, por su deseo.

La regla cambia según la mujer. A la adolescente se la trata como demasiado adulta para ser protegida. A la mujer madura, como demasiado mayor para elegir. Lo que permanece es la culpa.

«¿Por qué no se fue?» puede ser una pregunta peligrosa

Pocas frases revelan mejor el desplazamiento de responsabilidad que «¿por qué no se fue?». ONU Mujeres incluye expresamente entre las prácticas que deben abandonarse la culpabilización de las mujeres por la violencia que sufren. La pregunta parece lógica desde fuera, pero presupone que abandonar una relación violenta es un acto simple, individual y seguro.

No siempre lo es.

La Organización Mundial de la Salud incluye dentro de la violencia de pareja los comportamientos de control, además de la violencia física, sexual y psicológica. El control puede reducir gradualmente el mundo de una persona mediante vigilancia, amenazas, dependencia económica, aislamiento de familiares y amistades, coerción o miedo.

Salir de ese entramado no equivale a abrir una puerta. Puede ser un proceso de varios intentos, y a veces el momento de la separación incrementa el peligro.

Un estudio de referencia dirigido por Jacquelyn Campbell y publicado en el American Journal of Public Health comparó 220 feminicidios de pareja ocurridos en once ciudades estadounidenses con 343 mujeres que habían sufrido violencia y sobrevivieron. La combinación de separación después de haber convivido y un agresor altamente controlador se asoció con un riesgo de feminicidio nueve veces mayor.

El dato no significa que separarse provoque un feminicidio ni que pueda trasladarse mecánicamente a cada caso. Significa algo más útil para la prevención. Cuando una persona violenta entiende la ruptura como pérdida de control, la separación puede convertirse en un momento crítico que exige protección reforzada.

Por eso importa que la información reunida por OGAT sitúe la decisión de Merlin de romper el vínculo antes del ataque. Esa coincidencia no demuestra por sí sola qué ocurrió ni permite establecer una causa judicial. Sí obliga a desechar la lectura ingenua de que bastaba con «irse» para estar a salvo.

Una mujer que decide marcharse puede necesitar más protección, no más reproches.

Las redes convierten el prejuicio en una multitud

La culpabilización de las víctimas no nació con Facebook. Las redes, sin embargo, le dieron velocidad, volumen y permanencia.

En 2019, Jason Whiting y otros investigadores analizaron 400 comentarios publicados a propósito de una acusación de violencia de pareja. En el estudio, disponible en The Qualitative Report, cerca del 37 % de los comentaristas culpó a la supuesta víctima, mientras alrededor del 9 % responsabilizó al presunto agresor.

Una investigación experimental publicada en 2026 examinó algo todavía más inquietante. Emily Wright, Li Eriksson y Christine Bond mostraron a 537 participantes australianos versiones distintas de una noticia sobre homicidio de pareja y les pidieron que escribieran un comentario como si estuvieran en una red social. Quienes leyeron una noticia con encuadre culpabilizador hacia la víctima tuvieron casi tres veces más probabilidades de escribir a su vez un comentario culpabilizador que quienes recibieron un encuadre centrado en la responsabilidad del agresor. El estudio fue publicado en el Journal of Interpersonal Violence.

Esto importa para los medios porque el lenguaje no solo describe una escena. También señala dónde debe mirar la audiencia.

No es igual escribir que una mujer fue asesinada después de comunicar que quería separarse que afirmar que «una ruptura terminó en tragedia». En la primera formulación existe una persona que ejerce violencia. En la segunda, la ruptura adquiere una fuerza propia y la agresión se vuelve casi una consecuencia.

Tampoco es igual informar que un hombre de 64 años, antiguo padrastro de una adolescente de 17, es señalado como presunto agresor, que convertir el posible vínculo entre ambos en el centro morboso de la historia. El dato puede ser periodísticamente relevante. La jerarquía que se le concede también lo es.

Los celos no golpean. Una infidelidad no apuñala. Una discusión no estrangula. Una diferencia de edad no mata. Son personas las que ejercen la violencia, y son esas decisiones las que un relato responsable debe mantener en primer plano.

En Cuba, las mismas redes que permiten documentar pueden volver a herir

Para OGAT, las redes sociales tienen una importancia excepcional. En un país donde los observatorios independientes no tienen acceso regular a expedientes policiales, registros forenses ni información judicial transparente, la colaboración de familiares, amistades, comunidades y usuarios resulta fundamental para detectar y verificar feminicidios. El propio Observatorio explica este proceso en su guía de documentación ciudadana.

La paradoja es dolorosa. El mismo espacio digital que permite conocer el nombre de una mujer que de otro modo podría quedar fuera de las estadísticas puede convertirse, horas después, en un tribunal informal contra ella.

Rumores se mezclan con datos verificados. Fotografías privadas circulan sin contexto. Una versión interesada se copia de perfil en perfil. Personas que nunca conocieron a la víctima reconstruyen su sexualidad, su maternidad, sus decisiones o sus supuestas infidelidades. Y el algoritmo premia precisamente lo que más reacción provoca.

Por eso la moderación de comentarios en medios y organizaciones que trabajan con violencia contra las mujeres no es un gesto ornamental ni una forma de censurar el desacuerdo. Es una decisión editorial de cuidado. El estudio de Wright y sus colegas concluye, precisamente, que el encuadre mediático influye en la forma en que las audiencias comentan y recomienda formación para periodistas y comunidades online más seguras mediante moderación efectiva.

La responsabilidad alcanza también a quienes comparten información. Antes de publicar un detalle íntimo conviene preguntar qué aporta a la comprensión del crimen. Antes de repetir un rumor, quién se beneficia de que circule. Antes de escribir «ella sabía cómo era», qué responsabilidad se está trasladando y a quién.

Cambiar la pregunta

La culpabilización de la víctima ofrece una falsa sensación de orden. Si Merlin murió porque «lo permitió», si Yolexis murió porque eligió a un hombre demasiado joven, entonces el mundo vuelve a parecer controlable. Bastaría con no cometer sus supuestos errores.

Esa idea tranquiliza a quien observa y abandona a quien está en peligro.

La violencia de pareja no puede entenderse como un examen que las mujeres aprueban si detectan todas las señales, se van en el momento exacto y organizan su vida sentimental de acuerdo con las expectativas de la comunidad. La prevención no consiste en exigir a la víctima una capacidad perfecta para anticipar el crimen. Consiste en identificar al agresor, evaluar el riesgo, responder a las señales previas, ofrecer protección y construir instituciones capaces de intervenir.

Después de un feminicidio, las preguntas periodísticas y sociales deberían desplazarse en otra dirección. ¿Qué hizo el agresor antes del ataque? ¿Había amenazas, vigilancia, antecedentes violentos o intentos de control? ¿Quién conocía esas señales? ¿La mujer pidió ayuda? ¿Qué respuesta recibió? ¿Había niños o adolescentes expuestos? ¿Qué posibilidades reales tenía de ponerse a salvo? ¿Qué hicieron las instituciones que debieron protegerlas?

Ninguna de esas preguntas exige idealizar a la víctima.

Merlin podía haberse equivocado. Yolexis podía elegir una relación que otras personas no comprendieran. Ninguna necesitaba demostrar una biografía impecable para que su vida tuviera el mismo valor.

Merlin tenía 17 años. Una menor de edad. Yolexis, 54, ya abuela. Entre ambas cabe casi toda una vida adulta y, sin embargo, las dos terminaron sometidas a la misma operación. En un caso se buscó culpa en una relación; en el otro, en una diferencia de edad.

Ese desplazamiento no es un detalle desagradable de las redes. Es parte de una cultura que examina minuciosamente la conducta de las mujeres mientras convierte la conducta violenta de los hombres en reacción, arrebato, celos, desesperación o consecuencia.

Una sociedad que después de cada feminicidio sigue preguntando qué hizo ella para que ocurriera continúa buscando explicaciones en el lugar equivocado.

Las mujeres no tienen que demostrar que vivieron correctamente para merecer seguir vivas.